El ‘procés’ no ha tenido lugar

En 1991, poco después de la primera Guerra del Golfo, Jean Baudrillard publicó un librito donde sostenía provocativamente que el conflicto bélico “no había tenido lugar”. Adelantándose al desarrollo de internet, el sociólogo francés sugería que los hechos son vividos en nuestra época como un espectáculo representado en los medios: un simulacro que produce efectos emocionales en la audiencia pero se relaciona de manera ambigüa con la realidad social debido a la distorsión perceptiva introducida por las representaciones mediáticas en juego. Así también, podríamos decir, el procés; tampoco éste parece haber tenido lugar sino como simulacro. Nada expresa mejor esta idea que las dudas acerca de si realmente fue o no proclamada la independencia: un vacío simbólico que la impostada alegría de unos pocos partidarios de la secesión apenas lograba ocultar. ¿Dónde estaban las jubilosas multitudes?

Me acordé de Baudrillard el sábado, cuando TV3 emitió el mensaje grabado del ex president. Como si de un nuevo Doctor Mabuse se tratara, oíamos su voz mientras lo veíamos en la televisión o las redes sociales bebiendo vino en un restaurante gerundense: a cientos de kilómetros de un Palacio de la Generalitat donde todavía ondeaba la bandera española. Esa simultaneidad, buscada sin duda por el protagonista, creó un fuerte efecto de extrañamiento. ¿No estábamos ya en la nueva república? Pero Puigdemont reclamaba en el mensaje una legitimidad derivada de las elecciones autonómicas, sin mención alguna al referéndum, mientras reclamaba paz social para evitar que su situación penal pudiera verse agravada. Sólo TV3, ocupando su lugar a la entrada de la caverna platónica, seguía otorgándole el título de presidente. Por la tarde, el ex president fue al fútbol y festejó la victoria del Gerona sobre el Real Madrid, estableciendo de paso vía Twitter una juguetona analogía entre fútbol y procés. Habría sido el momento culminante de un formidable simulacro que ha secuestrado la vida política del país durante los últimos años, si no fuera porque al día siguiente Puigdemont y cinco de sus consellers aparecieron en Bélgica para dar una delirante rueda de prensa. Farsa sin tragedia.

Entiéndase bien: el movimiento independentista existe y su arraigo social podría complicar la aplicación del artículo 155 durante las próximas semanas. No parece, sin embargo, que eso esté ocurriendo. Incluso después de proclamada -o no- la independencia, los partidos nacionalistas parecen dispuestos a concurrir a las elecciones autonómicas. Si echamos la vista atrás y recordamos la zozobra de los primeros días de octubre, el resultado es sorprendente. Para explicarlo, hay que entender el tipo de conflicto político presenciado.

Situémonos en el 1-0: la incapacidad del Estado para desmantelar la logística del referéndum desembocó en un uso moderado de la fuerza que produjo inmoderadas consecuencias en el terreno de la legitimidad. Abrumado por la movilización popular, el viejo Leviatán estatal había recurrido a su más tradicional herramienta sin calibrar debidamente los efectos o creyendo que la inacción sería más perjudicial. Se encontró así de golpe con el rechazo espontáneo de unos ciudadanos que, educados durante décadas de bienestarismo en la incompatibilidad entre democracia y violencia, encontraron en las redes sociales el espacio para expresar su indignación más allá de las fronteras nacionales. Fue el peor momento de la democracia constitucional, que parecía seriamente amenazada durante la huelga general que paralizó Cataluña dos días después. La fantasía de la independencia alcanzó entonces su paroxismo: la tierra prometida parecía estar a la vista.

Se multiplicaron así las críticas a un Gobierno español que no había sido capaz de urdir un relato atractivo frente al sentimentalismo independentista ni de influir eficazmente sobre los opinadores internacionales. Sucedían cosas extraordinarias: The Economist llegó a apelar a la “justicia natural” para defender la causa separatista. La conclusión era desoladora: el poder blando y el smartphone estaban derrotando a una institución centenaria. Operando horizontalmente a través de redes globales de influencia, penetrando en el tejido civil catalán y desarrollando una actividad frenética en el espacio digital, el independentismo parecía entender el modo en que se crea el poder en el siglo XXI. A saber, creando nuevas percepciones mediante el uso de la persuasión argumentativa, los símbolos y los afectos. Para ello, no había dudado en pervertir el significado de conceptos centrales a nuestra vida política: desde la democracia misma (convertida en “derecho a decidir”) a la opresión (identificación de España con el franquismo), pasando por una independencia cuyos costes reales fueron ocultados de manera sistemática. Resultado: al menos dos millones de catalanes creen que Cataluña tiene el derecho inalienable a separarse de España de manera indolora y a permanecer prósperamente en la Unión Europea. Por su parte, el Estado aparecía como una antigüalla incapaz de abandonar sus viejas costumbres: vertical, legalista, burocrático. ¡Un mamut analógico a punto de extinguirse!

Sin embargo, ningún simulacro sobrevive al contacto con la realidad y la independencia catalana no ha sido una excepción. A fin de cuentas, ¿de qué sirve disponer de los mejores medios propagandísticos si están al servicio de un objetivo imposible? La independencia es imposible porque carece de base social suficiente: es un proyecto antipluralista dentro de una sociedad pluralista. De hecho, se asienta sobre una ideología regresiva y anacrónica, pues embarcarse en proyectos de emancipación nacional en la Europa del siglo XXI está literalmente fuera de lugar. Es asombroso que tantos ciudadanos catalanes se hayan negado a reconocer estas verdades elementales y acaso sigan sin reconocerlas: los psicólogos sociales tienen trabajo pendiente.

Sea como fuere, al fracaso del procés también ha contribuido la inesperada astucia de un Estado que, quizá escarmentado por el temprano error del 1-0, ha sabido adaptarse a unas circunstancias cambiantes. Un factor decisivo ha sido la paciencia estratégica: mantener la posición hasta que la fantasía soberanista chocase con la realidad. La huida de los bancos catalanes y el portazo anticipado de la UE hicieron más por debilitar el relato independentista que mil tribunas de opinión: quedó claro que la dictadura soberana con la que amagaba la Generalitat no vendría acompañada de poder alguno. ¿Y de qué sirve una soberanía sin poder? A la vez, el orientalismo dominante en los medios extranjeros se vio reemplazado por una mirada más ecuánime a medida de la naturaleza plebiscitaria y antiliberal del proyecto independentista quedaba al descubierto.

Por último, la comunidad internacional ha cerrado filas con España: ningún Gobierno relevante ha amagado siquiera con reconocer la república catalana. Sería ingenuo pensar que ese apoyo es casual: se trata del fruto de un esfuerzo diplomático que, sumado al discurso del Rey del 2 de octubre y a la coerción legítima que encarnan por igual el artículo 155 y el Código Penal, nos recuerda que algunos viejos atributos del poder estatal siguen gozando de una fuerza considerable. Una fuerza que deriva en último término de la naturaleza democrática y cuasifederal de un denigrado “régimen del 78” cuyas virtudes no han pasado desapercibidas a los ciudadanos que se han movilizado en su defensa.

Quizá las cosas, en el fondo, no hayan cambiado tanto. Al esbozar los rudimentos del contractualismo, Bodino y Hobbes ya reconocían -como hiciera también Maquiavelo- la necesidad de que el gobernante cuidase una reputación pública de la que ya dependía la fortaleza del gobierno. Posteriormente, unas sociedades cada vez más plurales combinarán la representación democrática con procesos cada vez más inclusivos de formación de la opinión. Y nuestra época, televisión y redes mediante, ha radicalizado este presupuesto: la percepción ciudadana es el factor político decisivo. De ahí que el Gobierno haya descartado la fantasiosa idea de que el 155 podía servir para “des-nacionalizar” la administración catalana y prefiera convocar unas elecciones rápidas que neutralizar el reproche de quienes esperaban el establecimiento de una administración colonial. Y de ahí, también, la mansedumbre con que el soberanismo está acatando la selectiva intervención de la autonomía aun después de anunciar el apocalipsis tumultuario: el simulacro ya no puede sostenerse por más tiempo. Hasta el punto de que hoy podríamos decir que el procés no ha tenido lugar.

Manuel Arias Maldonado es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Su último libro es La democracia sentimental. Política y emociones para el siglo XXI.

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