El resultado final es lo que cuenta

En toda negociación es importante, a menudo esencial, conocer tanto las propias fuerzas y debilidades como las de la contraparte, para que este conocimiento permita modular la flexibilidad o intransigencia con la que deben abordarse las diferentes partes del posible acuerdo. Para conducir la negociación con eficacia, es útil saber la necesidad que tiene el interlocutor de llegar a un pacto o la posibilidad de rechazarlo si no le es favorable, si el tiempo corre a su favor o en su contra, saber lo que es para él esencial y secundario, etcétera.

En la negociación de la financiación de Catalunya por parte del Estado existen dos niveles de problemas. El más visible y externo son los puntos propuestos por el Gobierno y la redacción formal del Estatut; lo más importante y más oculto es cómo se cierra el acuerdo a partir de los fondos de solidaridad y de nivelación, una vez definidos los mecanismos y parámetros que fija la financiación. No es preciso explicar que el segundo nivel puede hacer variar sustancialmente el contenido del primero. Es, por tanto, capital, porque solo el resultado final cuenta: cuál es la financiación que se recibe.

Las propuestas del Gobierno y la redacción del Estatut tienen diferencias sutiles y significativas. Para el Gobierno, los recursos tributarios cedidos a las autonomías para la prestación de servicios básicos (educación, sanidad y servicios sociales esenciales), garantizarán la igualdad de todos los ciudadanos independientemente del lugar de residencia; para el Estatut, también, "siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar".

Para el Gobierno, los tributos cedidos serán el 50% del IRPF, del IVA y los impuestos especiales, y el 0% del impuesto de sociedades. Para el Estatut, la participación en los tributos se establece teniendo en cuenta los servicios y competencias de la Generalitat, es decir, no están predeterminados, sino que son consecuencia de los gastos derivados de las responsabilidades que tiene la comunidad autónoma.

Para el Gobierno, las variables de distribución tendrán en cuenta la población actual y su evolución. Para el Estatut, la variable básica será la población, corregida por los costes diferenciales y nivel de vida, con un mecanismo de ajuste en función del porcentaje de población inmigrante.

De la comparación de estas tres cuestiones --hay más--, se deduce que las diferencias son aspectos no menores que pueden tener impactos importantes en la financiación. No obstante, esto puede ser lo menos significativo.

Entremos en el nivel más profundo y más importante del acuerdo: como reconoce el Estatut, los mecanismos de nivelación y de solidaridad, que son los que completan y corrigen las aportaciones del Estado derivados de los criterios explicados antes, son "fijados por el Estado"; por tanto, este puede eliminar y/o reducir la mejor financiación lograda en base a los criterios de negociación (que para el ministro de Economía tienen que consensuarse por todas las comunidades autónomas).

La única y capital garantía de que esto no suceda es el artículo 206.5 del Estatut, que determina taxativamente que "el Estado debe garantizar que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Catalunya en la ordenación de rentas por cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación".

Es decir, hay límites para la negociación, de modo que Catalunya, que es contribuidora de este fondo, no puede tener una renta por cápita, una vez hechas las aportaciones, menor que la de aquellas comunidades a las que aporta, lo cual es de una lógica simple y contundente.

Por último, cabe señalar que la presión de llegar a un acuerdo es más fuerte para el Gobierno central que para la Generalitat, ya que el fracaso político que significaría para el primero es difícilmente asumible, con independencia de que encuentre o no el necesario apoyo parlamentario.

El tiempo y la presión para llegar a un acuerdo corren en contra del Gobierno. La Generalitat tiene una posición sólida que se deriva de las razones objetivas que sustentan sus argumentos: el déficit de financiación que recogen las balanzas fiscales, el incremento de los gastos a causa del aumento de población, y el Estatut, ley orgánica, que pone límite a los fondos de nivelación aportados por Catalunya. Esto le permite no llegar a cualquier acuerdo, y de ahí se deriva su fuerza.

En estas circunstancias, la contención del Govern de la Generalitat y la firmeza en la defensa de las propias posiciones se está demostrando que son los mejores aliados en una negociación que no puede tener otro resultado que el acuerdo o el fracaso político especialmente del Gobierno. Todas las opciones están abiertas, excepto la aceptación de una financiación insuficiente que iría en contra de los intereses de los ciudadanos de Catalunya y perjudicaría la relación de Catalunya con el Estado, lo que no beneficia a nadie porque la cohesión social se resentiría.

La situación actual no es fácil, pero quizá en este caso, como ocurre en otros, el realismo (para conocer y poner en valor la propia fortaleza) y la paciencia y la discreción (para administrarla) sean las claves del éxito, del que uno mismo tiene que estar convencido, porque eso es un componente esencial para lograrlo.

Joaquim Coello, ingeniero.