El pueblo y la gente

Como el alma es al cuerpo, el pueblo es la entelequia constitucional de la gente, su ideal de perfección. Mas, precisamente por ello, un abismo se abre entre ambos: con las gentes nos encontramos cada día, pero al pueblo nadie le ha visto jamás. Para superar tal inmensidad necesitamos instituciones jurídicas y políticas que sirvan de puente. Luego, habremos de querer cruzarlo. Sin buena voluntad, no habrá nada que hacer. Pero con malicia hay mucho que deshacer.

Los doctores del Derecho llevan siglos disputando quién o, mejor dicho, qué es el pueblo: los súbditos, esto es, las personas atrapadas en un territorio y sujetas a la violencia definitoria de sus Estados; los ciudadanos, es decir, quienes tienen voz impune y algunas defensas frente a las imposturas de su Gobierno; los electores, en aquellos territorios donde los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes después de que estos hayan resuelto cómo y cuándo lo harán; o los votantes efectivos, una tesis terráquea que me resulta cercana porque cada vez que, anochecido el día de las elecciones, oigo a un político proclamar que el pueblo ha hablado, entiendo al instante que me está diciendo que él las ha ganado.

Hay muchas otras tesis mejor o peor fundadas, pues, como en el Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en punto al pueblo no siempre se distingue a los vivos de los muertos, ni menos a todos ellos de quienes no son ni una cosa ni la otra, pues están por nacer. Así, muchos de quienes votaron la Constitución vigente ya no están entre nosotros, pero siguen siendo conjurados a cada rato por quienes la esgrimen. Y luego todos los legisladores conocidos manifiestan, impávidos, haber dictado sus leyes en nombre y por cuenta de las generaciones venideras.

En la niebla de la incertidumbre sobre qué sean los pueblos discurre el conflicto entre Cataluña y España. Mal iremos si su solución se busca en abstracciones en lugar de hacerlo en el buen hacer de los políticos que median entre las gentes con las cuales nos encontramos cada día y aquellas que, resultándonos más lejanas, todavía están lo bastante cerca de nosotros como para que valga la pena tender puentes.

¿Cómo? Formulo tres fatigadas propuestas. La primera, casi desesperanzada, es acercar sistemáticamente la toma de decisiones a la gente que mejor las pueda adoptar en cada caso, evitar alejarlas si la objeción principal es que el pueblo lo impide. El pueblo, sea lo que fuere, es subsidiario a la gente afectada por todo aquello que ustedes y yo sabemos hacer mejor que nuestros Gobiernos, que es mucho. La mayor parte de la reivindicación catalana es de autogobierno.

La segunda, dolorida, urge a los Gobiernos a que dejen de avivar y emponzoñar los conflictos existentes, que también son muchos. Que ni Rajoy es Lincoln, ni Cataluña el Sur. Que ni Madrid es la metrópoli, ni Barcelona la colonia: yo fui a votar el pasado 9 de noviembre —ni se me ocurre contarles cómo, pues eso no les concierne a ustedes, ni nada valía mi voto— porque creo que puedo expresar mi opinión por mal que le resulte a media España. El acto de votar consistió en expresarse individual y colectivamente, no en participar en ninguna revuelta, ni en elegir a nadie, ni en decidir nada jurídicamente efectivo. Y expresarse es lícito y posible en cualquier país libre.

La tercera, tranquila, es preguntarnos con serenidad qué nos podría unir dentro de 50 o 100 años. Y si hubiera algo, por poco que fuera, habremos de esforzarnos por conseguirlo. Uno a veces tiene la tentación de proponer otorgar un voto y medio a cada ciudadano menor de 40 años y mayor de 18, pues ellos habrán de ser también quienes disfruten o paguen las consecuencias de nuestras decisiones.

A quienes hoy tienen menos de 40 años les interesará, seguro, vivir en un país próspero, dotado de instituciones cercanas, transparentes y responsables (lean a Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay). Y la piedra de toque lleva milenios descubierta: colaboremos al menos en todo aquello que genere prosperidad, que nadie la rechazará si sabe que participará razonablemente en los resultados. Las gentes emigran de países pobres y mal gobernados a países prósperos y bien gestionados. Al final, el éxito de las naciones se mide por su capacidad de atracción y retención de talento. El reto del catalanismo es atraer a más y más gente.

Naturalmente, no todo es dinero, pero salir todos juntos de empobrecidos nos ayudaría. Y si en este país los políticos y las instituciones habitadas por ellos —y por funcionarios que deberían ser neutrales— saben reconocer a las gentes en su diversidad, en sus estilos de vida y en su capacidad de gobernarse a sí mismas, las cosas dejarán de seguir torciéndose. La mera existencia de un conflicto, por larvado que esté, genera una enorme incertidumbre. Solo con que dejáramos de enfrentarnos dos años, la niebla levantaría. Pero alguien habrá de coordinar la iniciativa. Bastaría quizás con que una institución decisiva diera la señal de que se puede hacer la calma y que, durante ella, corresponderá a los políticos desactivar el conflicto para que las certezas se generaran automáticamente. Muchos creemos que ya es hora de que los políticos dejen de trabarse en nombre del pueblo. Gobiernen, por favor, pensando en la gente. Solo en ella.

Pablo Salvador Coderch, Catedrático de derecho civil Universitat Pompeu Fabra.

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