El ‘procés’ catalán: ¿procesado y culpable?

La niebla extremista catalanista sólo obedece a un retrato: el porno-graffiti político. El Govern se organiza sobre un indisciplinado mosaico de partidos coaligados. Solo el maná de una república independiente y distópica les da brío y tono muscular. Pero si algo meritorio hay, dígase ya, es el éxito circense y mediático alcanzado. Esa es su materia gris. En otras palabras… sólo la rentabilidad política de sus actos, impresa en el mass media, vale. Ante tanta irresponsabilidad, asiste una mayoría social desconectada de tanta ópera bufa. Su Ley de Transitoriedad, ostenta un nulo acomodo dentro de su derogado, de hecho, Estatut.

El 1-O no ha confirmado más que un vodevil 2.0. En él, hasta la progenie vale de escudo humano. La improvisación de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido propia de un guiñol. Se ha visto desamparada, también hay que decirlo, por la pasividad de los Mossos y una funesta gestión táctica por el Ministerio del Interior. El resultado condenable ha sido el de centenares de ciudadanos lesionados (policías incluidos).

Cabe, como defiendo, un derecho a decidir si es legal y mayoritario. Aquí no vale la metafísica. La manipulación ciberespacial está siendo del todo parcial e interesada. Esa propaganda, ya se sabe, es genuflexa a esas coordenadas de los fakes de la post verdad. La fractura social es irremediable: “Lo bueno es ser independentista”. Solamente es lícito, de momento, ese mantra.

Del censo electoral (5,5 millones) y cuántos votaron nada se sabe. Es puro humo y bochorno. Tuvimos urnas llenas de papeletas; gente votando, a placer, ¡varias veces!; fuerzas de seguridad sitiadas junto con alcaldes, para su sonrojo, pidiendo coactivamente que se les desaloje de los hoteles. Por último, la prensa imparcial y objetiva está siendo violentada. Será mancillada si no sigue la escolástica del merodeador antidemocrático.

Las calles, en el 2-O, se están perdiendo y las barricadas refulgen, con resistencia activa y pasiva, en la Huelga post procés. El vientre subrogado de la venidera declaración unilateral independentista tiene una transferencia genética única: la del Junts pel Sí y la CUP. No es representativa de la mayoría catalana. El plebiscito previo ya lo perdieron. La guerra mediática no.

La solución del gobierno estatal, ante tales desafíos, no puede ser otra que la de auxiliarse con el Poder Judicial y el Senado. Simplemente se ha de cumplir con la legalidad vigente. Nada más. Estamos más cerca de que el Estado caiga por el precipicio del artículo 155 de la Constitución española. La primera parada ha de ser, volviendo a la lógica, la del Código Penal de 1995 llamado de “la democracia” (por sustituir al franquista de 1944).

Tras el simulacro sufragista -si se instaura la independencia unilateral- la salida es, lamentablemente, ese precepto constitucional y su conexa normativa como, por ejemplo, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. No se respeta la Constitución y el interés general. El Senado, previo requerimiento amistoso del gobierno central, es, ahora, el intérprete sancionador de lo sucedido. Por mayoría rotunda ha de erigir unas medidas concretas y excepcionales. Ello implicaría la disolución del Parlament y el Govern con elecciones autonómicas.

Estaríamos, si no se paran estos episodios, ante un delito de rebelión de los artículos 472-484 del Código Penal. Sus promotores serán encausados “al alzarse violenta y públicamente declarando la independencia de una parte del territorio nacional”. No es necesario la causación de daños en las personas o en las cosas. Cualquier acto de resistencia (incluida la mera amenaza de su uso) es válida para entrar en la aplicación de la norma. En este caso, se está agrediendo a la estructura misma del Estado con un fin preclaro: atacar sus funciones de legislar y gobernar.

Y si detona la calle entraríamos en el cenagal de la sedición (arts. 544-549 CP). Ésta opera cuando los rebeldes se alzan “tumultuariamente” embistiendo a las funciones secundarias del Estado: las de administrar y juzgar. La sedición es un efecto subsidiario respecto de la rebelión. La inhabilitación de sus artífices políticos, autoridades y funcionarios sería apropiada, ahora, de la mano del artículo 562 CP. Trapero, como jefe de la policía autonómica, ya ha sido citado ante la competente Audiencia Nacional en la investigación de esta tragedia. Los delitos de odio están a la orden del día.

Desde un gobierno catalán, capitalizado por el nacionalismo moderado de CiU, se ha transitado, en el último lustro, hacia un furibundo independentismo. Ese viraje obedece a una distracción, propia de un castell de focs. Su mecha se prende con el destape de evidentes escándalos de sistémica corrupción y financiación ilegal historiada. Con este panorama, en el Parlament, tras las elecciones de 2015, surgió el avatar multicolor de Junts pel Sí y la CUP. Ese perfilador colectivo, ha degenerado en leyes como la de la transitoriedad hacia el cambalache antidemocrático. Solo queda el vandálico chute en vena de su independencia.

Es un momento de prueba para que un Estado de Derecho se imponga. Debe prevalecer legalmente con una proporcionada pero contundente respuesta. De otro modo, si el Estado no acciona el 155, estamos siendo testigos mudos de una paulatina instauración de un nuevo orden político en Catalunya: el cleptocrático populista. El globo de la distracción, como regla general, les viene bien a todo ese establishment dirigente (PP incluido). Sus macro-procesos por corrupción han pasado, para su regocijo de panfleto, a un segundo plano. Unas elecciones carentes de censo, junta electoral, locales, mesas o urnas oficiales es como jugar al bingo. Estamos ante una muestra -si el panorama no da nuevas elecciones- de sufragio inherente a un oficialismo dictatorial.

La clave de bóveda de todo está, sin embargo, en la reforma del ordenamiento de pensamiento, único y forzoso, con el que se está envenenado los pupitres de las generaciones venideras. Se ha secuestrado, con esa talibanización legalista, la posibilidad de educarse en una historia común (o al menos no adulterada en demasía) y tener acceso, en cooficialidad con el catalán, a una de las 3 lenguas más habladas del universo: el castellano. Los vientres de alquiler del fanatismo están, multidisciplinariamente, a pleno rendimiento productivo.

Los maestros extremistas están creando una suerte de República de Saló (al más puro estilo de Mussolini). Pervivirá su estallido si su sistema educativo no se alecciona en la diversidad integradora de su sociedad civil. Han de retoñar nuevos, e incorruptos, interlocutores desde otra llamada a las urnas. Deben poner su hoja de ruta hacia valores como: la pluralidad, la verdad democrática, la igualdad y, al menos, la libre elección efectiva de las familias en cómo educar a su descendencia.

El cautivo Parlament debiera tomar buena nota de que una Cataluña de todos sus ciudadanos es posible. Es el turno de los partidos constitucionalistas y de la voluntad popular real. En la Unión Europea, por fortuna, no hay sitio para repúblicas ficticias como la Tomamia del Gran Dictador protagonizado por, el siempre genial, Charlot.

Jorge Vila Lozano es abogado.

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