El reto de dar respuesta a los riesgos geológicos

En los últimos tres años han ocurrido en España tres riesgos de origen geológico que han ocasionado enormes pérdidas y alarma social, incluso víctimas mortales. Nos referimos al terremoto de Lorca, la erupción volcánica submarina de la isla de El Hierro y el reciente caso del almacenamiento de gas desde la plataforma Castor en aguas de Castellón. En Lorca el terremoto que causó el desastre fue de magnitud 5,1, pero las condiciones geológicas del subsuelo donde se asienta la ciudad amplificaron las ondas sísmicas y causaron daños desproporcionados para dicha magnitud. Se conocía el subsuelo y la peligrosidad sísmica y se disponía de mapas que señalaban las zonas donde se podrían dar los fenómenos de amplificación, pero la norma sismorresistente fue insuficiente y la planificación urbana no tuvo en cuenta los citados mapas. 1.500 edificaciones se destruyeron, algunas de ellas de muy reciente construcción. Hubo nueve víctimas mortales y 334 heridos y unas pérdidas estimadas en unos 1.200 millones de euros. En El Hierro, la erupción submarina de 2011 obligó a tomar medidas extraordinarias de protección civil, produciéndose pérdidas estimadas en unos 20 millones de euros. La erupción no fue anticipada ni tampoco se disponía de información suficiente para prever la naturaleza del fenómeno volcánico y su posible peligrosidad, por lo que tales medidas estuvieron justificadas ante las incertidumbres científicas. En 2013 se produjo el cierre de la planta Castorpara almacenamiento de gas natural. Pequeños terremotos, que no excedieron la magnitud de 4,2, alarmaron a la población limítrofe y provocaron el cierre de la planta. La sismicidad inducida por la inyección no fue prevista, a pesar de ser un fenómeno previsible en casos semejantes. Si el cierre es definitivo las pérdidas podrían alcanzar los 1.750 millones de euros.

En solo los tres últimos años las posibles pérdidas por los citados riesgos suman 2.970 millones de euros. Ante esta situación alarmante para nuestra economía, deben extraerse una serie de enseñanzas para evitar el grave impacto económico y social de los riesgos naturales o inducidos. Se ha insistido desde distintos foros científicos en la necesidad de mejorar la coordinación e integración de las distintas instituciones de investigación, en este caso geocientíficas. Valga como ejemplo de un intento frustrado en este sentido el proyecto aprobado en 2005 y 2006 por las cámaras del Senado y del Parlamento de Canarias, respectivamente, para crear el Instituto Volcanológico de Canarias como un centro integrador y coordinador de todas las instituciones relacionadas con el riesgo volcánico en España. A pesar del amplio acuerdo entre políticos y científicos ha sido imposible conseguir este objetivo.

También es inaceptable la contribución del Estado al fomento de la investigación en ciencias de la Tierra. En la actual convocatoria del plan estatal de subvenciones a proyectos de I+D se han destinado 85,5 millones de euros para el conjunto de todas las áreas científicas, no figurando en este plan ningún subprograma específico en geo-ciencias. Por otro lado, la propia Administración hace escaso uso de este tipo de científicos, cuya presencia es muy baja. Sin ir más lejos, el propio Instituto Geológico y Minero de España —organismo público de investigación en geología y minería— tiene cada vez menos peso institucional, además de carecer de competencias en sus propios campos de actuación, como por ejemplo en los riesgos por terremotos o por erupciones volcánicas, o en la ordenación del medio físico y en el medio ambiente.

La reciente casuística nos sitúa como un país muy vulnerable a los riesgos geológicos naturales o inducidos, aun no habiéndose producido eventos de alta intensidad, pero que han dejado víctimas mortales y una sociedad que desconfía y rechaza las nuevas tecnologías, como en el caso del Castor, y no se explica cómo no se pudo evitar el desastre de Lorca o las pérdidas en la economía de El Hierro, donde sus casi 10.000 habitantes viven principalmente del turismo.

El avance tecnológico de los últimos años ha impuesto una serie de retos a la explotación de recursos energéticos y de materias primas que también pueden implicar riesgos medioambientales de difícil aceptación social. La compatibilización de las nuevas tecnologías al servicio de la sociedad implica disponer de avanzados conocimientos científicos que sustenten el desarrollo tecnológico y sirvan de instrumento eficaz a la Administración en la compleja tarea de informar a la sociedad, cuya postura es de entrada negativa a la implantación de tecnologías que supongan cualquier tipo de amenaza; pregúnteles a los afectados por la planta Castor, o a los mallorquines y a los canarios ante la explotación de hidrocarburos en sus aguas.

El almacenamiento geológico del CO2 o de gas natural en reservorios geológicos, la explotación de hidrocarburos en el mar o a partir de la fracturación hidráulica (fracking), la energía geotérmica, la explotación de minas a cielo abierto, o el almacenamiento de residuos radiactivos, son ejemplos de nuevas tecnologías que pueden contribuir a satisfacer y abaratar la demanda energética y que, en contraposición, tenemos a una sociedad que no participa ni recibe la información necesaria, por lo que se está generando un clima de rechazo ante cualquiera de estas tecnologías, que por otra parte son pieza necesaria para el desarrollo y la competitividad.

Muchos de estos problemas de aceptabilidad social pueden ser evitados con la aportación del conocimiento geológico a la toma de decisiones, que deben ser consensuadas y basadas en una información científica rigurosa que ofrezca tanto las soluciones como las incertidumbres. En dichas decisiones la sociedad tiene que jugar un papel activo y participativo. Un ejemplo de consenso y participación social, política y científica, fue el caso de la presa de Itoiz en Navarra, 2004, donde se produjo una gran alarma social ante los terremotos inducidos por el llenado del embalse, el mayor de los cuales alcanzó una magnitud de 4,6. En la actualidad la presa está plenamente operativa, la sismicidad es inapreciable y la alarma social ha desaparecido.

La prevención, mitigación y control de los riesgos geológicos es una de las tareas de mayor necesidad y urgencia en un planeta en el que cada año las pérdidas económicas y de vidas humanas crecen exponencialmente desde las últimas décadas. Estos riesgos pueden, en muchos casos, evitarse con medidas adecuadas o, al menos, mitigarse. Es uno de los grandes retos pendientes y que no admiten demora, pues aunque en España en el último siglo apenas hemos sufrido riesgos geológicos importantes, los recientemente acaecidos son suficientemente elocuentes de lo que está en juego.

Luis I. González de Vallejo es catedrático de Ingeniería Geológica en la Universidad Complutense de Madrid.

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