El PSOE se autolesiona con la Ley Celaá

La Ley Celaá se ha aprobado inicialmente en el Congreso por un solo voto, el margen más exiguo de todas las leyes educativas de España. Nada refleja mejor el sectarismo de una ley que perjudica a las libertades educativas, a los menores con discapacidad, a la calidad de la educación y a la vertebración educativa de España. Y que, además, representa un abandono de ciertas posiciones que el PSOE mantuvo en la educación, una verdadera autolesión que Sánchez inflige a la memoria histórica educativa de su partido.

1.– El español deja de ser lengua vehicular en todo el territorio de España. Semejante barbaridad, inconcebible en otros países occidentales, no se recogió tampoco en la Constitución de la II República, tan añorada por algunos. El 22 de Octubre de 1931, en el debate en el Congreso, el diputado socialista vasco Enrique de Francisco defendió una enmienda de su grupo que decía: «Es obligatoria la enseñanza en castellano en todos los centros docentes de España, sin perjuicio de la utilización de las lenguas regionales para la mayor eficacia de aquella. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza con arreglo a las facultades que el Estado les reconozca en sus respectivos Estatutos». Y añadió el diputado del PSOE: «Queremos que la enseñanza sea para el alumno y no el alumno víctima de la enseñanza […] Hemos apreciado ya los gravísimos inconvenientes que tiene el que a los alumnos no se les dé una instrucción completa en castellano».

Al final –con un sentido común que hoy se echa en falta en el Gobierno y en sus aliados nacionalistas– se incorporó en el artículo 50 de la Constitución de la República una enmienda defendida por D. Claudio Sánchez-Albornoz (del partido de Azaña) y apoyada por otros 14 diputados. Siete pertenecían a la izquierda burguesa (cuatro de Acción Republicana y tres del Partido Radical Socialista), dos a la Agrupación al Servicio de la República (José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala) y seis eran nacionalistas catalanes (!!!): Lluís Companys, Josep Xirau, Antoni Mª Sbert , Pere Corominas (todos ellos de Esquerra Republicana de Catalunya), Lluís Nicolau D’Olwer (de Acció Catalana Republicana) y Joan Estelrich (de la Lliga Catalana). Su texto era: «Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción de primer y segundo grado de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo».

2.– La Enseñanza Concertada, puesta en marcha por el PSOE en 1985 con la LODE de Felipe González, fue una iniciativa que permitió a muchas familias con recursos económicos muy limitados elegir la educación que deseaban para sus hijos, al tiempo que la Administración atendía la demanda educativa con un considerable ahorro para el erario público. Según datos oficiales, el gasto público por alumno de la concertada es inferior en un 46% al gasto por alumno en un centro público. Cada nuevo centro concertado supone una inversión media de 15 millones de euros (que no recae sobre el presupuesto público), los Ayuntamientos se ahorran los gastos de limpieza y conservación y se crea una media de 100 nuevos empleos (70% de mujeres). Ahora se intenta, una vez más, reducir la enseñanza concertada a un papel subsidiario y pronto marginal, despreciando no sólo el derecho de elección de los padres sino el empleo eficiente de los fondos públicos, en un momento en que nuevas necesidades de emergencia social derivadas de la pandemia requieren un esfuerzo especial del erario público (por ejemplo, más de 647.000 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital pendientes de resolver).

Por otra parte, resulta incomprensible, que habiendo sido Isabel Celaá entre 2009 y 2012 consejera de Educación del País Vasco, la comunidad autónoma con más porcentaje de alumnos en la concertada (49% del total sostenido con fondos públicos), impulse ahora una ley que amenaza gravemente a esa enseñanza de iniciativa social. ¿Quiere el derecho de elegir sólo para los padres vascos o renunciar al pasado es uno de los peajes que se exigen para ser ministro/a de Sánchez?

3.– Mi mujer y yo optamos por que nuestros hijos estudiaran en colegios concertados mixtos con el mismo derecho de elección, garantizado por el artículo 27 de la Constitución, que ampara a otros padres para optar por la educación diferenciada. Un derecho que, en la práctica, respetó el PSOE durante años cuando concertó 30 de los 102 colegios concertados de educación diferenciada de España: 12 en Andalucía, 3 en Aragón, 8 en Castilla-La Mancha, 2 en Extremadura y 5 en Madrid. Y también respetó el PSOE ese derecho cuando en el debate de la LOE (2005-2006), en tiempos de Zapatero, tumbó, votando en contra, sendas enmiendas de Izquierda Unida en el Congreso (nº 1.066) y en el Senado (nº 459) que, de haber sido aceptadas, hubieran prohibido concertar centros de educación diferenciada.

4.– Durante 23 años al frente del Gobierno de España, el PSOE no ha planteado la revisión o denuncia de seis tratados internacionales, a los que el artículo 96 de nuestra Constitución otorga rango de ley interna, y que amparan el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 28.3), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18.4), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13.3), Convención de la UNESCO de Lucha Contra la Discriminación en la Enseñanza (artículo 5.b), Protocolo número 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, del Consejo de Europa (artículo 2) y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 14.3).

5.– Tampoco se recuerda en la trayectoria educativa del PSOE la falta de empatía con los padres de menores con discapacidad, y con estos mismos, a los que se quiere sacar de los centros de educación especial, para llevarles a centros ordinarios, inadecuados para muchos de ellos. Nadie como los padres de estos menores sabe dónde están más felices y mejor escolarizados, según sus necesidades.

También en la Educación el nuevo socialismo de Sánchez está derribando posiciones y políticas de un partido, cuya ideología no comparto, pero que supo representar con más moderación y más sentido común a muchos españoles.

Luis Peral Guerra fue consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

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