A pesar de la movilización de los partidarios de la aprobación que se vivía en las calles de Santiago de Chile y otras ciudades durante los días previos al plebiscito, finalmente el pasado 4 de septiembre se confirmó lo que las encuestas ya habían vaticinado. Con una participación histórica del 85% del censo –en una votación que después de mucho tiempo volvía a ser obligatoria–, el resultado no dejaba ninguna esperanza al texto elaborado por la Convención Constitucional. Tras el rotundo rechazo por un 62% de los votos, el presidente Gabriel Boric, que había hecho campaña a favor de la aprobación, fue claro en su alocución al pueblo chileno tras conocer los resultados: celebró la normalidad democrática y llamó a la unidad para afrontar la nueva etapa que se abre.
El camino hasta el denominado plebiscito de salida no fue fácil. La decisión de que la Convención Constitucional fuera integrada por personas mayoritariamente independientes, con composición de género paritaria y fuerte representación indígena, convirtió el ejercicio en un experimento inédito que despertó el interés internacional. Sin embargo, el proceso se complicó sobre todo en la fase final, cuando afloraron las discrepancias políticas sobre temas polémicos en los que no existe un consenso social suficiente. Estas tensiones se transformaron en un discurso radical que impactó negativamente en la imagen que proyectó la convención en la opinión pública. El disenso se trasladó a una campaña que se extendió por las redes sociales con mensajes contradictorios.
Mensajes como “no es la casa de todos”, “no representa a la mayoría”, “no se garantiza la protección de la propiedad privada”, “van a eliminar los fondos previsionales” “la justicia indígena atenta contra la igualdad ante la ley” o “la plurinacionalidad dividirá más a nuestro país” fueron argumentos de algunos partidarios del rechazo. A la oposición de la derecha más recalcitrante, se unieron las voces críticas desde sectores de centro e incluso centroizquierda, entre ellas la de líderes de los gobiernos de la Concertación que dominaron el espacio político tras la dictadura de Pinochet, y que acusaban al texto de ser técnicamente defectuoso y políticamente inviable. Las críticas, que esparcían a través de redes sociales y medios de comunicación, no sólo contaron con una financiación importante durante la campaña, sino que acertaron en lo que la mayoría de los chilenos estaba pidiendo: cambios, pero no radicales.
También entre algunos partidarios del apruebo había la sensación de que el texto no podría ser implementado sin ajustes. Pero el triunfo sin paliativos del rechazo entierra la propuesta definitivamente. A pesar de ello, ya en campaña quedó de manifiesto que el proceso constituyente debía continuar fuera cual fuese el resultado, y eso fue lo que anunció el presidente nada más conocerse la votación. Convocó a todas las fuerzas políticas a una reunión para analizar los pasos a dar y reconducir el debate hacia el consenso y no hacia lo que separa a los chilenos. Tras el proceso participativo que dominaron las fuerzas de la izquierda, viene la vuelta a la política más posibilista, pero el debate público que se abrió no será estéril. Hay temas como la paridad de género, el reconocimiento de las minorías y, sobre todo, la necesidad de un estado social y democrático que garantice los derechos sociales que constituyen demandas mayoritarias y no pueden ignorarse. Por el contrario, cuestiones como las autonomías territoriales, la justicia indígena, la plurinacionalidad, la reforma judicial o la desaparición del Senado son fuentes de conflicto.
Tras la consulta, los diversos movimientos del rechazo han tenido una reflexión común: la Constitución debe cambiarse de todas formas y, por tanto, hay que seguir con el proceso. Aunque algunas voces plantean una nueva reforma de la Constitución heredada de la dictadura, no parece la opción que pueda dar cabida a los cambios que se piden. Un sector del centro izquierda pro-rechazo habla de recuperar el proyecto constitucional que dejó casi listo en su segundo mandato la expresidenta Michelle Bachelet (una de las pocas líderes centristas que hizo campaña por el apruebo). Otros proponen una comisión de expertos para elaborar un texto base o incluso que sea el Congreso el encargado de redactarlo. Pero estas opciones contradicen el mandato que se dio en el referéndum mediante el cual se inició el proceso constituyente. Se abre pues una nueva etapa que también tendrá efectos en el gobierno.
Boric es consciente de que una parte del rechazo es un voto de castigo a su gestión, de apenas seis meses, y ha anunciado cambios en su gabinete. Los nuevos nombramientos darán pistas de hacia dónde se dirige la nueva etapa en la que, muy probablemente, ganarán peso las fuerzas de centro izquierda. En un discurso muy conciliador, el Presidente llamó a las fuerzas políticas y diversos poderes del Estado a trabajar por los siguientes pasos del proceso constituyente. En esta nueva etapa, no sólo se necesitará mayor diálogo, sino también una autocrítica de parte de los integrantes de la Convención Constitucional, tanto sobre su funcionamiento como sobre la propuesta final, para no volver a cometer los mismos errores. Chile sigue siendo una sorpresa para América Latina y el mundo, y un ejemplo de cómo encauzar graves crisis políticas por la vía democrática. Independientemente del resultado del plebiscito, el proceso constituyente sigue, con más actores y demandas que tendrán que conciliarse.
Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB y Maximiliano Arce, investigador de Geopol21.