A menudo, la calificación de histórico se utiliza de forma gruesa. En un mundo que se renueva a velocidad de vértigo, cada cambio es presentado como una oportunidad histórica, cuando no directamente como un hecho o novedad de trascendencia histórica. Sin embargo, en relación con la hepatitis C, estamos realmente ante la oportunidad de hacer historia, de conseguir un logro extraordinario para nuestros pacientes pero también para la salud pública en nuestro país: lograr por primera vez en la historia de la medicina la eliminación de una infección viral crónica para la que no existe vacuna, y hacerlo además en un tiempo récord.
Desde que se descubriera el virus de la hepatitis C han pasado apenas tres décadas en las que hemos visto como se convertía en la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa en nuestro país y duplicaba la mortalidad originada por el virus del SIDA. Todavía hoy es la primera causa de cirrosis, enfermedad hepática terminal y cáncer de hígado en muchos países occidentales, y también la principal indicación de trasplante hepático. Dicho de otra forma, en poco más de veinte años hemos tomado conciencia del importante problema de salud pública que representaba esta infección viral por su prevalencia, morbilidad y mortalidad, y elevado coste sanitario.
Y sorprendentemente también, en los últimos cinco años hemos asistido a una revolución sin precedentes en la historia de la medicina: la irrupción de fármacos, los denominados antivirales de acción directa, que logran la curación de la infección en tasas superiores al 95%, tasas a las que ni tan siquiera llegan —en protección— algunas vacunas.
La incorporación a la prestación pública de estos nuevos medicamentos hace ahora tres años no estuvo exenta de resistencias y de un vivo debate público entre las reivindicaciones de profesionales y pacientes y las dudas sobre la sostenibilidad económica de unos tratamientos, que hoy en día tienen un coste inferior al de aquellos con los que hasta entonces se venía tratando la enfermedad y —obligado es recordarlo— que producían marcados efectos secundarios y tasas de curación no superiores al 40%.
Finalmente, España apostó por la incorporación de estas terapias ante la presión creciente de los pacientes y atendiendo al criterio de los especialistas. Al principio se optó por la priorización, y recibieron el tratamiento aquellos que tenían una enfermedad hepática más avanzada, pero en junio de 2017 el Gobierno y las Comunidades Autónomas acordaron la extensión del tratamiento a todos los pacientes independientemente de la gravedad de la enfermedad, y actualmente hay más de 105.000 personas que han sido tratadas y curadas de hepatitis C en nuestro país.
Son estos resultados los que nos permiten hoy hablar sin exageración de “oportunidad histórica” para la hepatitis C en España. Ciertamente lo es, porque sería la primera vez que un sistema sanitario incorpora los medios para la eliminación una infección viral crónica para la que no existe vacuna y que constituye un extraordinario problema de salud pública. Los nuevos estudios de prevalencia —el número de personas que tienen la enfermedad— avalan además esa oportunidad histórica, pues arrojan cifras de entre el 0,3% y el 0,4% de la población, un porcentaje mucho menor del estimado anteriormente, lo que convierte la eliminación de la hepatitis C en nuestro país en un objetivo verdaderamente asequible.
Un objetivo asequible para el que sin embargo no es suficiente la universalización del tratamiento, sino que necesita acompañarse de políticas activas de cribado que permitan diagnosticar a los pacientes que desconocen que padecen la enfermedad. Se estima en torno a 50.000 el número de adultos que no saben que tienen hepatitis C y que no solo pueden evolucionar a las fases más graves de la enfermedad, sino también contagiar la infección a otras personas. Debemos ser conscientes de que para alcanzar el ambicioso objetivo de la eliminación —alineado con las previsiones de la OMS— no basta con tratar a los pacientes diagnosticados: es necesario al mismo tiempo diagnosticar todos los casos desconocidos y vincular el diagnóstico al tratamiento precoz, centrándose especialmente en los colectivos más vulnerables, en los que es preciso acometer planes específicos de microeliminación.
Como en el momento de la incorporación de los tratamientos, vuelven a surgir las dudas sobre la sostenibilidad y prioridad de esas nuevas políticas que necesitamos y, como entonces, los estudios de coste-efectividad vuelven a recomendarlas, insistiendo en la necesidad de elevar el foco y hacer un análisis global. Diagnosticar y tratar es más barato a medio y largo plazo que no hacerlo, y hoy ya empezamos a recoger los frutos del tratamiento universal en nuestro país: el número de personas en lista de espera de trasplante hepático y de los ingresos por las complicaciones y descompensaciones de la enfermedad hepática crónica por el virus de la hepatitis C se ha reducido drásticamente en España en los últimos tres años.
Con unas tasas de tratamiento realmente excepcionales y una prevalencia inferior al 0,5%, España está en una excelente posición para eliminar la hepatitis C como problema de salud pública. Estamos cerca de hacer historia. Convenzámonos de que es posible.
Javier García-Samaniego Rey es jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz y coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE).