El ‘procés’ y el amigo americano

El llamado ‘procés’ hacia la independencia se dirige a marchas forzadas hacia un callejón sin salida en medio del entusiasmo de muchos, el expreso rechazo de unos pocos, el silencio más o menos temeroso de otros y la impasible actitud del Gobierno de España. Y también, como es lógico, con una creciente atención internacional hacia el desafío lanzado al ordenamiento constitucional de un país democrático miembro de la UE. Lo que ocurre en Catalunya tiene sus características propias pero también responde a las consecuencias sociales de la crisis económica y el resurgir de los nacionalismos en Europa, donde han aumentado las tendencias centrífugas y fragmentarias en el interior de los países y entre países (‘brexit’).

En este contexto se presenta a la sociedad catalana como una especie de jardín de las delicias en el que las malas hierbas solo crecen como consecuencia de pertenecer a un Estado del que hay que separarse cuanto antes. Aunque sea mediante leyes de «desconexión» aprobadas por procedimientos inaceptables en el normal funcionamiento de un Parlamento democrático, y sin ni siquiera la mayoría absoluta de votos en las elecciones autonómicas a las que se dieron un carácter refrendario.

Algunas instituciones de la sociedad civil, y el manifiesto de 100 personalidades catalanas, han advertido de que este camino no lleva a ninguna parte. Pero sorprende que haya tantos catalanes que crean que es posible declarar de forma unilateral la independencia y que la UE, y antes que ella toda la comunidad internacional, la acogería con los brazos abiertos.

Buena parte de esa dinámica se debe al éxito de la narrativa independentista acerca del expolio fiscal, y los millones que «España nos roba», basada en las falaces historias acerca de las inventadas balanzas fiscales alemanas. Por eso es preocupante que medios de reconocido prestigio como el ‘New York Times’ (NYT), en un reciente y comentado editorial, informen erróneamente sobre las raíces económicas del problema de la relación entre Catalunya y España. En efecto, en ese editorial se decía que «Catalunya contribuye con casi una quinta parte al PNB español, pero solo recibe el 9,5 % del presupuesto español». Esta forma de presentar las cosas sugiere que Catalunya recibe menos de la mitad de los impuestos que paga, que es lo que Oriol Junqueras hace tiempo que viene predicando.

Pero la realidad es bien distinta, tal y como explican los informes de la Generalitat. La contribución de Catalunya al PIB español es desde hace 10 años del orden del 19%. Y su contribución a la recaudación fiscal del Estado es también del orden del 19%. O sea, que aporta de forma proporcional a su riqueza relativa. Y recibe del orden del 15% del total de los recursos globales del Estado, una proporción cercana al porcentaje de su población que es el 16%. Incluso si solo se consideran los recursos que efectivamente se gastan en territorio catalán y que excluyen muchos gastos que también benefician a los catalanes, o que en todo caso tendría que asumir la Catalunya independiente –como Defensa y representación exterior– la proporción de lo recibido desde el año 2012 ha sido una media del 14%. Por lo tanto, hay un problema que, sin tener en cuenta el carácter progresivo de cualquier sistema fiscal, se puede cifrar en 1 o 1,5 puntos del PIB. Muy lejos de la incorrecta información del ‘NYT’.

En España existe un ordenamiento jurídico constitucional y una separación de poderes tan respetable como en EEUU. ¿Aconsejaría el ‘NYT’ que Washington aceptara referéndums de autodeterminación en algunos estados federados? Supongo que no, porque la Constitución americana declara que la unidad del país es incuestionable. Y así lo dijo la corte suprema de Alaska en el 2006: «La secesión de un Estado es claramente inconstitucional y por lo tanto es impropio un referéndum al respecto». Lo mismo ha dicho en el 2015 el Tribunal Constitucional italiano ante una ley del Parlamento del Véneto para convocar un referéndum de autodeterminación, cuando los independentistas tenían el 60% de los votos. Y lo mismo establecen las Constituciones francesa y alemana.

Es evidente que un periódico tiene el derecho a dar consejos a los gobiernos, tanto como el deber de dar una información que sea correcta. Pero en este caso debería poder entender que ningún Gobierno español autorizará lo que la Constitución no permite. Como tampoco lo harían nuestros amigos americanos en su casa.

Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo.

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