El proceso de los ERE podridos

En diciembre de 2008, los jueces malagueños se quejaron amargamente del “progresivo desprestigio institucional” del Poder Judicial que entrañaba la apabullante iconografía de la Junta de Andalucía en la Ciudad de la Justicia, en cuyos accesos contabilizaron entonces 64 logos autonómicos. Una magistrada refirió el susto que se pegó una madre al acudir al juzgado para recuperar la custodia de sus hijos que le había sido retirada por el Gobierno andaluz y, al avistar tamaño despliegue de carteles, inquirió estremecida: “¿Nos van a atender jueces de la Junta?”.

Si las cosas no pasan generalmente por lo que son, sino por lo que parecen, conveniente era mitigar esa apabullante presencia, por lo que el juez decano, Rafael Caballero-Bonald, se lo encareció a la Consejería. Empero, ejercitado el derecho al pataleo, todo quedó en agua de borrajas. Es más, al cabo del tiempo, los anagramas no se quedaron en el umbral de los Juzgados, sino que se adentraron en ellos, como se apreció este miércoles en la sala de vistas donde se solventa el fraude millonario de los ERE.

Así, visores con el logotipo de la Junta franqueaban los banquillos que dan asiento a dos ex presidentes andaluces y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a cinco ex consejeros -entre ellos, la ex ministra Magdalena Álvarez- y una partida de ex altos cargos que casi igualan en número a los 40 ladrones de Ali Babá. En ese marco, más acorde con la subordinación que exigía Jacobo I Estuardo a los jueces para que fueran “leones bajo el trono”, resulta portentoso -y a fe que lo ha sido, tras una instrucción serpenteada de escollos- que hayan sido encausados los muñidores del último cuarto de siglo de régimen clientelar.

Por medio de la socialización de la corrupción, por la cual muchos reciben un poco del Presupuesto, el PSOE ha emulado al PRI mexicano al que Vargas Llosa tildó de “dictadura perfecta” tras eternizarse en el machito. Excepción hecha de Baviera, pero en sus antípodas económicas, Andalucía es la única región europea en la que jamás se ha operado la alternancia desde su acceso a la preautonomía -año 1979- y donde el PSOE se encamina a 40 años de inalterada hegemonía.

A resultas de lo que dirima la Audiencia de Sevilla, enfila la recta final un proceso que adquirió unos derroteros imprevistos cuando el 27 de diciembre de 2010, dentro de las pesquisas sobre el galimatías de Mercasevilla -lonja del agio al por mayor-, EL MUNDO desveló que el Gobierno andaluz venía sufragando prejubilaciones ilegales desde una década antes. Destapose de esta guisa la mayor podredumbre de la historia de la Administración española mediante un procedimiento dispuesto desde la cúpula de la Junta, en cuya Presidencia había desembarcado Chaves en 1990 procedente del Ministerio de Trabajo como «candidato a la fuerza» para soldar la fractura interna entre felipistas y guerristas en el feudo matriz del PSOE. Fue la punta del iceberg de un jaleo colosal de quienes, como los personajes parasitarios de Los miserables, de Víctor Hugo, gozaban de «la alegría de sentirse irresponsables y de que pueden devorarlo todo sin inquietud».

Durante sus 19 años de mandarinato, en efecto, Chaves se había ido de rositas de un prolijo correlato de abusos y arbitrariedades ante la pasividad de una Justicia que ni estaba ni se la esperaba: desde el crédito personal de la Caja de Jerez que le fue condonado, al espionaje de los presidentes rebeldes de dos entidades de ahorro sevillanas, pasando por el nepotismo en favor de sus hermanos -partícipes del juego del tres en raya por el que un Chaves aprobaba los presupuestos, otro lo adjudicaba como director general de Deportes y un tercero se lucraba como agraciado con la concesión-, los trajines como comisionista de la Junta de su hijo Iván o la ayuda de 10 millones de euros a la sociedad minera apoderada por su hija Paula, tras haberlo hecho antes para Abengoa. Otros, en cambio, con una mochila menos abultada a la espalda, se pudren en la cárcel como el ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, quien nunca se arrepentirá lo suficiente de haber aseverado que “la Justicia es un cachondeo”.

Este capital hallazgo periodístico sobre los ERE atestiguaba que la Junta era un patio de Monipodio en el que la corrupción no era una malformación del sistema, sino el sistema mismo. Secundando el adagio de que siempre hay que seguirle la pista al dinero, sin dejarse despistar por picaros que originaban la lógica indignación, pero que coadyuvaban a dar la sensación de que asuntos de poca monta, EL MUNDO acreditó que Chaves y los suyos habían articulado un dispositivo para eludir la fiscalización de las subvenciones.

Todo ello mediante un fondo de reptiles que institucionalizó “la arbitrariedad y la discrecionalidad -son palabras de la juez instructora, Mercedes Alaya- en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. El expolio de caudales asignados a los parados rondaba los 1.000 millones, ignorándose entonces el escamoteo que, en paralelo, se perpetraba a cuenta de los cursos de formación con la anuencia y lucro de sindicatos y patronal.

Hasta alcanzar el final de la escalera, la juez Alaya expió una biliosa campaña denigratoria de Alfonso Guerra, a la que se sumaron con igual mendacidad otros conmilitones que tacharon sus autos de propios de “persona enferma”. A la par que estos «fiscales de la inocencia y verdugos de la virtud», que anotó el clásico, se afanaban en herir su honra y abrasar su fama, la magistrada debió pechar con los intentos por recusarla, cuando no por expulsarla de la carrera. Por fortuna, la validación de su instrucción por el juez del Tribunal Supremo Alberto J. Barreiro, cuando el aforamiento de Chaves y Griñán puso el sumario en sus manos, salvó a Alaya en un momento crítico, cuya labor fue saboteada, paradójicamente, por quienes debían ampararla y preservar su independencia.

Valgan dos botones dorados de muestra: el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, la amenazó con expedientarla por su supuesta demora y se lo advirtió minutos antes de sentarse a la mesa de Griñán en el Palacio de San Telmo; a la par, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, maniobraba para apartarla, mientras ocultaba que la Junta le costeaba la vivienda familiar como si fuera un cargo de la Administración autonómica, cuando su nómina es cosa del Ministerio de Justicia, como los del resto de la Judicatura. Si atendiendo al método de Le Carré para distinguir la casualidad de la causalidad -una coincidencia puede ser casual, dos prueban la sospecha y tres la certifican-, las suspicacias ya sobrepasaban esa tercera fase.

A modo de justicia poética, el destino -llamemos así a la tenacidad del periodismo de investigación y a la perseverancia de Alaya hasta acarrearle una neuralgia de trigémino- quiso que uno de los “cuatro golfos” a los que aludió Chaves para quitarse el mochuelo de los ERE podridos y depositarlo en subalternos de tercera, fuera el propio ex presidente. Pero no en exclusiva. Análogamente, su sucesor Griñán, no suspendió el engranaje que se encontró al sustituir a Magdalena Álvarez en la Consejería de Hacienda e hizo oídos sordos a las 15 advertencias 15 del interventor de la Junta, amén de cebar la bomba del fondo de reptiles. A diferencia de El bueno de Manolo, como llamaba González a Chaves, esa doble circunstancia le ha ocasionado una imputación penada con cárcel a quien siempre ha ido de sobrado, frente a un predecesor más consciente de sus limitaciones.

Con estos antecedentes, irrita que, en el informe de sus defensas, ambos ex presidentes le echen el muerto al maestro armero, esto es, al interventor, cuando desatendieron unos avisos que, para qué engañarse, estaban de más para aquellos que, sin su consentimiento, es materialmente imposible armar un enjuague de esta envergadura. Tal impostura tiene su correspondiente traducción en el papel de la heredera de ambos, Susana Díaz, quien dijo que la Junta se personaría en el proceso judicial para recuperar hasta el último euro robado y,en la práctica, se ha valido de ello para hacer un control de daños y socorrer a las defensas de los imputados. Un fraude procesal en toda regla y una burla a los ciudadanos.

Para que se ventilen responsabilidades, en suma, han sido claves los contados medios críticos en una comunidad en la que la mayoría vive de los favores del poder. Ante una defraudación consentida de más de 800 millones de euros, la prensa (cuando menos alguna prensa) no falló llevando sus averiguaciones a las puertas del Juzgado. O portet ut scandala eveniant (Está bien que los escándalos exploten), enseña el proverbio latino para que la sangre no se envenene y la gangrena no traiga la muerte.

Francisco Rosell, director de El Mundo.

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