Un sistema de señales y alarmas, demostrativo de la evolución de los procesos conflictivos que afectan al Estado en la gestión de crisis es vital, de tal forma que, basándose en hechos evidentes, se avance o se retroceda en la realidad de la crisis, este sería el caso, en un conflicto entre Estados, de la llamada de embajadores a consultas, expulsión de personal diplomático, cierre de las embajadas, etcétera.
En el ámbito militar, el Early Warning System, imperante en la Guerra Fría, seguía al milímetro la situación de las fuerzas del Pacto de Varsovia, para evitar la sorpresa, dado el exiguo teatro de operaciones europeo y la superioridad del enemigo oriental. Se utilizaron todo tipo de sensores para prevenir el ataque, siendo el más célebre, que todavía se conserva, los aviones de guerra electrónica AWACs.
Las conclusiones de los sistemas citados vienen a confirmar la realidad de los conflictos en cuanto a su situación y gravedad. Teniendo en cuenta concepciones militares doctrinales de los procesos subversivos, el procés catalán habría entrado en una fase nueva, más avanzada, en la que se promueve el ejercicio de la violencia, y se hace siguiendo indicaciones superiores de los responsables máximos del orden público, como se ha visto recientemente, «con luz y taquígrafos», en las actuaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y su relación con los impulsores del proceso.
Las alteraciones del orden, las ofensas a la bandera y a S.M. el Rey, televisadas incluso sin el menor recato moral; el incumplimiento de normas locales sobre el uso del espacio público; las coacciones indirectas al Tribunal Supremo, responsable de la incoación de las actuaciones judiciales y juicio de los golpistas; las amenazas al domicilio de su juez instructor; sus retos constantes a la gobernabilidad de España, por las amenazas de no votar los Presupuestos Generales del Estado en caso de sentencia desfavorable; la alusión velada a posibles indultos, antes mismo de que haya sentencias; la banalización constante de la independencia de los poderes públicos, base del sistema democrático; la reanudación de «embajadas» catalanas en el exterior, después de su paralización; la creación de un Consejo de la República en Bélgica, a modo de gobierno en el exilio, etcétera, son indicios sobrados para que los sistemas de gestión de crisis detecten un significativo avance en el proceso subversivo en Cataluña.
Pero no es solo esto lo que ocurre, solucionable con la disposición de un sistema integrado de contrasubversión, igual que a la insurgencia se la combate con la contrainsurgencia, como en un estadio más grave ocurre en las operaciones militares en el exterior, aunque en el caso que nos ocupa la secuencia de actuación que previene y señala, progresivamente, la Constitución sea la deseable, empezando por la aplicación de un contundente 155 en los sectores que precisa la cauterización del proceso.
El conflicto es mucho más peligroso porque está enraizado en la gobernabilidad de España y en el mantenimiento para ello de unas alianzas que pretenden, por un lado, romper el consenso político de 1978, punto cero de la superación de antiguos demonios, como lo es la celebración año tras año del recuerdo de los horrores de la Primera Guerra Mundial, y por otro escindir España con la independencia unilateral de Cataluña, aspecto por el que nuestra nación, a la que hemos jurado lealtad, dejaría de existir en la forma que reza la Constitución, que de forma vehemente nos obliga a defender.
La salida no debe consistir en el desencadenamiento de un proceso subversivo añadido en la propia España, que banalice las instituciones fundamentales, que desprestigie los poderes públicos y los tribunales, como está sucediendo no solo por la cuestión de Cataluña, sino por decisiones aparentemente ajenas al procés, que someta al chantaje a estos para sobrevivir en un diálogo en que una parte no admite más que la ruptura, que dé facilidades de ejecución a la vieja tradición de la extrema izquierda de romper el orden establecido para comenzar «su revolución» periclitada y fracasada, que separe a las Fuerzas Armadas de su misión constitucional y fundamental, que se produzcan grandes cambios sociales e institucionales sin oír la opinión de la población soberana, que se promueva otro tipo de convivencia territorial sin la expresión de la soberanía nacional, que se tolere la reprobación del Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas por parte de un Parlamento autonómico, que no se litigie, aparentemente, la constitución y estancia de un pseudogobierno catalán en el exilio, etcétera.
Es necesario que los sistemas de alerta que hemos descrito se activen con los imputs de la situación actual, tanto en Cataluña, proceso subversivo con velocidad de crucero, como en España, proceso en ciernes.
Ricardo Martínez Isidoro es General de División (R).