El principio de realidad

Las sociedades corren grave peligro cuando sus líderes políticos se alejan del principio de realidad, cuando creen poder sustituirla por sus ilusiones o sueños. También cuando creen que la realidad es insuperable, imposible de cambiar, que sólo se puede gestionar aceptándola como un destino inmutable.

En España hemos vivido tiempos en los que el principio de realidad ha estado más bien ausente. Tiempos en los que todo parecía posible: la ampliación sin límite de los derechos, un crecimiento económico incuestionable que nos iba a colocar en la élite mundial, la solución de los más graves problemas de política internacional a través de la Alianza de Civilizaciones, satisfacer a los nacionalismos sin reformar la Constitución… Pero la realidad, en forma de una crisis financiera internacional que ha puesto a la vista las desnudeces de la economía española, nos ha devuelto a la realidad de los trabajos pendientes. Nos ha recordado las deficiencias de no pocas de nuestras estructuras, desde las educativas, pasando por las estatales, hasta las financieras.

Pero, curiosamente, en el tiempo que ha durado nuestro sueño de omnipotencia, y quizá como acompañamiento necesario a la creencia de que todo es posible sólo con quererlo, en el imaginario colectivo se ha ido colando un principio de realidad cuyo coste comenzamos a pagar con todos los intereses. Mientras creíamos, o al menos algunos políticos creían, que todo era posible, también hubo quien creyó que se podía respetar la Constitución y burlarse de ella al mismo tiempo. Hubo quien creyó que en la viabilidad de una ingeniería jurídica que permitiera satisfacer las exigencias de los nacionalismos más radicales manteniendo la estructura de la Constitución. Hubo quien creyó que se podía conseguir la paz, mantener la memoria de las víctimas asesinadas, satisfacer suficientemente a ETA y al mismo tiempo respetar la libertad de todos los vascos, incluso de quienes se niegan a identificaciones exclusivas o a lealtades unilaterales.

El precio a pagar por estas ilusiones comienza a aparecer ahora: la legalización de Bildu ha permitido que aparezca una realidad que existe. O como dicen algunos, es preciso reconocer la realidad nacionalista en Euskadi y Cataluña como certeza ineludible que se nos ha colado mientras los políticos se dedicaban a soñar contra todo principio de realidad.

Sería interesante practicar un juego en el que se sustituyera la realidad del nacionalismo por otra cualquiera de las realidades sociales o culturales que existen en España. Por ejemplo: la realidad de los mercados. O la de la especulación financiera, la de la pobreza, la de los parados… Imaginémonos luego a esos políticos soñadores afirmando que no hay más remedio que valorar esas realidades porque contra ellas nada se puede hacer. Es difícil imaginar a un político afirmando que no se puede cambiar la realidad del desempleo o la pobreza, que es imposible regular los mercados y luchar contra la especulación. Nadie votaría por un líder que admitise su impotencia ante esas realidades que nos exigen luchar para modificarlas.

Pero todo es distinto cuando se trata del nacionalismo, concretamente del vasco y catalán. Porque el nacionalismo español no es un destino inexorable, sino una realidad que se puede valorar negativamente y combatir, como efectivamente se hace. Por el contrario, el catalanismo es obligado para todos en Cataluña y el vasquismo deseable para todos en Euskadi.

Es evidente que existen razones funcionales para el derrotismo político ante los nacionalismos vasco y catalán. Como las mayorías en el Congreso son muy difíciles, siempre es conveniente tener aliados dispuestos a apoyar al partido que gobierna. Aliados que ni siquiera tienen por qué creer en la institución parlamentaria pero que se sirven de ella en esos casos para conseguir dinero y cotas de autonomía. Eso no significa la independencia pero deja al sistema constitucional español en una situación en la que no se puede afirmar ni que se haya roto ni que esté bien cosido.

Aunque existan esas razones funcionales, el derrotismo ante los nacionalismos pone de manifiesto algo más grave: la incapacidad de valorar críticamente la realidad nacionalista desde una defensa de los valores del constitucionalismo democrático, del valor de la ciudadanía, de una bien entendida idea de la aconfesionalidad del Estado, que significa que los derecho del ciudadano y sus libertades fundamentales no pueden estar condicionados ni por una confesión religiosa ni por la falta de ella, así como tampoco por una identidad o una falta de ella, por un sentimiento de pertenencia o una falta de él.

Llama poderosamente la atención que quienes se proclaman herederos de los valores universales de la Ilustración hagan dejación de esos principios ante la realidad del nacionalismo, sea catalán, vasco o español. Es curioso que quienes se colocan a sí mismos en la línea de la mejor tradición ilustrada europea, en la línea del cosmopolitismo de Kant, se arruguen ante la afirmación de los nacionalistas de que tras el pluralismo siempre se esconde un nacionalismo centralista. Y resulta llamativo que no sean capaces de defender la Constitución, que es democrática porque reniega del nacionalismo centralista, reconoce la existencia de pueblos en España y su derecho a contar con poder político propio dentro de unos límites; porque se somete al imperio de la ley reconociendo el derecho a la diferencia dentro del marco de una igualdad debida a todos los seres humanos en su calidad de sujetos políticos independientemente de su confesión, de su identidad, de su tradición, de su cultura, de su lengua, de su sentimiento de pertenencia.

claro que los nacionalismos existen, como las lenguas, las tradiciones culturales, las identidades y los intereses económicos. Ninguna Constitución democrática niega que existan, pero los reconocen sometiéndolos al imperio del Derecho, que dice que todos los seres humanos son iguales y que esa igualdad no puede estar condicionada por ninguno de los elementos que constituyen a las personas en su concreción diferenciada.

En lugar de defender estos principios propios de cualquier Estado de Derecho, en España nos hemos dedicado a predicar un discurso sobre la pluralidad del país, sin caer en la cuenta de que ese mismo discurso vale para la sociedad vasca o la catalana: no existe España plural si no es con una Cataluña y una Euskadi internamente tan o más plurales que España. Y sin caer en la cuenta de que no hay libertad sin defender ese pluralismo integral de España, pero tampoco sin hacerlo en Euskadi y Cataluña. Porque no hay libertad posible sin derecho de ciudadanía.

Claro que los nacionalismos son una realidad. Y como toda realidad están sometidos al juicio valorativo de los hombres. A no ser que hagamos dejación de nuestra cualidad de seres humanos.

Joseba Arregi, ex consejero del Gobierno vasco, escritor y ensayista.

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