España está en permanente estado de crisis por el agua. Escasea durante las sequías o se inunda todo cuando diluvia. Y si el cielo nos brinda calma, nos duele ver el deterioro ambiental de los ríos o nos acordamos de la cuenta pendiente que tarde o temprano tendremos que abonar para poner al día nuestras redes de abastecimiento y sistemas de depuración. Pero compartimos la crisis del agua con otros países desarrollados. Las sequías en California este año, o en Australia en años anteriores, son tanto o más bíblicas que las nuestras. Además, el cambio climático y los cambios del uso del suelo pueden agravar los problemas de escasez y aumentar la variabilidad del ciclo hidrológico. Sin embargo, sin darnos cuenta, por conciencia ciudadana y ayudados por la eficiencia de electrodomésticos e instalaciones sanitarias, nuestro consumo de agua en el hogar se ha reducido al menos en un 25% en una década. El de la agricultura se ha estabilizado en la mayoría de las cuencas e incluso se ha reducido en otras. En su dimensión ambiental sabemos mucho más hoy de cómo están nuestros ríos que hace solo tres o cuatro años. Y se han identificado las soluciones, otra cosa es que podamos o queramos pagarlas. Si llegase una sequía como la de 1992-1995 estamos mucho mejor preparados para afrontarla.
Se suele culpar a la agricultura de los problemas de escasez de agua, proponiendo el famoso 75% del consumo de agua de nuestros regadíos en el conjunto de todos los usos. Analicemos las cosas con rigor. De primeras cuesta creer que el sector agrario español genere un Valor Añadido Bruto superior al de Francia o Italia, pero no debe ser una anomalía estadística porque así ha sido en los dos últimos años de datos disponibles, 2011 y 2012. El comercio exterior agrario y pesquero arroja un saldo neto exportador de casi 7.800 millones de euros, y ha mantenido su pujanza incluso en los años de la crisis. Todo ello sin aumentar el consumo de agua, entre otras cosas, porque no es ni será posible hacerlo en el futuro con nuestra superficie regable y con los caudales disponibles, que están en franca regresión. Mucho menos lo será cuando nos tomemos en serio las denuncias comunitarias de incumplimientos ambientales y empecemos a valorar como merecen los servicios que nos aportan los ríos y humedales.
La clave está en el comercio agrario. Por término medio, España suple un tercio de su déficit hídrico para usos productivos mediante la importación de agua virtual, que es el agua que se ha usado en la obtención de un producto. Las cifras son fáciles de memorizar: producir un kilogramo de trigo requiere 1.000 litros de agua. En una geografía como la de España, no hay forma más económica de producir agua cuando escasea que importándola virtualmente incardinada en productos de poco valor económico y con mucha agua virtual. Por fortuna, esto ocurre sin que se ordene en el BOE o lo aconseje la Comisión Europea. Adquirimos agua virtual en cantidades masivas todos los años mediante la importación de estos productos. Y además lo hacemos en cuantías que coinciden anualmente con las variaciones de producción de cereales. España produjo 17 millones de toneladas en 2012, una cosecha muy corta comparada con los 25 millones en 2013, en correspondencia clara con los 535 milímetros de lluvia de 2012 y los 717 milímetros de 2013.
Si lo piensan, que tengamos tantas infraestructuras hidráulicas y tantos usos agrarios no es una amenaza para nuestra seguridad hídrica. Es justo al contrario, una gestión sensata de los recursos disponibles cuando se cierne una sequía nos lleva de inmediato a reducir las dotaciones de riego, generando disponibilidades para otros fines, con un coste económico mínimo en términos de empleos perdidos. Con los embalses llenos y la explotación racional de los acuíferos, la agricultura proporciona mucha riqueza, especialmente mediante la transformación industrial de sus productos y el potencial exportador. Cuando deja de llover, los planes de sequía marcan un protocolo planeado de usos que se articula y consensúa en marcos de participación público-privada que son un modelo en el mundo.
Pero un país de ciudadanos responsables y concienciados se preocupa cada vez más de las consecuencias de su patrón productivo y de consumo. Desde hace años, los investigadores del Observatorio del Agua de la Fundación Botín hemos documentado con mucho detalle qué parte de nuestra huella hídrica se imputa en cada país. La conclusión es que importamos agua virtual de los principales graneros del mundo (Argentina, Brasil, Ucrania, Rusia, Francia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido), variando cada año en buena medida la procedencia y qué tipos de grano o derivados de la soja importamos. Y la mayor parte del agua virtual que importamos es la llamada “agua verde” o agua de lluvia acumulada en el suelo, que no precisa presas, canales o bombas (léase energía) para aplicarse a los cultivos de estos países.
Y esos mismos ciudadanos responsables deben saber también que una dieta saludable ahorra agua y recursos. Además, si reducimos el desperdicio de alimentos reducimos también la huella hídrica, la nuestra y la que imputamos en otros países. Tomen nota: salud y economía doméstica reducen la presión sobre nuestros ríos, pero también la deforestación de la Amazonia. Por todo ello, consideramos que los retos del agua para España no se derivan de su escasez, sino de la gobernanza. Hay bastante consenso en que precisamos una nueva Ley de Aguas, que redefina profundamente el concepto de concesión y la prioridad de usos. Nos urge reformar el marco financiero-económico del sector del agua y los sistemas de participación de los usuarios del agua, pero también valorar los servicios que nos aportan los ecosistemas. Nuestro país seguirá siendo una potencia agroalimentaria, en años de abundancia como de sequía, puesto que su desempeño es muy poco o nada dependiente del ciclo hidrológico.
Es la hora de pensar en soluciones inteligentes, combinando nuestro saber hacer, las tecnologías, las empresas punteras, la ciencia y las instituciones del agua que han mostrado su capacidad en situaciones críticas. Huyamos de la nefasta politización del agua y hagamos una buena Política del agua que integre todas sus dimensiones, la real y la virtual, la económica y la social.
Alberto Garrido es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y Subdirector del Observatorio del Agua de la Fundación Botín.
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