Cuando en mayo del 86 publiqué en Diario 16 una Carta más larga que esta, titulada “Franquismo sociológico en la España socialista”, lo último que imaginé es que un gobierno del PSOE fuera no a darme la razón, sino a dejarme corto. Eso es lo que hace la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley de Memoria Democrática, eliminando 36 años después las cuatro palabras intermedias que amortiguaban el paralelismo, para legislar directamente contra el “Franquismo socialista” del año 83, poniéndolo bajo la lupa de una Comisión Técnica encargada de estudiar la "vulneración de derechos humanos" hasta ese 31 de diciembre.
Y en comandita, nada menos que con el grupo legatario del brazo político de ETA. También la madre de Pagaza se quedó corta al vaticinar que de su propio partido surgirían conductas que “harían helar la sangre”.
La apelación al “franquismo sociológico” como sustento del felipismo la habíamos empleado simultáneamente Marcelino Camacho y yo para reflejar la continuidad de determinadas actitudes fraguadas durante décadas de dictadura, tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados. La prueba de lo primero eran los abusos de poder en lo grande (los crímenes de Estado, la ocupación de las instituciones) y en lo pequeño (el crucero de González en el Azor, el recurso de Guerra al Mystere para llegar a los toros). La demostración de lo segundo era el conformismo acrítico de la mayor parte de la población.
Pero había una diferencia sustancial que nos impedía ir más allá y convierte en farsantes a quienes lo hacen ahora: el marco legal. Gracias al “régimen del 78” fue posible investigar, descubrir, denunciar, juzgar y condenar a los autores de los dos delitos más execrables cometidos desde el poder durante ese año 83 que ahora se homologa a la dictadura, junto al prodigioso y fructífero quinquenio de UCD.
Todo un ministro del Interior, todo un Secretario de Estado de Seguridad fueron sentenciados a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey. Todo un gobernador civil de Guipúzcoa, todo un jefe de la Comandancia de la Guardia Civil -el mítico Galindo, sheriff de Intxaurrondo- fueron condenados a 75 años por el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala.
Que el cumplimiento de esas penas quedara notablemente mermado bien por el indulto parcial, bien por la excarcelación por motivos de salud, no fue óbice -como tampoco lo fue en el caso de algunos de los más sanguinarios etarras- para que la Memoria Democrática quedara en su día inequívocamente afianzada en los hechos probados de esas sentencias firmes de los tribunales. Y para que el juego limpio de las urnas permitiera ajustar cuentas con el responsable político de tales desmanes.
El triunfo de la información sobre el encubrimiento ya se produjo en el 96, de igual manera que el del cambio político que supuso la llegada al poder de la izquierda había sucedido en el 82.
Someter ahora a un nuevo juicio, explícito o implícito, por parte de esa Comisión Técnica ad hoc a los abnegados dirigentes de UCD y a Felipe González y su primer gobierno como si, en palabras de Bildu, hubieran “legalizado el fascismo” mientras los etarras “luchaban” por la “democracia” y los “derechos humanos” es una aberración histórica y una astracanada política.
Entre otras razones porque si el corte en la consideración de víctimas de la dictadura, merecedoras de “reconocimiento y reparación” no se hiciera con la Ley de Amnistía del 77 y la Constitución del 78, tampoco podría hacerse el 31 de diciembre del 83. ¿O acaso el objetor García Goena, asesinado en el 87, por los mismos GAL que mataron a Lasa y Zabala, no merecería la misma atención de esa Comisión Técnica? ¿Y puestos a “examinar” lo sucedido no debería dedicarse un apartado expreso a los encubridores de todos esos hechos, entre los que por cierto Alfredo Pérez Rubalcaba -hoy vanagloriado por aquellos a los que repudió en la última etapa de su vida- se llevaría la palma?
Lo siento por las personas honorables implicadas en la redacción, tramitación y negociación de la ley, pero esto es una broma del peor gusto. Aunque no un hecho aislado.
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A estas alturas ya es imposible asombrarse de que Mr. Sánchez sea capaz de intervenir un domingo en el acto institucional en memoria de Miguel Ángel Blanco y legislar un jueves junto a los herederos de sus asesinos sobre la forma y el contexto en que debe ser recordado. Hace tiempo que sabemos que en cuestiones de conciencia su semáforo siempre está en verde.
Resulta sin embargo muy desconcertante que alguien con su talento sea capaz de dispararse no en el pie sino en el estómago de la economía con tal de “movilizar” a los sectores más extremistas de su electorado y arrojar carnaza a las insaciables fauces de sus socios más sectarios.
Nadie puede negar el virtuosismo político con que ha ejecutado en el Debate del Estado de la Nación el cambio de guion forzado por su debacle en Andalucía. Además de un gran estratega, es un parlamentario hábil y un líder indesmayable. Feijóo debe ser consciente del miura que tiene delante.
Es cierto que todo en el formato le era favorable. Por eso convocó el Debate por primera y ya veremos si última vez desde que está en la Moncloa. Pero sólo un resuelto comandante en jefe es capaz de preparar con antelación el terreno con el fuego artillero de sus machaconas acusaciones genéricas contra los “poderes oscuros” de “los señores con puro” en los “cenáculos de Madrid”, mantener luego la incertidumbre y el secreto de contra quien lanzaría su ofensiva e identificar después a los bancos como los recurrentes malvados de la película, merecedores del castigo fiscal.
Si el más notorio de los “señores con puro” de nuestra civilización contemporánea, o sea, Groucho Marx, alardeaba de que siempre podía tener “otros principios”, caso de que los inicialmente proclamados no gustaran lo suficiente, Sánchez acaba de demostrar que él puede cambiar de enemigo con la misma facilidad, si el oficialmente nominado se le cae del caballo al cruzar el río.
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Por orwelliano que parezca, cuando no se tiene una propuesta consistente para el futuro, “movilizar” equivale a identificar a un adversario tan repudiable como temible para construir primero un dique de contención y luego un mecanismo de respuesta arrolladora.
Sánchez había cincelado a ese enemigo a partir de una materia prima tan fértil como Vox. Efectivamente, en España hay un partido xenófobo, patriotero, machista, centralista y antieuropeo, jaleado por profesionales del insulto y atizadores del odio, con el que el PP y Ciudadanos cometieron el garrafal error de hacerse la foto de Colón. La inferencia de que esa contaminación episódica había generado una alternativa sistémica formada por componentes indisociables entre sí le ha funcionado a Sánchez durante cuatro años: o nosotros, o la ultraderecha.
Tan acostumbrados empezábamos a convivir con esa fantasmagoría que nadie -y menos que nadie, él- contábamos con que se desvanecería cual fuego fatuo en la noche de un domingo de junio en Andalucía. La mayoría absoluta de un PP centrado y eficiente, cordial y dialogante, sí que quitó el sueño al presidente y hubiera sumido en el desánimo a cualquiera sin su temple.
La avería era tan grande desde la perspectiva del bloque de gobierno que se precisaba de un remedio de igual dimensión. En una sociedad transversalmente progresista, tolerante y abierta no había por dónde sacar amenazas nuevas. Ni se podía volver a resucitar a Franco, ni había manera de inflar los minúsculos sectores homófobos o racistas atragantados por su propia bilis.
Por más vueltas que se le diera no quedaba más espantapájaros de repuesto que la caricaturizada banca de toda la vida, acoplada por arte de birlibirloque a las impopulares energéticas: el gran capital, alargado, engordado y envilecido en el callejón del Gato por la legión de socialistas que se benefician a diario de sus dones.
Esta película ya la hemos visto. Desde que los revolucionarios colgaban a los banqueros de las farolas de la plaza del Ayuntamiento de París, se ha convertido en un clásico. El propio Adolfo Suárez hizo una campaña presentando a la banca como “la madrastra” del cuento por denegar créditos al CDS. El movimiento del 15M se basaba en culpar de la crisis financiera a la avaricia de los banqueros y tanto Vox como Podemos han recurrido a su señalamiento nominal como una más de sus coincidencias.
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El problema de sustituir como fuente de temor a los despeñados Abascal, Olona y Ortega Smith por Ana Botín, Carlos Torres y Fainé es que la primera lleva distinguiéndose por potenciar globalmente el liderazgo femenino y arropar a las pymes, el segundo es un abanderado de la sostenibilidad y la digitalización y el tercero abastece la mayor obra social de una fundación europea con los beneficios tanto del banco como de su grupo empresarial. Para colmo de inconvenientes, nadie ha visto nunca a ninguno de los tres con un puro en la boca.
El impuesto a las energéticas es igualmente arbitrario, injusto y autodestructivo -a ver cómo van a invertir los 250.000 millones que requiere la transición energética, si se les machaca el hígado a la primera de cambio-, aunque al menos tiene el fundamento de que, después del Gobierno -vía impuestos-, son el actor más beneficiado por el alza del gas y el petróleo. Pero en el caso de la banca se trata de un impuesto basado en un futurible: los presuntos resultados positivos fruto de la próxima subida del precio del dinero.
Tildar a bulto de “ilegítimos” esos beneficios sin relacionar su cuantía con la retribución de millones de inversores y dando por hecho que la subida de tipos permitirá incrementarlos, es fingir ignorar que se trata de un sector que ha tenido que hacer drásticos ajustes por su pérdida de rentabilidad, durante el largo periodo de tipos negativos.
Abalanzarse con el saco y la guadaña sobre esas entidades, ante la mera perspectiva de que pueda restablecerse la normalidad de su negocio natural que, entre otras cosas, implica remunerar el ahorro, pero también pechar con la morosidad y los impagos, es una pulsión suicida.
Bastó que Sánchez incluyera en la misma frase las palabras “impuesto extraordinario” y “bancos” para que todos sus socios se mimetizaran en un éxtasis celebratorio que, en función del símbolo elegido como santo y seña del nuevo enemigo, recordaba la fiesta de la película de Woody Allen en la que todos se disfrazan de Groucho Marx puro en ristre.
El puro ha cambiado de manos, el puro es nuestro, nosotros nos lo guisamos y nosotros nos lo fumamos, venían a decirnos Yolanda Díaz, Echenique, Mertxe Aizpurua o Rufián con sus balines. Y, en efecto, así era. Una mayoría parlamentaria es la desbrozadora de todos los obstáculos, la llave de cualquier caja de puros porque es la llave del BOE.
Dentro de unos días veremos negro sobre blanco el texto del nuevo impuesto. En eso consiste el poder: en la capacidad de reducir a cenizas total o parcialmente los derechos o posesiones de los demás.
Pero, cuidado, porque como escribió Italo Calvino, “de ese poder, Groucho saca a la vista toda la esencia innoble, desvelando de cuanta bajeza está formada toda afirmación de prestigio, de cuanto cinismo toda pretensión de respetabilidad y cómo todo éxito no es más que una precaria vacación sin ilusiones para volver a caer en el nivel cero del que se ha partido”.
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Groucho utilizaba el puro en escena como un sucedáneo de cuanto le faltaba: si los demás tocaban un instrumento, él -que no sabía hacerlo- agitaba el puro; si de repente se le olvidaba el texto, se metía el puro en la boca y se paseaba con él en ristre. El puro cumplía el mismo papel de comodín que los impuestos a la banca para un político de izquierdas en peligro. Pero nunca lo encendía porque sólo era un elemento del atrezzo.
Una de sus primeras experiencias como fumador de puros de verdad puso en evidencia la falacia de la propaganda y las dependencias de la adicción. En sus memorias recuerda como le fascinó el anuncio de una marca de cigarros llamada La Preferencia que prometía una experiencia de “30 minutos en La Habana”. Cuando se compró uno y sólo le duró 20 minutos, fue a protestar y le dieron otro. Se lo fumó en la misma tienda y -fuera por avidez, ansiedad o síndrome de la exigencia- ya sólo le duró quince minutos. Logró que volvieran a regalarle otro, pero a la cuarta vez le echaron de la tienda.
Me sorprende el alto nivel de escepticismo que el plan de medidas económicas anunciado por Sánchez tiene entre la población, según el sondeo de SocioMétrica de hoy. Aunque las iniciativas que implican gasto social merecen un amplio respaldo -a nadie le amarga un dulce-, más de un 72% cree que el plan no servirá para bajar los precios. Y sólo en un contexto de alto descrédito de su política se entiende que haya mayoría contra el impuesto a la banca y casi empate sobre el de las energéticas.
Eso significa que los consumidores están convencidos de que los terminarán pagando ellos. O que los ciudadanos mejor informados son conscientes de que apretarles las tuercas a un sector que debe ejercer de locomotora inversora y a otro con fuerte externalidad positiva como financiador de la economía, tendrá un efecto bumerán que empeorará las cosas.
Sánchez corre el riesgo de que le pase lo mismo que a Groucho con los puros de La Preferencia y el efecto político de sus medidas quede lejos de sus expectativas. De hecho, en lo que se refiere a una de las más populares -la bonificación del abono del transporte- ya ha tenido que doblar la apuesta antes de que entrara en vigor. Dice que recaudará 7.000 millones de las energéticas y los bancos, pero seguro que será mucho menos.
Si el presidente no se conforma con esa mengua de expectativas y, en la espiral de sus concesiones a Podemos, Bildu y compañía, sigue endureciendo su ofensiva para ir arrebatando más puros a nuevos “poderes oscuros”, terminará quedándose con el monopolio del tabaco, pero tendrá asegurada la patada electoral en el trasero.
Por algo decía Groucho que “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Por desgracia, ninguno de los actuales gobernantes está teniendo ningún problema en cumplir los dos primeros requisitos; pero Sánchez ha dado esta semana una gran zancada, medio de pie, medio de rodillas, para abrazarse a los dos segundos.
Pedro J. Ramírez, director de El Español.