El reparto de la I+D: ¿problema de etiqueta?

Por Joaquín M. Azagra Caro. Universidad Politécnica de Valencia (EL PAÍS, 13/11/06):

Esto de la I+D se ha convertido en un recurso lingüístico de precampaña electoral, ni siquiera de campaña. Los políticos insisten en la importancia de aumentar los recursos destinados a ella y le dedican unas breves líneas en sus programas para después, ya en campaña, dedicarse al vapuleo mutuo y desplazar el tema a la rutinaria gestión de gobierno. Desde luego, la I+D jamás ha sido prioritaria en campaña alguna y rara vez ha suscitado un debate social de calado. Por eso es tan sorprendente como grato que todo un secretario autonómico de Universidad, Ciencia y Tecnología diga al respecto algo concreto y tangible. Es voz autorizada por su cargo y por su currículo universitario. Celebrémoslo. Aunque sus afirmaciones sirvan para que algunos (no muchos, eso sí pues insisto es tema que apenas preocupa poco y ocupa menos) nos asustemos al leer que “es peligroso favorecer la investigación básica en detrimento de la investigación aplicada” (Calidad e Innovación 2: portada y página 8) o, aún más, “una sociedad hábil sin investigación básica, pero con buena investigación aplicada, puede enriquecerse a costa de las que financiaron la investigación básica y su publicación” (ibid, p.9). Es fácil resultar tan unamuniano como se critica a otros que sean al concebir que crear e imitar son actividades sustitutivas. ¿O es que perjudicando nuestra propia investigación básica vamos a ser capaces de imitar mejor a los demás?

Retomemos los conceptos básicos. Cuando se habla de I+D, se está haciendo referencia a tres tipos de actividades: investigación básica (también llamada fundamental), investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Con estos términos se intenta reflejar el grado de orientación de tales actividades hacia objetivos tangibles. En función de lo que desee una sociedad, dados unos recursos limitados, se deberá primar un tipo de actividad de I+D u otra y es razonable suponer que cada opción ideológica puede tener motivos para decantarse por alguno. Hasta el momento, sin embargo, casi nadie lo había dejado por escrito con esa rotundidad. Por ejemplo, el PP había afirmado que “el desarrollo científico de vanguardia debe tener en cuenta la aportación fundamental de la investigación básica, que debe jugar un papel significativo en la creación de conocimiento” y proponía buscar “líneas de integración de la actividad empresarial en la universidad para conseguir una verdadera investigación aplicada”. Por su parte el PSOE se comprometía a “recuperar la herencia positiva del programa de Promoción General del Conocimiento dirigido a promover la investigación básica”, así como a impulsar el “reconocimiento del papel de los investigadores y tecnólogos del sistema público, que trabajen en investigación aplicada”. Es decir, ambos partidos reconocen la importancia de los dos tipos de investigación, pero no entran en la espinosa cuestión de a cuál de las dos favorecer. Eso en cuanto a líneas programáticas porque en lo que afecta a la respectiva gestión de gobierno tampoco había diferencias. Desde 1984 hasta 1987, la proporción de investigación básica cayó del 21% al 18% del total de actividades de I+D. De 1987 a 1991 se mantuvo en torno a ese 18%. De 1991 a 1995, durante las legislaturas tercera y cuarta del PSOE, ascendió hasta el 25%. De 1995 a 2002, ya con el PP, cayó al 19%. En 2003 y 2004, coincidiendo con el final de la segunda legislatura del PP se ha remontado hasta el 24% y 23%, respectivamente. Es decir, ha existido muy poca relación entre partidos en el gobierno y tipo de I+D predominante.

En cuanto a las empresas, sigue siendo válida la afirmación anterior: la investigación básica sigue el mismo patrón cíclico. Quizás con algún matiz por lo que respecta a la proporción de investigación básica de las universidades: mientras que se mantuvo estable durante el período socialista, sufrió cierto retroceso durante el período popular. Por lo tanto, la falta de planteamientos ideológicos se corresponde con una falta de actuación en el sector privado y, si acaso, con una ligera preferencia por la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico de las universidades por parte del centro-derecha. Y hay que reconocer que esta tendencia tiene mejor prensa en la opinión pública, que considera que, como su propio nombre indica, la investigación aplicada de las universidades es más útil para las empresas que la investigación básica. Si esto fuera cierto, lo lógico hubiera sido esperar que las empresas aumentaran su inversión en la I+D académica cuando en sus últimos años de gobierno, el PP predicaba con el ejemplo de las políticas científicas orientadas en este sentido. Pero no ha sido así, sino más bien al contrario: durante las diferentes legislaturas del PSOE la financiación empresarial de la I+D universitaria creció espectacularmente, hasta igualar a Estados Unidos y superar el promedio de la Unión Europea y la OCDE; en cambio, ha permanecido en un estado de atonía desde entonces. ¿Cómo puede darse esta contradicción aparente?

Una posible razón es que la investigación aplicada de las universidades no es tan útil para las empresas como parece intuitivo suponer. Y es que la etiqueta de aplicada induce a confusión, de lo que tienen buena parte de la culpa los analistas, que no previeron las consecuencias de la retórica del término cuando se acuñó internacionalmente en la década de 1960. En realidad, la investigación aplicada no es ni más ni menos aplicable que la investigación básica, sino que se destina a problemas más tangibles y por eso suele tener resultados más visibles y a corto plazo. Pero la mayoría de científicos reconoce que la aplicabilidad de los resultados de un tipo de investigación u otro es más una cuestión de calidad que de naturaleza de la I+D. Hágase investigación de buena calidad y será más probable que llegue al mercado tanto desde el seno de la empresa como desde la universidad. Obviamente, eso a veces exigirá arriesgarse a largo plazo, por lo que la estrategia de los individuos y la ideología de los gobiernos que los apoyan juegan un papel importante.

¿Por qué las empresas pueden tener motivos para mantener un nivel crítico de investigación básica y, asimismo, interesarse en la que hacen las universidades? Contestar a esa pregunta supone ofrecer justificaciones estrictamente económicas para otorgar una preferencia decidida de los gobiernos por la investigación básica. En primer lugar, realizar este tipo de actividad de I+D dota de una mayor capacidad para asimilar las ideas de terceros (lo que cuestiona el mito de que imitar sea gratis). En segundo lugar, la investigación básica sirve de criba para descartar alternativas poco rentables de la investigación aplicada. En tercer lugar, en el caso de las universidades, la investigación básica tiene una aplicación indirecta muy considerable sobre la innovación: genera una serie de resultados como capital humano capaz, empresas spin-off que sobreviven o patentes valiosas en mayor medida que la investigación aplicada. En cuarto lugar, aun en un mercado sin fallos, los integrantes de un sistema de innovación se pueden ver anclados en una posición persistente de seguidores, de la que la investigación básica les puede sacar mediante nuevos caminos con los que abrir posibilidades de liderazgo.

Esto último lo han tenido claro desde hace bastante en Estados Unidos, un país reacio al intervencionismo pero donde la política científica ha sido notoriamente dirigista y no ha dudado en financiar recursos para que las empresas desarrollasen tecnologías clave a partir de la investigación básica en aeronáutica, nanotecnología, etc. En este país, el ratio sobre el PIB de tal tipo de investigación es tres veces superior al español. Ciertamente, la estructura empresarial de EEUU es distinta de la española: empresas de mayor tamaño medio en sectores de tecnología más puntera. Pero pongamos el caso de los dragones asiáticos: si tanto nos preocupa que nos ganen terreno en los sectores tradicionales, ¿no es igual de alarmante que en Corea o Singapur el anterior ratio duplique el español, o que en China esté creciendo tres veces más rápido? Dentro de unas décadas, deberemos enfrentarnos duramente a estos países en los productos de alta tecnología.

En resumen, si se continúa primando la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico de las universidades valencianas, tendremos universidades útiles para una economía rezagada, amén de que duplicarán las funciones de los institutos tecnológicos. Si, por el contrario, se empieza a primar la investigación básica en las empresas, se tendrá universidades útiles para una economía de liderazgo, más hábil para crear e imitar. Desde luego, es más fácil actuar sobre la composición de la I+D pública que sobre la privada, pero en un gobierno que no ha dudado en priorizar gastos millonarios para reclamos turísticos con nombre de ciudad (de ciencias, luces o cines) es de esperar que considere también la importancia de la investigación básica para conceder la atención exigible. A partir de ahí, apóyese la buena investigación y lo demás no es que se nos dará por añadidura, pero desde luego será más fácil encontrarlo.