El 5 de julio el presidente de Hungría, János Áder, formalizó la convocatoria del referéndum que había anunciado el primer ministro Víktor Orbán sobre las cuotas de refugiados en los países de la Unión Europea. El día 2 de octubre los ciudadanos húngaros deberán pronunciarse sobre la pregunta siguiente: «¿Quiere Vd. que la Unión Europea pueda estipular la instalación obligatoria en Hungría de ciudadanos no húngaros sin la aprobación de la Asamblea Nacional?».
El referéndum húngaro del 2 de octubre se inscribe en la ola xenófoba que asola Europa. En una controvertida votación promovida por el Partido Popular Suizo (SVP), en el 2009 los ciudadanos suizos decidieron prohibir la construcción de nuevos minaretes; y en el 2010 votaron a favor de la «deportación» de los criminales extranjeros. En abril de este año, los holandeses votaron en contra del acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania para evitar el levantamiento del requisito de visado para los ciudadanos ucranios y la llegada de más inmigrantes de ese país a Holanda. El ingrediente xenófobo en el referéndum británico del 23 de junio es de sobras conocido.
Lamentablemente, el referéndum del 2 de octubre puede no ser el último de la serie. Después de la previsible victoria del no en Hungría, otros países de Europa central y oriental pueden sucumbir a la tentación de organizar sus propios referéndums. En febrero de este año el ministro de Asuntos Europeos polaco, Konrad Szymánski, no tuvo ningún reparo en declarar que el plan para asentar refugiados en los países de la UE estaba «muerto». Su primer ministro, Jaroslaw Kaczyski, tuvo su minuto de gloria al sugerir que los refugiados traerían «enfermedades y parásitos» a Polonia.
Los dirigentes del partido Ley y Justica polaco (PiS) están en la onda del SVP suizo y de la extrema derecha holandesa. Pero la prueba de que la xenofobia es un credo transversal nos los ofrece Eslovaquia, donde el primer ministro socialdemócrata Robert Fico se ha hecho famoso por su retórica antinmigratoria en general y antimusulmana en particular. Bajo el lema 'Es imposible integrar a los musulmanes', Fico también se opone ferozmente al sistema de cuotas y en octubre del 2015 incluso sugirió la posibilidad de abandonar la Unión por este motivo. En cualquier momento Fico puede optar también por la vía del referéndum.
La pregunta del millón es: ¿existe alguna posibilidad de parar estos referéndums que solo sirven para afianzar la xenofobia europea? Posibilidades domésticas pocas: en Hungría la Constitución prohíbe someter a referéndum las obligaciones que se derivan de tratados internacionales, pero el pasado mayo el Tribunal Supremo concluyó que la consulta propuesta por Orbán era legítima con el argumento de que no persigue una modificación del tratado de adhesión sino simplemente cuestionar una decisión puntual del Consejo Europeo. En este conflicto de soberanías entre la Unión y los estados nacionales resulta difícil que los tribunales nacionales fallen en detrimento de la soberanía de los estados. Por razones obvias, la UE no puede ser el árbitro que dictamine sobre qué pueden votar los ciudadanos de los estados miembros: hacerlo sería invadir de nuevo la soberanía nacional de los estados nacionales.
¿Y el Consejo de Europa? ¿Podría hacer algo? El Consejo de Europa tiene un «código de buenas prácticas» sobre referéndums que solo se ocupa de cuestiones formales y nunca discute las materias que pueden someterse a referéndum. Y los requisitos formales que establece este código tampoco ayudan a bloquear consultas xenófobas, sino todo lo contrario. Según el Consejo de Europa, no es «recomendable» establecer un quórum de participación (un porcentaje mínimo), porque hacerlo supone asimilar a los votantes que se abstienen con los que votan no.
Según el Consejo de Europa, tampoco es recomendable establecer un quórum de aprobación (por un porcentaje mínimo del censo), por las dificultades políticas que entraña una victoria por mayoría simple que no supere ese umbral. Imaginemos que el 2 de octubre el 32% de los ciudadanos húngaros acuden a votar (fue el porcentaje de votantes en el referéndum holandés). Para el Consejo de Europa, el referéndum será válido, sea cual sea el resultado. E imaginemos que el 80% de los participantes se oponen al sistema de cuotas (es lo que pronostican los sondeos). Para el Consejo de Europa, la victoria del no será válida. El 80% del 32% quiere decir que apenas el 25% del censo electoral de un estado miembro apuntillará el sistema de cuotas de refugiados, desencadenará una nueva crisis en la Unión y pondrá gravemente en peligro el proyecto político europeo. Preocupante.
Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción y de Interpretación de la UAB.