Uno de los asuntos que más preocupa a los Gobiernos de la mayoría de los países es el nivel educativo de su población, dado que de la formación depende el factor humano, la principal riqueza de cualquier nación. Podríamos decir que lo recomendable sería incluir en sus estrategias educativas un conjunto de competencias básicas que permitan a sus ciudadanos vivir de forma responsable y crítica en la sociedad, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Este —el nivel competencial— es un elemento transversal que, a nuestro juicio, debería formar parte de la mayoría de las políticas que desarrolla un Estado.
Existen informes que miden el nivel de competencias de los estudiantes y de la población activa, que arrojan una especie de ranking mundial. Sin ánimo de entrar a evaluar ni la metodología ni los resultados de sendos informes (el de PISA, para alumnos, y el de la OCDE, para la población activa) es necesario poner de manifiesto que la información que ofrecen sobre España pone encima de la mesa una serie de deficiencias importantes.
La historia reciente de nuestro país demuestra que la mejora de las competencias —la mejora de la educación— es una cuestión que ha preocupado a nuestros dirigentes y en la que a partir de la Ley Villar Palasí, uno de los grandes transformadores de la sociedad española, está la reforma educativa para mejorar la calidad de la educación que ha sido objeto permanente del debate positivo, aunque no con el suficiente consenso. Prueba de ello son las distintas y variadas reformas que se han llevado a cabo de nuestro sistema educativo (LOGSE, LODE, LOE, etcétera). La última de ellas, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, conocida como ley Wert), acaba de ser aprobada en el Congreso.
Desde siempre, los autores y editores españoles de libros, fundamentalmente los de texto en la enseñanza obligatoria y los científico-técnicos en la universitaria, vienen asumiendo su compromiso con la mejora continua del sistema educativo, habiendo alcanzado una calidad reconocida en todo el mundo. Para ello han trabajado en la ampliación de su oferta en calidad y cantidad, adaptándose a las sucesivas regulaciones, a los cambios de estructuras competenciales, a las transformaciones pedagógicas y a los avances tecnológicos.
El sector editorial español se ha caracterizado por su competitividad, profesionalidad, pluralismo educativo y lingüístico, capacidad de exportación e innovación. A pesar de la crisis que estamos atravesando, la editorial sigue manteniéndose como la principal industria cultural de nuestro país, aportando un 0,7% al PIB, generando más de 30.000 empleos directos e indirectos, que son 100.000 si se tienen en cuenta librerías y distribuidoras, y manteniendo año tras año una balanza comercial positiva. Las cifras del pasado año siguen siendo positivas: según el informe del comercio interior del libro de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), se editaron casi 80.000 títulos y se produjeron algo más de 280 millones de ejemplares.
Como explicábamos antes, el sector del libro, uno de los pilares sobre el que se sustenta un sistema educativo de calidad, ha hecho grandes esfuerzos para adaptarse a las necesidades y demandas de administraciones educativas, de docentes y del alumnado. Estos requerimientos han estado muy marcados por la transformación de los hábitos de acceso y copia de libros que han traído de la mano las tecnologías de la información.
Por una parte, los editores destinan grandes esfuerzos a ampliar la oferta digital, tanto en lo que se refiere a la edición de novedades, como en digitalización de fondos. En 2012 la venta de libros en formato digital arrojó una facturación de 74,25 millones de euros, lo que supuso un ligero aumento respecto al año anterior, superando el 2% de crecimiento.
Por otra, autores y editores, a través de Cedro, completan esa oferta facilitando licencias de reutilización de contenidos ya editados, que permiten a la comunidad educativa acceder y compartir legalmente sus contenidos en las aulas. Mediante esta entidad de gestión también proporcionan fórmulas razonables y justas para ser remunerados por estos usos que se hacen de sus obras y que son complementarios a la venta y suscripción de ejemplares. Este modelo de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual es el que se sigue en la mayoría de países europeos y, sobre todo, en aquellos cuyas competencias educativas están más desarrolladas y tienen mejores sistemas educativos.
Sin embargo, el compromiso y la respuesta dada por el sector se encuentran con una propuesta de marco regulatorio en materia de propiedad intelectual que, lejos de promover e incentivar la generación de contenidos de calidad, mina a medio plazo la edición española, sobre todo la científico-técnica, afectando negativa y directamente al sistema educativo.
La propuesta de reforma de la vigente ley de propiedad intelectual, en este momento en el Consejo de Estado, incluye una nueva regulación sobre el uso de las obras de texto en ámbitos educativos que restringe el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y reduce al mínimo su contenido económico. Si sale adelante la propuesta tal y como está, supondrá un duro golpe a los autores y editores, puesto que se discrimina la actividad creativa y editorial de España, restando competitividad al sector respecto al de los países más avanzados; provocará inseguridad jurídica en todos los centros educativos y generará conflicto en instancias administrativas y judiciales nacionales y comunitarias. El proyecto no guarda el necesario equilibrio entre los intereses afectados.
Mejorar las competencias de nuestros alumnos y futuros profesionales pasa por tener una oferta de contenidos de calidad y mecanismos fáciles que permitan acceder a ellos y compartirlos de forma legal, ya sea en clase a través de fotocopias o en un aula virtual. Pero también pasa por remunerar razonable y justamente a los autores y editores de los contenidos utilizados para que puedan seguir desarrollando su actividad.
Reflexionemos de forma conjunta, busquemos soluciones consensuadas y lleguemos a pactos, antes de perpetuar en una ley el desequilibrio del sistema de propiedad intelectual en los centros educativos en España, que abocará, sin duda, a la pérdida de nuestro potencial editorial y educativo.
Magdalena Vinent es directora general del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). Antonio María Ávila es director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).