Por tercera vez en cincuenta años, los europeos han descubierto el procedimiento estadounidense para la destitución del presidente de Estados Unidos: Richard Nixon en 1974, Bill Clinton en 1998 y ahora Donald Trump. Un demócrata, dos republicanos. En cada ocasión, el asombro y la incomprensión dominan en Europa. Los analistas se asombran de que se pueda reprochar a un presidente en el cargo su cinismo o su abuso de poder; ¿acaso no es normal que los políticos sean cínicos y abusen de su poder? En Europa, en distintos grados, es su comportamiento habitual. También en Estados Unidos, sin duda, pero allí hay una línea roja infranqueable llamada Constitución, un estándar universal llamado Estado de derecho y una estricta separación entre los poderes del presidente, el Parlamento y la justicia. Si un presidente es descubierto cruzando esta línea, si no respeta estas normas e interfiere entre los poderes, comete un delito. En Europa concluimos apresuradamente que estos procedimientos de destitución son maniobras partidistas, política ordinaria y nada más. Sí y no.
Si bien es cierto que una Cámara de Representantes demócrata ha acusado a Donald Trump, igual que antes una Cámara republicana acusó al demócrata Bill Clinton, este procedimiento no puede reducirse a su dimensión partidista. Como ha declarado Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, en el momento en que se comprobó que el presidente había violado la Constitución no solo por el abuso de poder en su relación con Ucrania, sino sobre todo porque había obstruido la investigación del Congreso, no había más remedio que inculpar a Donald Trump. La segunda acusación es más grave que la primera que, a lo sumo es discutible, porque viola el principio constitucional de la separación de poderes. En este proceso de destitución se habla mucho de Ucrania, pero no se trata solo de Ucrania.
Ocurrió exactamente igual durante el proceso de destitución de Bill Clinton. Aunque, desde luego, abusar de una becaria en la Oficina Oval de la Casa Blanca era moralmente incorrecto, los europeos rara vez se sorprenden por las hazañas sexuales de sus presidentes. Los estadounidenses un poco más, aunque la reputación de John Kennedy permaneció intacta después de que se descubrieran sus innumerables aventuras amorosas, aunque también es verdad que fue antes de #MeToo. Pero recordemos que Clinton fue acusado por los Representantes y luego absuelto por el Senado, donde tenía la mayoría, no por su comportamiento sexual, sino por negarlo. Su culpa, legalmente imperdonable, fue mentir al Congreso de Estados Unidos y al pueblo, negando cualquier relación sexual con Monica Lewinsky, por lo que tuvo que disculparse.
Richard Nixon también fue condenado por perjurio al haber encubierto el robo con allanamiento de la sede de los demócratas en el edificio Watergate de Washington; prefirió dimitir voluntariamente antes de que le obligaran. Una vez más, los estándares en Europa no son iguales a los de Estados Unidos. ¿Destituiríamos en Europa a un político por haber mentido? Las bancadas de nuestros Parlamentos quedarían desiertas.
Por lo tanto, la destitución, incluso cuando no termina en una condena, es una amenaza constante contra cualquier violación del orden constitucional que constituye la base de la democracia estadounidense; el presidente no es el único afectado ya que este proceso es habitual en todos los niveles de las administraciones federales y locales.
En esta democracia estadounidense, la ley siempre está por encima de los hombres. La Constitución es sagrada; los magistrados del Tribunal Supremo no dejan de examinarla e interpretarla como si fueran los Santos Evangelios. Hay que entender esta sacralización de la ley. Los fundadores de Estados Unidos estaban obsesionados con el despotismo e hicieron todo lo posible para garantizar que el despotismo que reinaba en Europa nunca se pudiera reconstruir en Estados Unidos. Y lo consiguieron. Incluso Donald Trump, a quien imaginamos fácilmente tentado por el abuso de poder, debe conformarse con hablar, pero no puede actuar, como un Gulliver atado por el Congreso y los jueces. La Constitución también protege a las minorías contra la mayoría, aunque haya salido de las urnas; la Declaración de Derechos, las primeras diez enmiendas a la Constitución, enumeran los derechos de los ciudadanos frente al Estado para que ninguna mayoría abuse de su poder.
Con el uso, esta Constitución estadounidense ha adquirido una virtud adicional: contrato inmutable entre el Estado y los ciudadanos y entre los propios ciudadanos, permite a diversos pueblos, llegados de todos los rincones del mundo, vivir juntos bajo un mismo techo, lo que constituye el Estado de derecho. Gracias a la Constitución y a lo que de ella emana, los estadounidenses son ciudadanos, mientras que muchos europeos son solo súbditos de su Estado. Esto es todo lo que implica y significa el proceso de destitución, que se subestima en Europa.
Guy Sorman