El 16 de abril de 2017 se celebró un referéndum en Turquía, que sometió a votación popular el cambio de un sistema político parlamentario por uno presidencialista, que incrementaba, de manera notable, los poderes del presidente en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial.
El "sí" obtuvo un 51,3% de los votos y el "no" un 48,6%, en un recuento que fue tan enconado como habían previsto las encuestas. Los resultados, sin embargo, fueron puestos en tela de juicio, por las graves irregularidades que se señalaron en el recuento de votos, y muy especialmente, por los votos que el Consejo Superior Electoral admitió como válidos, a pesar de no contar estas papeletas con el sello oficial. Un observador internacional, Andrej Hunko, perteneciente a la misión enviada por el Consejo de Europa declaró que "parece creíble que 2,5 millones (de votos), fueron manipulados, pero no podemos estar 100% seguros". Esta cantidad de votos en disputa superaría con mucho el número de votos que separó la victoria del "sí" frente al "no".
Tanto el primer ministro, Binali Yildirim, cargo que desaparecerá con la reforma constitucional, como el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se apresuraron a anunciar la victoria del "sí", a pesar de los votos en disputa y las críticas generalizadas de la oposición. Erdogan conseguía así propiciar el cambio constitucional por el que tanto había luchado, pero lo hacía con menos apoyos de los esperados; el "no" había ganado en algunas de las ciudades más grandes, industrializadas y potentes del país, como Estambul, Ankara, Esmirna, Mersin, Adana o Antalya, algunas de las cuales habían sido importantes bastiones del AKP en elecciones anteriores. Más poder, pero menos apoyo popular para Erdogan, más atribuciones para la presidencia, pero menos legitimidad. Así concluyó la jornada electoral del 16 de abril, con la que el presidente turco inaugura una nueva página en la historia del país, una página en la que sitúa en una nueva dimensión el poder que a lo largo de los años había consolidado dentro de su propio partido y del sistema político.
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Carmen Rodríguez López, es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Antonio Ávalos Méndez, es Licenciado en Derecho (UAM) y en Ciencia Política y de la Administración (UAM), Diplomado especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política (CEPC), y Máster en Estudios Árabes e Islámicos (UAM).