El PSOE y la Memoria Histórica

Como decían Max Weber y Carlos Seco, tras una guerra civil «la reconciliación no puede consistir en quitar la razón a la parte victoriosa para dársela a la derrotada, ya que no hay vencedores ni vencidos». La guerra civil, en la que se perpetraron crímenes por ambos lados, debe dejarse en manos de ensayistas e historiadores como un acontecimiento histórico, y tenerlo presente para que no vuelva a ocurrir. Y hay que tener en cuenta el hecho de que la guerra civil la ganó Franco, que superó un cerco internacional al terminar la II Guerra Mundial, y dado el tiempo que perduró la dictadura, a la muerte de Franco sociológicamente estaba superada totalmente la contienda.

La Ley de la Memoria Histórica 52/2007 es contraria a lo que se denominó «transición de la dictadura a la democracia», que comenzó por la aprobación de las Cortes franquistas de su propia disolución, y es contraria a la actual Constitución cuando proclama, en su preámbulo, la voluntad de «garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes». La Ley de la Memoria Histórica parte de una exposición de motivos que invoca el espíritu de la transición de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca. Sobre los que perdieron la vida o sufrieron persecución debía entenderse que abarcaba a todos los que habían luchado en alguna otra parte en la guerra civil y, en cambio, en el texto posterior se refería a los que habían luchado en una de las partes contendientes, la republicana. La Ley de la Memoria Histórica volvió a recordar y a revivir los hechos de la guerra civil cuando ya estaba consolidada la transición. Fue durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, nefasta en muchos aspectos, como reconoce el PSOE. Durante los catorce años en que el PSOE estuvo en el poder, desde 1982 hasta el año 1996, no se preocupó del tema, una muestra de aplicación práctica del espíritu de la transición y de la convivencia. El socialista Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, manifestó (ABC, 16/IX/2017) que «la transición supuso el perdón mutuo», y el mismo Leguina (ABC, 5/IV/2017) escribía, después de un repaso de los crímenes por ambas partes en la guerra civil, que «la única posición política y moralmente sostenible hoy es la de la reconciliación nacional. Una reconciliación que se ha de sostener bajo una promesa muy sencilla: ¡Nunca más!»

Actualmente el PSOE anuncia una ampliación de la Ley de la Memoria Histórica consistente en un principio de indemnizaciones a los familiares que fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos; la reparación por incautación de bienes o prisión y modificación de las pensiones de orfandad; la creación de una comisión de la Verdad, con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido; la inserción en los diferentes niveles de enseñanza del estudio de una verdad de la guerra civil oficial, y un manual de estilo para el tratamiento de la información; así como contribuir al esclarecimiento de violaciones de los derechos humanos e infracciones cometidas y al reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes; proceder de oficio a la búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas; decretar el carácter radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones, y cualquier forma de violencia personal, producidas por razones políticas, ideológicas o de tendencia religiosa durante la guerra civil y durante la dictadura, y castigar con la cárcel a toda autoridad o funcionario que resuelva en contra de las medidas que se pretenden, o se nieguen directamente a aplicarla.

El presente artículo va dirigido al Partido Socialista Obrero Español para que sea un partido de Estado y no llegue a aprobar la indicada ampliación de la Ley de la Memoria Histórica, ya que las persecuciones, muertes, etcétera, no fueron solo de un bando, sino de ambos. Después de 69 no se puede vivir en un enfrentamiento guerracivilista; eso, partiendo del sentido común y sin ninguna otra consideración.

Si el PSOE piensa sacar rendimiento electoral de la ampliación de la Ley de la Memoria Histórica, nada más lejos de la realidad. El PP, que recogía en su programa la derogación de la Ley de la Memoria Histórica, en sus cuatro años de mayoría absoluta, a partir del año 2012, no derogó la Ley, incumpliendo su programa electoral, más preocupado por el control del déficit público. Fue perdiendo el apoyo de sus votantes en las sucesivas elecciones: municipales, europeas, autonómicas, y nacionales… En relación al PSOE, las actuales generaciones de votantes ya no recuerdan ni conocen lo que pasó en la guerra civil. Por ese lado, no conseguiría ampliar el número de electores, a los que preocupan otras cuestiones, como el desempleo juvenil. Desde 1982 a 1993, el PSOE no necesitó una Ley de la Memoria Histórica para ganar las elecciones.

El presidente del Gobierno de Portugal, el socialista Antonio Costa, en unas declaraciones a ABC (11/II/2017), refiriéndose al paso del tiempo, decía: «No voy a abrir una pelea sobre el pasado. El pasado, pasado está». Una muestra de sentido común.

Las propuestas a las que me refiero parecen una incitación al odio, la hostilidad, y la discriminación de un grupo de españoles por razón de su pertenencia a referentes ideológicos y creencias políticas, algo que, como digo, por la lejanía del tiempo, no tiene sentido y hay que dejar en manos de ensayistas e historiadores. El PSOE será estudiado como perpetuador de la Guerra Civil. Si, al contrario, impulsa la derogación de la Ley de la Memoria Histórica, llevaría a cabo un acto político trascendental, histórico, responsable, necesario, imprescindible y digno de alabanza.

José Ramón Rodríguez-Sabugo, abogado.

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