¿El RBI puede sobrevivir a la financiarización?

El ingreso básico universal no es un concepto nuevo, pero ha cobrado nueva vida en los últimos años. Voces tanto de izquierda como de derecha hoy sostienen que el RBI podría ser la clave para resolver los principales problemas sociales y estructurales, incluido el desempleo y el subempleo tecnológico, la extrema pobreza, las trampas de la beneficencia y los desincentivos ocultos para trabajar. Al liberar a la gente de los grilletes de los empleos de baja calidad y de la burocracia interminable, sostiene la lógica, un RBI le permitiría alcanzar su pleno potencial.

Es un argumento atractivo, por cierto, especialmente en un momento de estancamiento salarial prolongado, pobreza persistente, creciente desigualdad y bajo crecimiento económico. Pero, hasta el momento, las únicas versiones de RBI que se han puesto a prueba –en lugares como Canadá, Finlandia, Kenia y Holanda- esencialmente no son más que meras modalidades nuevas de desempleo y asistencia social. Estos experimentos contradicen la lógica fundamental de un RBI.

Sin duda, las estrategias incrementales para un RBI pueden impulsar la reforma de la asistencia social. En particular, al reducir o eliminar la necesidad de comprobación de recursos económicos y otras formas de condicionalidad, estos llamados esquemas basados en un RBI pueden aliviar las cargas burocráticas y los costos administrativos asociados, ofreciendo a la vez un nuevo canal de ingresos para los pobres.

Los controles y condicionalidades que han caracterizado a los programas de comprobación de recursos económicos que han proliferado desde los años 1990, especialmente en el Sur Global, están demostrando ser ineficientes. Hacer que las transferencias de ingresos sean verdaderamente “libres de obligaciones”, como ha acentuado el filósofo y defensor del RBI Philippe Van Parijs, de origen belga, sería una victoria importante. Sin embargo, esto podría surgir no tanto en nombre de la justicia y la equidad, sino porque sirve a un nuevo régimen de acumulación que puede garantizar que cualquiera tenga un ingreso monetario regular sin ataduras. A su vez, a todos los ciudadanos se les brindará acceso permanente a los mercados financieros, cuyo avance ha cobrado dimensiones asombrosas.

En 1990, los activos financieros globales representaban el 50% del PIB global, o unos 150 billones de dólares; en 2015, esa cifra superó el 400% del PIB global, o 500 billones de dólares.

Bajo el capitalismo financiarizado, los flujos de ingresos regulares facilitan la incorporación de mercados y la inclusión financiera. Sirven como garantía en un mundo donde la deuda, adquirida a través de varios tipos de préstamos y líneas de crédito de consumo, cada vez más se usa para pagar no sólo bienes durables, sino también servicios como la atención médica y la educación, que anteriormente constituían el grueso de la prestación pública.

Las innovaciones financieras basadas en préstamos respaldados por ingresos a individuos son uno de los pilares de una dinámica de securitización que permite la continua renegociación de la deuda, y así la continua expansión y consolidación de nuevos instrumentos financieros. La transformación de la política social en garantía refleja la lógica del capitalismo financiarizado, que convierte las transferencias de efectivo, las pensiones y otros esquemas monetarios –es decir, fuentes de ingresos regulares- en activos colocados a disposición del sector financiero.

Cuando la política social se utiliza principalmente para pagar deuda y asegurar nuevos préstamos, deja de servir como un mecanismo de desmercantilización, como se la concibió originariamente. Por el contrario, se convierte en un vector de un creciente ingreso de los hogares y una fuente de rentas financieras para el sistema bancario y la industria del seguro.

Siguiendo este patrón, y al ofrecer un canal de ingresos estable y, por ende, una forma confiable de garantía, pagada por el estado, el RBI fortalecería y hasta crearía mercados financieros, particularmente para crédito de consumo, hipotecas y pensiones. Lejos de servir como una ruta revolucionaria a la libertad del látigo del mercado, el RBI puede terminar amarrando a todos los ciudadanos a un capital rentista a través del endeudamiento.

No tiene por qué ser así. Deben cumplirse ciertas condiciones para impedir que un RBI esté subordinado a la mentalidad dominada por las finanzas.

Eso significaría, primero y principal, que el RBI debe establecerse no como un complemento para las medidas de asistencia social, sino como un medio de acceso totalmente desmercantilizado a las necesidades básicas, incluida la comida, la vestimenta y el transporte. Los experimentos actuales ofrecen demasiado poco efectivo. Ofrecer la cantidad suficiente es la única manera de disminuir la posibilidad de que un RBI sirva principal y predominantemente como garantía.

Segundo, los gobiernos necesitarían garantizar los servicios públicos vitales, como atención médica universal y gratuita, educación y capacitación. También harían falta políticas sólidas en materia de vivienda –que incluyeran una regulación agresiva de la renta, una mayor trRBItación a la propiedad y una mayor oferta de vivienda asequible-, sobre todo para asegurar que el aumento de los ingresos reales no alimente una especulación inmobiliaria.

Finalmente, la regulación del sector financiero tendría que fortalecerse considerablemente. También deberían introducirse impuestos elevados a las rentas financieras, para revitalizar la economía real.

Sin duda, se trata de una empresa gigantesca – y sumamente compleja-. Pero se la debe llevar a cabo si el ideal de un ingreso básico es el de mantenerse intacto y basado en principios sólidos y valores decentes.

Lena Lavinas, Professor of Welfare Economics at the Institute of Economics at the Federal University of Rio de Janeiro, is the author of The Takeover of Social Policy by Financialization: The Brazilian Paradox.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *