El referéndum sobre la independencia de Cataluña ha vuelto a emerger cuando parecía superado tras la Declaración del Parlamento catalán de 9 de noviembre de 2015. Con Podemos, Izquierda Unida y En Común Podem, el referéndum renace y lo asume Puigdemont en sus últimas declaraciones. Se entiende que Puigdemont vuelva a admitir el referéndum, pues sería una salida al estancamiento en que ya ha caído la operación independentista. Se entiende menos para qué lo propugnan Podemos y sus aliados.
El referéndum se ideó en Cataluña para intentar la ruptura con el Estado sin infringir el ordenamiento. Alguien descubrió el referéndum de Quebec y, sin apreciar las grandes diferencias constitucionales e históricas entre Canadá y España, se vio como la vía legal hacia la independencia. Quienes en ese momento estaban más interesados en el referéndum eran los independentistas que pensaron que era una opción aséptica y democrática. Y para vender mejor la mercancía se inventaron un envoltorio atractivo, el derecho de decidir.
Aunque el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 25 de marzo de 2014, admitió la conformidad constitucional del derecho a decidir si no estaba vinculado a la declaración de soberanía del pueblo catalán, todos los textos independentistas lo conciben como un prius que antecede y legitima el proceso hacia la independencia, un principio que legitimaría el derecho a salirse del Estado. Por eso hay razones democráticas para rechazar un referéndum.
En primer lugar, a diferencia de Canadá (donde solo se planteó en Quebec), en España un referéndum provocaría similares peticiones en el País Vasco y en Galicia. Pondríamos a España en almoneda, a disposición de cualquier propuesta que surgiera, con riesgo de romper un Estado que, a diferencia de Canadá o de Checoslovaquia, empezó a asentarse hace cinco siglos. Con un Estado casi tan descentralizado como Alemania, fomentar una cadena de consultas es una frivolidad tan irresponsable como el juego de Cameron con consultas oportunistas.
En segundo lugar, un referéndum puede conducir a una ruptura irreversible de la convivencia. Antes de que se hablara en España del consenso en la Transición, la ciencia política anglosajona había elaborado la noción de consensus como aceptación de los fundamentos esenciales de la sociedad, contrapuesto a las subculturas políticas que fragmentan la convivencia nacional. Un referéndum sobre la independencia provocaría en Cataluña una fragmentación tan elevada que dividiría a la sociedad catalana en dos bloques difíciles de soldar en mucho tiempo. En el mejor de los supuestos, la independencia alcanzaría un 50 y poco por ciento y así no se puede gestionar el consensus, pues siempre habrá una mitad que no asumirá los resultados.
En tercer lugar, un referéndum solo debe convocarse cuando la crisis de la sociedad impide totalmente otras salidas constitucionales. Pero en Cataluña las hay, a través de la reforma constitucional, aunque para ello hace falta que el Gobierno se implique y los partidos no independentistas ofrezcan sus alternativas.
Por esos motivos, es incongruente pedir que se celebre el referéndum para votar en contra de la independencia. En Podemos, que igual que sus aliados ha descubierto tardíamente la plurinacionalidad española, se detecta un fenómeno de pereza intelectual, pues no han hecho el esfuerzo de superar la visión franquista de España y creen que los símbolos del Estado democrático, las Fuerzas Armadas y la propia unidad nacional son propios de la dictadura. ¿Qué mezcla de pereza y de ignorancia lleva a confundir la España descentralizada de la Constitución con la España franquista?
En cuanto a Barcelona en Comú e Iniciativa, parecen creer que una Cataluña independiente sería la arcadia que cuentan algunos publicistas catalanes, pero el permanente triunfo electoral de Pujol les debería hacer reflexionar. En realidad han hecho renacer el modelo marxista-nacionalista del B.O.C. y del P.O.U.M., pero estos partían de unos supuestos ilusorios como se vió en Els moviments d'emancipació nacional de Andrés Nin, que en 1935 intentaba cohonestar movimiento nacional catalán y movimiento obrero.
Desde 2000, el independentismo ha crecido por una sucesión de errores, el último de los cuáles fue la decisión del Gobierno de Maragall de promover un Estatuto que no era una necesidad para la mayoría de los catalanes. No acrecentemos el error con el referéndum cuando el camino de la reforma constitucional está abierto.
Javier García Fernández es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.