El repudio

Aunque el drama del coronavirus es el que más me ocupa y preocupa, cosa que sucede al resto de los mortales, también sigo con atención las noticias que desde el pasado domingo se vienen publicando sobre la decisión del Rey Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre y de retirar a don Juan Carlos la asignación fijada en los presupuestos de la Casa del Rey. Se trata de un asunto cuyo atractivo se justifica por sí mismo y, en este caso, además, con un valor añadido: los espléndidos análisis aparecidos en algunos medios, como los de este periódico, empezando por los distintos editoriales y continuando por comentarios del estilo de Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, al defender que Es el momento de arropar a Felipe VI, o de Eduardo Álvarez, dedicado a El Rey Felipe y la virtud. Y es que, a decir verdad, en asuntos de este tipo no abundan las posiciones intelectuales civilizadas, pues, por lo común, el echar las patas por alto suele ser la forma preferida para apoyar muy endebles argumentos.

En cuanto a la decisión en sí misma, aparte de inédita en la historia de nuestra Monarquía, al repudiar a don Juan Carlos y encima hacerlo públicamente, el Rey Felipe ha actuado como correspondía, es decir, con coherencia, rectitud y dignidad. Vaya por delante que, lo mismo que casi todas las cosas en la vida, ser Rey también tiene su precio. El Rey es un todo y cuando don Felipe decide reprobar a su padre, pese a lo doloroso que pueda haberle resultado, está enviando una señal de estabilidad. Si, por el contrario, la imagen que nos llega es la de un Rey que se comporta de forma no acomodada a los usos tenidos por ortodoxos, entonces el recado es bien distinto.

No es momento de colocar a don Juan Carlos en el cadalso de la opinión pública que tanto gusta a los radicales, pero sí de reprochar al Rey emérito que en un momento de su reinado olvidase que una de las reglas de oro de la Monarquía escrita sobre el tablero de la Constitución advierte que la Corona es la culminación de la ejemplaridad y que su titular jamás debe rondar la raya de lo ilícito. Tras su metedura de pata en Botsuana, hace ahora ocho años, para la mayoría de los ciudadanos en edad de interrogarse, aquel inoportuno viaje, aquella inoportuna compañía, aquel inoportuno traspiés y aquella inoportuna fractura de cadera pudo tirar por la borda, como así ha ocurrido, casi cuatro décadas de reinado.

Tengo para mí que lo mejor del Rey Felipe VI es que, siguiendo el consejo de sus leales, está al servicio de España. Al igual que hizo ayer con la alocución televisada –«Somos una sociedad en pie frente a la adversidad», subrayó–, mediante la simbólica inmolación de su padre, don Felipe demuestra saber que su poder es el instrumento de los fines del pueblo español y que, por el camino opuesto, el desacuerdo entre un rey y los ciudadanos difícilmente tiene remedio. En España lo que se quiere es un rey para todos y una monarquía que contribuya al buen gobierno. Un rey, como Felipe VI, que cultiva la sencillez, trabaja a conciencia y se expresa correctamente, no ignora que la monarquía no puede basarse sólo en el encanto personal y menos en el boato, ni se hace en los museos de figuras de cera que no sirven más que para, llegado el caso, derretirlas a fuego rápido con el consiguiente calentón de cabeza.

Por lo que se refiere a la renuncia, la cuestión es muy sencilla, pese a las dudas que provocan informaciones o titulares como que «El Rey Felipe renuncia a la herencia de su padre», pues en relación a su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la Fundación Lucum, lo que en el comunicado de la Casa del Rey se lee y es literal, es que «(…) renuncia a cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento pudiera corresponderles ahora o en el futuro (…)». Esto no significa que don Felipe haya renunciado, cosa que, obvia y legalmente, no puede hacer. Se hereda lo que es de otro o de los demás y no lo que es de uno. Se hereda por disposición de un testador identificable y fallecido. El conocimiento de estas reglas que podría adquirirse si se hiciera el esfuerzo de abrir el Código Civil a la altura de los artículos 991 y concordantes, ahorraría, sin duda, los disparates que, según tienen por costumbre, incurre el rábula o el leguleyo de turno.

Y ahora, otra cuestión, algo más sutil. ¿El Rey emérito es inviolable? De no serlo, ¿al menos tendría el privilegio del fuero?

A mi juicio, descartada la inviolabilidad por hechos susceptibles de tipificarse como infracciones penales cometidas con posterioridad a la fecha de su abdicación (19/06/2014) –léanse, delitos contra la Hacienda Pública o de blanqueo de capitales–, lo importante es saber la razón que justificaría la concesión del fuero del Tribunal Supremo a don Juan Carlos I y, luego, analizar si la prerrogativa es conveniente para todos, empezando por el interesado, a quien, recuerdo, al igual que a todo hijo de vecino, le asiste el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Mi razonamiento es a favor del sí al fuero, aunque sólo sea para conseguir el patrocinio de la cordura como herramienta dialéctica. Es más, creo que no hace falta un dispendio discursivo en la defensa de esta tesis, pues resulta evidente, a todos los efectos, que ese fuero especial es una concesión que en España tienen miles de personas, que van desde el presidente del Gobierno hasta el último diputado, el penúltimo vocal del Consejo General del Poder Judicial o el antepenúltimo consejero del Tribunal de Cuentas. La causa del aforamiento de don Juan Carlos no representa la imagen de lo absoluto ni de la prebenda y se fundamenta en una consideración al Rey por los años que fue Jefe del Estado. Después de tanto tiempo, qué menos que el Rey emérito pueda ser igual que otros muchos aforados y entiendo que su concesión es lo justo. También una actitud inteligente para evitar los peligros que generan quienes creen que el Derecho, la Ley y la Administración de Justicia son tres armas letales para crujir al prójimo. Nadie sensato querría ver a don Juan Carlos en el punto de mira de francotiradores de malsanos propósitos o bastardos intereses y el que quiera entender que entienda.

Se equivocan, por tanto, quienes piensan que el aforamiento de don Juan Carlos I pudiera significar una quiebra del principio de igualdad del artículo 14 CE. El Tribunal Constitucional concibe la igualdad como límite impuesto al legislador y ha dicho en no pocas sentencias –entre otras, la 33/1983, de 4 de mayo, la 90/1985, de 22 de julio y la 9/1990, de 18 de enero– que es necesario «indagar la naturaleza y fines de la prerrogativa, y determinar, si en función de ella, existen razones que justifiquen la desigualdad en el tratamiento legal».

En fin. Sobre el calendario de España, al galope, han pasado 42 años desde que nuestra Constitución proclamó a la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Nunca he sido monárquico, aunque todavía esté a tiempo de serlo. De momento, declaro que al margen de las encuestas, que, según los resultados, son contundentes en el grado de aceptación, el sentimiento de los españoles no es la disyuntiva república o monarquía, sino la democracia y si bien es verdad que la primera es más racional que la segunda, la historia, sin embargo, nos enseña que no siempre la política se guía por la razón. En los términos república o monarquía no se encuentra la solución de los problemas, sino en sus gobernantes e instituciones. Hoy, en España, los ciudadanos son monárquicos en cuanto la Monarquía se identifica con las ideas básicas de libertad, justicia e igualdad.

El Rey Felipe VI sigue siendo joven. Ha rebasado ya la linde del medio siglo de vida, cosa que, al decir del sereno Goethe, le hace un Rey honrado, prudente y cabal. Viéndole ayer en su Mensaje televisado a la Nación, tengo la sensación de que las auténticas arrugas del Rey de España, de nuestro Jefe del Estado, son las que guarda en el alma

Javier Gómez de Liaño es abogado. Ha sido magistrado de la Audiencia Nacional y miembro del Consejo General del Poder Judicial.

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