"Señoras y señores diputados. Voy a hablarles con claridad y sin tapujos. España va mal y los españoles no son felices.
A pesar de la mejora de la situación económica, casi cuatro millones de compatriotas están en el paro, muchos de los que trabajan tienen empleos precarios y la mayoría llega con grandes dificultades a fin de mes. Además la Unión Europea se dispone a multarnos por incumplir el déficit y nos impone nuevos sacrificios, la hucha de las pensiones está quedándose vacía, tenemos un sistema educativo atrasado e ineficiente, nuestra deuda pública está por encima del PIB y el 'brexit' está generando tensiones e incertidumbres que pueden perjudicarnos seriamente.
En estas circunstancias resulta especialmente escandaloso que los casos de corrupción hayan proliferado por doquier durante los últimos años. Y, no nos engañemos, la corrupción no sólo es fruto de la debilidad humana sino también de unas reglas del juego que la permiten, camuflan y a veces hasta impulsan.
Por si estos problemas fueran pequeños, la cohesión nacional se ha debilitado gravemente: una parte importante de los catalanes pide la independencia, el nacionalismo vasco se prepara para tomar el relevo y en general disminuye la fe de los ciudadanos en las instituciones. No en balde la participación en las elecciones generales del 26 de junio se quedó finalmente en el 66%, la más baja de nuestra democracia.
Estos grandes males requieren grandes remedios y hasta ahora los políticos no hemos sido capaces de ofrecerlos. Por segunda vez en seis meses las urnas han arrojado un resultado que nos priva a cualquiera de los que hemos concurrido a ellas de una mayoría suficiente para gobernar en solitario de forma estable. Por segunda vez en seis meses los votantes nos inducen a llegar a un acuerdo y esta vez no podemos seguir encastillados en nuestras posiciones previas, puesto que ir a unas terceras elecciones en otoño sería suicida para el sistema.
Lo único que está ahora en cuestión es si conseguiremos alcanzar un gran acuerdo o nos conformaremos con un pequeño acuerdo mediante el que un gobierno débil e impotente sobreviva dando tumbos durante uno o dos años de parálisis política.
Yo les propongo que hagamos de la necesidad virtud y constituyamos un gobierno de coalición con amplia mayoría parlamentaria, capaz de abordar un ambicioso doble objetivo. Por un lado sanear la economía, reducir el paro, corregir las desigualdades, garantizar las pensiones y la protección social y reformar la educación. Por el otro cambiar las reglas del juego político para regenerar la democracia, reformando la Constitución y algunas leyes orgánicas tan esenciales como la ley electoral, la ley de financiación de partidos y por supuesto la del poder judicial.
Supongo que no les sorprenderá que me proponga a mi mismo para encabezar ese gobierno. Y no sólo porque me considere el más capacitado para ello, no se rían señoras y señores diputados..., sino sobre todo porque todos los demás dirigentes políticos lo están menos que yo. Tanto por el número de diputados que apoya a cada uno, como por su menor experiencia y conocimiento de asuntos tan complejos como los que les propongo que abordemos en esta legislatura.
Soy consciente del alto nivel de rechazo que mi candidatura y mi persona tienen en la opinión pública. Soy consciente de las acusaciones y sospechas que se han suscitado sobre mi propia integridad. ¿Cómo no iba a serlo si en diciembre el líder del Partido Socialista me llamó "indecente" ante millones de telespectadores y en junio el líder de Ciudadanos me echó en cara que hubiera recibido 343.000 euros en sobresueldos ilegales, de nuevo ante millones de telespectadores?
Vuelvo a rechazar esas descalificaciones y vuelvo a negar esos hechos. Pero es una realidad que tales acusaciones se sustentan en unas anotaciones de una persona a la que yo nombré para un puesto clave en mi partido, que la justicia considera que al menos una parte de los apuntes tiene fundamento y que de ello se derivan serios indicios de que el PP ha podido financiarse ilegalmente. Dejemos que la justicia siga haciendo su trabajo y a sus resoluciones nos someteremos pero como, en las actuales circunstancias, la política no puede continuar bloqueada en el bucle de la sospecha, quiero hacerles algunos anuncios al respecto.
En primer lugar pido perdón públicamente por cuantas prácticas corruptas hayan podido desarrollarse en el seno de mi partido durante los años en los que yo he ocupado puestos directivos. En segundo lugar anuncio que he ingresado en cinco partes iguales en las cuentas corrientes de Caritas, Ayuda en Acción, Médicos sin Fronteras, APRAMP y la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer la cantidad equivalente a esos 343.000 euros más los correspondientes intereses. En tercer lugar comunico que el Partido Popular presentará en el plazo de un mes un plan para ingresar cautelarmente en el Tesoro Público las cantidades cuestionadas que pudieran haber representado una financiación de las campañas electorales por encima del tope legal establecido.
Ni somos el único partido acusado de prácticas similares ni soy el único dirigente que ha podido incurrir en responsabilidades por elegir mal a sus colaboradores o no vigilar su conducta. Pero entiendo que en estas circunstancias extremas hay que despejar toda sombra de duda en beneficio de los ciudadanos y del interés público. Zanjemos pues en términos políticos esta cuestión previa, a la espera de lo que resuelvan los tribunales.
Señoras y señores diputados, como líder del PP y cabeza de la lista más votada, ofrezco desde esta tribuna al PSOE y a Ciudadanos que se integren en un gobierno de coalición que afronte durante una legislatura los grandes objetivos y reformas que he mencionado. Sin cerrar la puerta a otras minorías, considero imprescindible su participación pues se trata de los dos grandes partidos nacionales que comparten un modelo de sociedad con el PP y tienen una visión de la unidad de España muy similar a la nuestra.
A título indicativo y a expensas del resultado de las negociaciones pertinentes, mi deseo sería que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, fuera el vicepresidente primero de ese gobierno, con responsabilidad sobre la política económica y social; y que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ocupara la vicepresidencia segunda encargada de impulsar la reforma política. Todas las decisiones serían colegiadas y se adoptarían por consenso.
En los primeros cien días ese gobierno remitiría a las Cortes un paquete de medidas para cumplir con los requerimientos de la Unión Europea y tratar de evitar o al menos minimizar la multa pendiente por nuestro exceso de déficit. Ese paquete de medidas haría recaer la mayor parte del ajuste sobre el gasto público, sin reducir la protección social, incluyendo si fuera preciso la reducción o eliminación de las diputaciones y otros entes administrativos. También en el plazo de cien días el Gobierno convocaría al Pacto de Toledo y presentaría un plan que garantizara la sostenibilidad del sistema de pensiones, dotando, si fuera preciso, de nuevas fuentes de ingresos a la Seguridad Social.
Durante el primer periodo de sesiones el gobierno remitiría a las Cortes, con el respaldo de 254 diputados seis proyectos de leyes esenciales que paso a enumerar.
Primero: un proyecto de reforma laboral destinado a crear empleo entre los jóvenes, combatir la precariedad y acabar con la dualidad del mercado de trabajo.
Segundo: un proyecto de reforma tributaria encaminado a impulsar la economía y corregir las desigualdades sin esquilmar a la clase media asalariada, pero convirtiendo la lucha contra el fraude en un objetivo nacional.
Tercero: un proyecto de reforma educativa orientado a mejorar la calidad de la enseñanza y dotar de mejor capital humano a nuestra sociedad.
Cuarto: un proyecto de reforma electoral que introduzca mayor proporcionalidad en el reparto de escaños y permita a los votantes decidir a qué candidatos apoyan dentro de una misma lista.
Quinto: un proyecto de reforma del poder judicial que excluya a los partidos del CGPJ, despolitice su sistema de elección y garantice la independencia de los jueces.
Y sexto: un proyecto de reforma de la ley de financiación de partidos que supedite las subvenciones públicas al ejercicio real de la democracia interna, primarias incluidas.
Por lo que se refiere a la reforma constitucional, el gobierno crearía de inmediato una comisión interna de la que formaríamos parte el presidente y los vicepresidentes y una ponencia en el seno del Congreso a la que invitaría a sumarse al resto de las fuerzas parlamentarias. El gobierno se comprometería en todo caso a presentar un proyecto de reforma constitucional durante la primera mitad de la legislatura. Ese proyecto tomaría como inspiración y punto de partida el informe elaborado en 2006 por el Consejo de Estado a requerimiento del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
Eso implica que nuestro modelo de reforma constitucional incluiría el listado y blindaje de las competencias exclusivas del Estado, el cierre del mapa autonómico, la reforma del Senado, la eliminación de la preferencia del varón en la sucesión a la Corona y la referencia como marco al proceso de construcción europea. En este contexto el proyecto trataría de facilitar el reconocimiento de la singularidad de Cataluña y otras comunidades autónomas siempre que no afectara al principio de igualdad entre españoles.
Señoras y señores diputados, hace 35 años fui elegido miembro del parlamento de Galicia. Desde entonces he sido concejal, presidente de diputación, varias veces ministro, vicepresidente, líder de la oposición y desde hace cinco años presidente del gobierno. Si ustedes me conceden su confianza y se cumpliera el mandato de la legislatura que ahora empieza, serían nueve años en el cargo.
Al cabo de todo este tiempo la opinión pública en general y ustedes en particular han terminado conociéndome bien y saben que aunque soy predecible, me gusta dejar todas las opciones abiertas hasta que llega el momento de tener que decidir. Y que si puedo retrasar la decisión, a veces la retraso. No se rían, señorías, porque la experiencia me ha enseñado que el hombre propone y el destino dispone.
Pero este planteamiento excepcional que estoy haciendo hoy, requiere también de un compromiso excepcional. Por eso les anuncio que, si ustedes me conceden la confianza y el honor de ser investido para encabezar la gran coalición que propongo, esta será la última vez que presida el gobierno de España. Así se lo comunicaré formalmente a mi partido, a efectos de que en un Congreso abierto elija a su nuevo presidente y futuro candidato a la Moncloa por el procedimiento más democrático que permitan los estatutos.
Señorías, mi carrera política ya está hecha. No me mueven ni el ansia de poder, pues ofrezco compartirlo con otros dos partidos, ni la gloria personal, pues soy consciente de mis propios límites. Me mueve la disposición a prestar un último servicio a España. Y, créanme, si ustedes rechazan mi investidura y encuentran otro candidato más idóneo para responder de forma extraordinaria a una situación extraordinariamente grave como esta, yo no seré un obstáculo y me apartaré a un lado.
Sólo pido a los demás dirigentes la misma disposición al compromiso que yo ofrezco para que los españoles vean al fin que los políticos anteponemos la solución de sus problemas a nuestras rencillas y discrepancias. Señor Sánchez, señor Rivera, ya que tanto se ha hablado en la campaña de "sillones", aquí tienen dos vacíos desde los que servir a España. Yo les pido que los ocupen. Señorías... ustedes tienen la respuesta".
Pedro J. Ramírez, director de El Español.