Por Víctor Peñas Sánchez, geógrafo y miembro de Bakeaz y de la FNCA (EL CORREO DIGITAL, 05/09/06):
En los últimos años el debate en torno al agua ha puesto de manifiesto que una de las preocupaciones más importantes de la sociedad es la gestión de los recursos hídricos. Haciéndose eco de esta preocupación la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) considera que «la gestión deficiente del agua amenaza gravemente el desarrollo sostenible del mundo». La penuria importante limita la utilización humana de los recursos de agua en ciertas regiones y degrada los ecosistemas». En el ámbito europeo, esta preocupación se ha plasmado en la aprobación de la directiva 2000/60/CE del Agua (DMA) que establece un marco comunitario para la protección de las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas, con el objeto de prevenir o reducir su contaminación, promover su uso sostenible, proteger el medio ambiente y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos. Los temas relacionados con el agua cobran especial protagonismo social cuando se manifiestan las consecuencias de una ineficiente gestión e incorrecta planificación. Para resolver una cuestión problemática lo primero que se debe hacer es buscar la causa responsable y aplicar soluciones. Con frecuencia oímos decir, «para solucionar el problema hay que ir a la raíz». En el caso del agua, tradicionalmente la política, más hidráulica que hidrológica, ha tratado de solucionar los problemas relacionados con la supuesta 'escasez' con estrategias de oferta a la carta. Solamente era necesario pedir agua y la Administración, bajo el ropaje del interés general, se mostraba complaciente a pesar de no existir una justificación seria de las demandas por falta de datos. ¿Cómo vamos a tener datos fiables si no disponemos de contadores?, ¿cómo vamos a gestionar eficazmente la demanda si no disponemos de datos fiables? Esta situación es especialmente preocupante en la explotación de las aguas subterráneas, que desde el año 1985 pasan a ser de titularidad pública y, sin embargo, su gestión es ineficaz por la falta de mediciones. La consecuencia de todo ello es que se continúa exagerando los consumos sin tener datos precisos.
Hoy, como ayer, se conoce la raíz del problema, que no es otro que la gestión, pero se hacen pocos esfuerzos por aplicar las soluciones correctas. Cuando estábamos inmersos en el candor del debate en torno al derogado trasvase del Ebro, llegamos a considerar que algo se estaba moviendo en la planificación hidrológica estatal, aunque no supiéramos muy bien en qué dirección. Hoy vemos que la dirección es la misma que antes. La política de oferta prevalece y el agua es el pretexto para seguir devorando el territorio y construir infraestructuras. De esta manera, las desaladoras han tomado el relevo al trasvase del Ebro y a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos la situación sigue siendo preocupante. Y no lo digo porque las reservas hídricas en algunos ámbitos de planificación estén por debajo de la media de los últimos cinco años, sino porque se sigue considerando al agua un problema o, más bien, que el problema es el agua. Es decir, el principal recurso para el mantenimiento de la vida lo hemos convertido en un problema cuando en realidad sufre las consecuencias colaterales del galopante y desordenado modelo desarrollista de las sociedades modernas como la nuestra, que ha llevado a una degradación sin límites de los ecosistemas de agua dulce hasta el punto de que hoy en día se encuentran sumidos en una profunda crisis de sostenibilidad. Más que hablar de problema del agua debiéramos hablar de problema de gestión del agua. Existe solución pero todos los esfuerzos caerán en saco roto mientras no haya voluntad política por cambiar el rumbo del modelo de desarrollo territorial y económico vigente, que son los motores del comportamiento alcista y preocupante de los consumos de agua.
Resulta contradictorio que nos quejemos de la falta de agua y sin embargo potenciemos modelos cada vez más consumistas y derrochadores. Por ejemplo, el modelo de ordenación urbana dominante sigue invitando al despilfarro consciente de agua. Las urbanizaciones de baja densidad continúan extendiéndose sin límite en el interior y la costa, cambiando el paisaje y multiplicando los consumos. Por otro lado, en distintos documentos de planificación se sigue contemplando la ampliación de la superficie regable agrícola, a pesar de contar con más de tres millones y medio de hectáreas de regadío. Es preocupante que en un país como España, que ocupa el sexto lugar en el ránking de consumidores de agua de la (OCDE) con un consumo de 960 m3 per cápita, se continúe manteniendo y potenciando políticas territoriales y económicas que invitan al derroche. Mientras no exista voluntad y compromiso de todos por adaptarnos al territorio el agua siempre va a ser insuficiente y seguirá siendo un foco de conflicto.
En este escenario de desgobierno es condición 'sine qua non' apostar por la gestión seria y valiente de la demanda. Urge contener los consumos y muy especialmente el de los grandes consumidores. Teniendo en cuenta que, aproximadamente, el 40% de las aguas suministradas por las redes de distribución no se controlan, uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra el despilfarro es el contador individual, que además va a permitir disponer de estadísticas fiables de consumos. A partir de aquí, en materia agrícola es imprescindible incrementar la eficiencia mediante la renovación de las redes de canales y acequias, distribución a presión, contadores, nuevos sistemas de aplicación del agua en las parcelas, etcétera. En el ámbito urbano, es necesario realizar una caracterización real de las demandas y elaborar planes integrales de gestión que primen el ahorro y la conservación del recurso. Seguir apostando por la construcción de nuevos embalses (políticas de oferta) en un escenario de ineficacia en la gestión de las redes de distribución es un auténtico despropósito y un despilfarro de dinero público. Por otro lado, la tarifa del agua, no solamente debe garantizar la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, como exige la DMA, sino que debe servir como instrumento disuasorio al derroche.
Para que estas estrategias puedan gozar de aceptación es necesario trabajar en dos frentes abiertos: primero y fundamental, la Administración hidráulica debe cambiar el enfoque tradicional de gobernabilidad del agua, como simple recurso productivo, pasando a gobernar ecosistemas acuáticos vivos (gestión ecosistémica), valorando e integrando todos los valores del agua (culturales, sociales, patrimoniales, lúdicos, emotivos y, por supuesto, ecológicos). En segundo lugar, es necesario potenciar y alimentar la educación ambiental, así como la sensibilización de la sociedad en esta materia. No olvidemos que uno de los retos fundamentales que plantea la DMA es precisamente el necesario cambio de mentalidad en la gestión del agua. En un momento en el que asistimos al declive y agotamiento de los recursos de agua dulce y estamos inmersos en una crisis de gobernabilidad en materia de aguas, resulta imprescindible llevar a cabo una gestión ordenada, respetuosa y prudente de los recursos hídricos que contemple la participación activa de todos los sectores sociales en el marco de un nuevo y necesario debate ciudadano perfectamente definido en la DMA. No hacer del agua un problema está en nuestras manos. Contamos con los instrumentos necesarios para que la planificación hidrológica esté presidida por la cordura y el buen hacer. Lo único que hace falta es voluntad y de la buena.