El federalismo no es algo nuevo en el PSC. Esta tendencia arranca, por lo menos, desde mediados de los años ochenta, cuando Pasqual Maragall encargó a un grupo de especialistas un dictamen para determinar el futuro del Estado de las autonomías que poco después dio lugar al libro Informe sobre las autonomías, cuyos autores fueron los profesores Tornos, Aja, Font, Perulles y Albertí (Civitas, Madrid, 1988). En él se proponía la evolución hacia un modelo federal con fuerte influencia alemana. Al poco tiempo, su esquema básico fue adoptado por un amplio sector de la dirección del PSC.
En los pactos autonómicos suscritos por el PSOE y el PP en 1992, con el objetivo de establecer una igualdad sustancial de instituciones y competencias entre todas las comunidades autónomas, estuvo muy presente la línea doctrinal contenida en el citado libro. Mediante estos pactos, los dos grandes partidos estatales se pusieron básicamente de acuerdo en desarrollar el Estado de las autonomías en sentido federal. Primero, atribuir todas las competencias constitucionalmente posibles a las comunidades; segundo, encontrar la vías para integrar la voluntad de las comunidades en las instituciones estatales. Lo primero se terminó puntualmente entre los años 2001 y 2002. Lo segundo quedó, en lo esencial, pendiente, y así sigue todavía.
Dos factores impidieron que tal integración se llevara a cabo. Por un lado, el segundo Gobierno Aznar frenó el proceso; por otro, el proyecto federal del PSOE, plasmado durante estos años, de forma detallada, en diversos documentos, se dejó de lado debido al compromiso de Rodríguez Zapatero con Maragall y ERC para elaborar un nuevo Estatut que iba en dirección contraria al modelo federal configurado hasta entonces. La sentencia del TC de 2010 sobre el Estatut, que tan mala acogida tuvo entre los políticos catalanes, socialistas incluidos, fue un baño de realismo que, afortunadamente, puso las cosas en su sitio: de nuevo se podía emprender la vía federal y recorrer el escaso tramo que quedaba para culminar el Estado de las autonomías. Pero la prioridad dada a la crisis económica lo impidió. En total, se han perdido doce años.
A todas estas, CiU decide emprender un camino sin salida: el pacto fiscal en la línea del concierto económico. Sabían que conduciría al fracaso y precisamente por esto lo plantearon. El nuevo paso era el Estado propio, es decir, la independencia y la separación de España. En este proceso nos encontramos ahora.
Podía pensarse que el PSC, tras la elección de Pere Navarro como primer secretario, retornaría al camino federal que en su momento abandonó Pasqual Maragall. Pero no ha sido así. Aunque Pere Navarro se proclame partidario de un Estado federal, en una reciente conferencia se ha inventado un modelo inédito en el que llaman la atención dos auténticas perlas: la apuesta por el federalismo dual y el derecho a decidir.
El federalismo dual era el propio de los estados liberales decimonónicos, en concreto el modelo de EE.UU. Consiste en considerar que los estados miembros y el Estado central funcionan como esferas de poder separadas, sin interferencia alguna. Si ello fue así en otros tiempos, quebró definitivamente a partir de 1945 debido al gran aumento de funciones estatales que acumuló el nuevo Estado Social. Para desarrollar los principios de igualdad y solidaridad, especialmente en materias sociales, el federalismo dual no servía y por ello se dio paso al federalismo cooperativo basado en las relaciones intergubernamentales. Asombrosamente, a comienzos del siglo XXI, un partido socialista –precisamente ¡un partido socialista!– cree que el federalismo dual es la solución, ignorando las necesidades del welfare state.
En cuanto a incluir en la Constitución el llamado derecho a decidir –un término inventado en la época Ibarretxe para evitar denominarlo derecho a la autodeterminación– supongo que los socialistas catalanes saben que en un tiempo las únicas constituciones que incluían un precepto semejante fueron las de la URSS y Yugoslavia, y así acabaron. En la actualidad, parece que sólo está incluido en la Constitución de Etiopía y, para un supuesto concreto, en la de Sudán. Esto es lo que afirma, cuando menos, el conocido especialista en la materia George Anderson, continuador de la prestigiosa escuela de K. C. Wheare y R. L. Watts, en su libro Una introducción al federalismo, editado en 2008 por Marcial Pons y por el Institut d’Estudis Autonòmics-Generalitat de Catalunya, en respectivas versiones castellana y catalana (pp. 103-104 y 102-103). No creo que estas referencias internacionales –Etiopía y Sudán– añadan argumentos convincentes a la opción de los socialistas catalanes.
¿Adónde va el PSC con esta reforma de la Constitución alternativa a la independencia? Parece un apaño de circunstancias aunque tiene un aroma confederal. El PSOE ya ha comunicado su desacuerdo. Pero adelante: unos cuantos diputados catalanes, solos y aislados, en el Congreso, sin más apoyos. No es serio ni creíble: es el riesgo de situarse en tierra de nadie para quedar bien con todos.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB