«La verdad es que Alberto ha hecho una exposición que me ha quitado buena parte de lo que yo tenía que decir... La evaluación de las cosas que ha hecho se corresponde con la realidad de lo que estamos viviendo..»..
El arranque de la intervención del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en el III Foro Internacional de Expansión no pudo ser más elocuente de su apoyo explícito a las políticas económicas que propone Alberto Núñez Feijóo. Pablo Casado nunca disfrutó de ese respaldo. El jefe de la patronal siempre vio con recelo el turboliberalismo dogmático del joven líder del PP. Lo que se visualizó este miércoles ante un auditorio repleto de primeros espadas del Ibex, como anticipó hace un mes la alta burguesía catalana con el recibimiento en el Círculo de Economía, es que los empresarios ya han identificado detrás de Feijóo el aura refulgente de la expectativa del poder.
Es difícil creer ya que este Gobierno esté en condiciones de afrontar los pronósticos sombríos que padecen en su día a día las familias al llenar la cesta de la compra, por mucho que Nadia Calviño repita que habrá «crecimiento robusto». España será el último país de la zona euro en recuperar el PIB anterior a la pandemia y la inflación media se situará cerca del 8%. La actividad económica se ralentizará y los sindicatos, al calor de la ambición de Yolanda Díaz, ya anuncian movilizaciones si no se actualizan los salarios. El endurecimiento de la política monetaria pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda española, cercana al 120%, pero no disuade a Pedro Sánchez de su promesa descabellada de incrementar las pensiones conforme al IPC.
La configuración del Consejo de Ministros y sus alianzas estratégicas no están pensadas para afrontar medidas de desgaste: sí para las guerras culturales, la frivolidad ideológica y la demagogia. La deslealtad existencial de sus socios impide al Gobierno controlar las votaciones trascendentales: cada una es una incógnita y una angustia. Se exhiben sin pudor las divisiones en el seno del propio Ejecutivo, un cuatripartito de ministros socialistas -muchos irrelevantes y otros con sus propias rivalidades y discrepancias-, Yolanda Díaz, IU y los restos de Podemos. Por encima se alza el cesarismo vocacional de Sánchez, con la ayuda de un único e hiperactivo bombero, según la feliz metáfora que acuñó Lucía Méndez.
Este contexto de debilidad interior condiciona inevitablemente la proyección exterior de España. No por casualidad, Argelia terminó de quebrar el statu quo del Magreb apenas minutos después de que Sánchez explicase en el Congreso en completa soledad, con la mitad del Gobierno en contra y sin el respaldo de la oposición, una decisión que, por mucho que siguiera la línea de EEUU o Alemania, sólo podría haber sido de Estado, pero que el presidente concentró personalmente: el volantazo histórico para permitir a Marruecos atribuirse la soberanía del Sáhara, con el consiguiente enfurecimiento de su rival antagónico. España pierde el tren del hub gasístico en favor de Italia, queda al albur del incremento de los precios o incluso de los cortes de suministro que pueda imponer Argelia, y su posición es tan frágil que ninguna garantía obtiene de que Marruecos vaya a ceder en sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla.
Sobre las motivaciones de Sánchez pende la sospecha cáustica de haber cedido a un chantaje de Rabat tras haber sido espiado con el sistema Pegasus. Pero aun así habría sido impensable adoptar unilateralmente ese giro en política exterior en un presidente que no estuviera lastrado por la falta de cohesión de su propio Consejo de Ministros y por su trayectoria de aversión al diálogo de Estado con la oposición: a la centralidad política, que es donde descansa la fortaleza de la democracia.
La crisis más importante que padece España es la crisis institucional, que es el precio que paga el Gobierno por legitimar a formaciones contrarias a la Constitución. Es la más grave porque la confianza en el edificio constitucional es la fuente única de la estabilidad y la seguridad jurídica. Durante su primer debate en el Senado, Sánchez despreció la mano tendida en política económica de Feijóo, pero sobre todo dejó claro que su prioridad sigue siendo la ocupación del poder: «Cumpla con la Constitución y renueve el Consejo General del Poder Judicial», le dijo.
Y es cierto que hay que renovarlo, pero también que su obsesión es reveladora. Nunca desde la Transición las negociaciones habían tenido que desarrollarse en un clima de tanta desconfianza por la erosión continuada que se ejerce sobre las instituciones de control sobre el poder. El PP de Pablo Casado cayó en la desautorización moral de su propio discurso y despreció a la ciudadanía al no explicar de forma convincente su enrocamiento. El de Núñez Feijóo pondrá a prueba su compromiso con la regeneración democrática en las que ahora se inician y que protagonizarán las próximas semanas.
La clave será el Constitucional: hoy mismo vence el mandato de su presidente y otros tres magistrados. Como a dos de ellos tiene que sustituirlos directamente el Gobierno, esto implica de manera inevitable un vuelco, quizá para los próximos nueve años, en el órgano que representa la última ratio decisoria sobre los grandes asuntos de Estado, también sobre los que afectan a su integridad territorial. El gran contrapoder cambia de manos. Los otros dos tiene que nombrarlos el CGPJ: y aquí el problema, porque el órgano de gobierno de los jueces tiene bloqueada tras una reforma legal su capacidad de proveer cargos mientras no se renueve.
La letra de la Constitución es clara: los cuatro magistrados deben designarse juntos para evitar dotar de una connotación abiertamente partidista al Alto Tribunal. Así que habría que afrontar previamente el CGPJ. Pero Moncloa ha deslizado en las últimas semanas a personalidades influyentes en el TC y el Supremo que está dispuesto a una maniobra que consistiría en designar directamente a los dos a los que tendría derecho y, a continuación, utilizar a la Abogacía del Estado para recusar a los cuatro magistrados con el mandato vencido. De esta forma, solo los siete restantes -el octavo está enfermo-, entre los que existe mayoría progresista, votarían a favor de la introducción en el Tribunal de los dos magistrados nombrados por el Ejecutivo de esta manera irregular. Esta fórmula nos abocaría al desprestigio total del órgano y al abismo constitucional. «Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace», fue el discurso de despedida del Constitucional de su presidente Tomás y Valiente en 1992.
Algunos dirigentes del PP interpretan que se trata de una presión para provocar en ellos alguna iniciativa. La dirección del partido ve sin embargo al Gobierno capaz de hacerlo. El PP negociará a través de Esteban González Pons la renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional, con el propósito de hacerlo desde la transparencia y no desde el mero intercambio de nombres, aunque con la línea roja de que ceder la mayoría en los órganos constitucionales no implique el riesgo de renunciar a su supervivencia. Lo que debería tener presente es que no sería aceptable una componenda infame como la que perpetró Teodoro García Egea; que el comisario de Justicia, Didier Reynders, exigió en septiembre «el compromiso claro e irrevocable» de reformar la ley para que en la próxima renovación sean los propios jueces quienes elijan sus vocales del CGPJ, y que la mínima higiene democrática impone la salida del más arbitrario y disolvente de los nombramientos de Pedro Sánchez: la impresentable Dolores Delgado.
Tampoco la dimensión que ha alcanzado la crisis con Marruecos y Argelia habría sido imaginable con la intercesión de una Corona fuerte e implicada en la política internacional. La ostentosa visita de Don Juan Carlos ha representado un punto de inflexión. Sin duda, Felipe VI preferiría a su padre cerca como mejor forma de preservar su legado. Pero Zarzuela lo considera «fuera de control». La información de Esteban Urreiztieta y Ángela Martialay, que revelaron en EL MUNDO que la Agencia Tributaria mantiene abierta una investigación exhaustiva que incluye los gastos de sus cacerías, pone de manifiesto el interés en que el Emérito dilate al máximo su próximo regreso. También a la más alta institución del Estado llegarán pronto aires de renovación con la mayoría de edad de la Princesa Leonor en octubre de 2023, coincidiendo con el cambio de legislatura. Como le dijo el Rey con motivo de la entrega del Toisón de Oro: «Tus acciones -todas- deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad, por la capacidad de renuncia y de sacrificio, por el permanente espíritu de superación, y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo».
Si se aplicasen a la política, estas palabras de Felipe VI servirían para recordarnos que otra forma de hacer las cosas es posible. Que no hay lugar para la resignación y el conformismo. Que existe una política transformadora que va más allá de la mera estrategia porque antepone el interés ciudadano al patriotismo de partido. Que España necesita reformas económicas estructurales, sin duda, pero sobre todo un liderazgo que asuma como un mandato el compromiso con el rearme institucional y la centralidad política, la moralidad de la vida pública, el fortalecimiento de la sociedad civil y la recuperación del vigor democrático. Dentro de una semana, Andalucía nos dirá si suena el timbre de un cambio de ciclo.
Joaquín Manso, director de El Mundo.