Tras el paréntesis impuesto por la última fase de la campaña electoral --en la que los grandes partidos no hablaron de corrupción-- el asunto Urdangarín ha vuelto con fuerza a los diarios. Con nuevos detalles que amplían, y mucho, sus dimensiones y ramificaciones, pero también con una novedad respecto de la precedente ola de informaciones y opiniones en torno al caso: la de que algunos de esos diarios --El Mundo o Público, por ejemplo-- ahora se esfuerzan por dejar claro que no hay que achacar al Rey el comportamiento de su yerno, aunque sí le piden que explique su posición ante un escándalo que, por lo que se ha contado hasta el momento, se parece demasiado a los que han salpicado la crónica negra de estos últimos años.
LA ÚLTIMA VEZ que la Casa Real salió a la escena pública al respecto fue a mediados de noviembre para declarar que Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas Elena y Cristina, actuó a "título estrictamente privado" al ejercer, tal y como reveló la prensa, también como tesorero del Instituto Nóos, la empresa presidida por Iñaki Urdangarín y eje de la trama societaria que la justicia investiga porque sus actividades podrían haber incurrido en prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y evasión de capitales. Unos días antes la Casa Real había pedido en otro comunicado oficial que Urdangarín fuera "tratado como un ciudadano más" si un día tuviera que afrontar la justicia.
A las filtraciones del sumario se ha añadido un largo informe de la Agencia Tributaria que describe con detalle las prácticas llevadas a cabo por la trama societaria de Urdangarín, entre otras cosas "para desviar dinero público". Pero el yerno del Rey --que como consorte ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono-- aún no ha sido imputado. Y eso no ocurrirá, si debe ocurrir, al menos hasta que el Gobierno del PP tome posesión y nombre un nuevo fiscal general del Estado. Este deberá decidir no solo si su departamento asume las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, sino también la jurisdicción a la que se asigna el caso, que podría finalmente ser la Audiencia Nacional, pues los supuestos delitos habrían sido cometidos en distintas autonomías, cuando menos en Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.
Mariano Rajoy tendrá por tanto que desempeñar un papel importante en el encauzamiento de la cuestión. Aunque no pocos de los antimonárquicos más activos se inscriben en los ámbitos de la derecha, caben pocas dudas de que el nuevo presidente del Gobierno optará por una línea de defensa de la estabilidad institucional. Pero necesita que previamente el jefe del Estado se pronuncie sobre el futuro de Urdangarín en cuanto miembro de su institución.
En ese sentido, en los mentideros madrileños se barajan hipótesis que van desde el divorcio de la infanta Cristina --que quienes aseguran conocerla descartan absolutamente-- hasta la renuncia por parte del investigado duque de Palma a su condición de miembro de la familia real. Puede que estemos en vísperas de un anuncio que no tiene ni un remoto precedente en las más de tres décadas de la reinstaurada Monarquía española. Pero todo indica que los acontecimientos hacen inevitable un paso de esa índole.
Muchos españoles aceptarían, aunque con razonamientos distintos y no todos benevolentes, que el Rey dejara caer a su yerno. La pregunta q ue quedaría en el aire después de ese gesto, y a la espera de la conclusión de un eventual procedimiento judicial que puede durar bastante tiempo, es la que se refiere a los daños que el asunto ha provocado ya y puede provocar aún a la institución monárquica.
LO CIERTO ES QUE no ha agrandado significativamente el círculo de los antimonárquicos militantes, que sigue estando formado por los mismos columnistas de ciertos medios y algún político aislado como Iñaki Anasagasti, a los que cabe sumar, aunque sus planteamientos no son idénticos, a los partidos de la izquierda republicana, encabezados por IU. Pero frente a eso el escándalo ha tenido, y sigue teniendo, una difusión extraordinaria. No solo por la cantidad de páginas que le dedican los diarios, sino, sobre todo, por el enorme impacto que tiene en la red de medios digitales. Que nadie, por mucho poder que tenga, puede controlar.
Con un elemento adicional: los jóvenes son los principales usuarios de la red. Y es justamente la negativa valoración de la Monarquía por parte de los jóvenes la que ha provocado que por primera vez la institución haya resultado suspendida, con una nota de 4,89, en el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La actitud de las generaciones que no vivieron la transición ni el 23-F ni tienen casi referencias del papel que entonces tuvo el Rey es la principal fuente de preocupación sobre el futuro de la Monarquía. Porque a la postre son los estratos poblacionales con los que más debería identificarse el sucesor, el príncipe Felipe, para que su acceso a la Corona tuviera un sólido apoyo popular. Nada indica que el asunto Urdangarín vaya a hacer tambalear ahora a la Corona. Los problemas pueden surgir más adelante.
Por Carlos Elordi, periodista.