El clericalismo es llevar la influencia de la Iglesia y del clero más allá de su misión pastoral, de pretender que los laicos católicos, en cuestiones temporales, sigan las directrices políticas de los clérigos. El anticlericalismo español, una constante de nuestra historia, no se entiende sin el previo clericalismo que convertía al clero en dirigente de las opciones políticas que debían seguir los católicos. «El anticlericalismo», ha escrito Paul Aubert, «mucho más que el rechazo de la doctrina o del magisterio de la Iglesia, es una reacción contra el clericalismo (...) De manera inversa el clericalismo no es la práctica de la religión, sino la desviación de ésta con fines políticos». El clericalismo español estuvo ligado al Carlismo o Tradicionalismo, en donde religión y política se unían indisolublemente.
El Concilio Vaticano II dio el carpetazo definitivo a cualquier veleidad de mezclar catolicismo y opción política, empezando por «reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales» (Gaudium et spes, núm. 75).
Apelando a la conciencia cristiana, el Concilio reconoce el legítimo pluralismo dentro de los católicos, salvando, eso sí, la defensa de los principio morales básicos que, por cierto, no son muchos (defensa de la vida, del matrimonio entre hombre y mujer, por ejemplo). Incluso algunos de estos principios morales básicos, la búsqueda del bien común por ejemplo, pueden tener muy distintas opciones prácticas.
El Papa Francisco está incidiendo en cuestiones sociales de índole moral pero se cuida mucho de proponer soluciones concretas. Bergoglio hace una llamada a la responsabilidad y a la conciencia de todos los católicos, pero compete a estos buscar la manera de llevar a la práctica esas exigencias morales.
Cuando los partidos confesionales han desaparecido de Europa y parece que recurrir a argumentos teológicos para justificar opciones políticas concretas ya es algo del pasado, en Cataluña reverdece un neoclericalismo o un retorno a la vieja tesis del tradicionalismo que mezcla religión y política. Este es el caso de una serie de organizaciones oficialmente católicas que se han constituido como «entidades cristianas por el derecho a decidir». Entre las entidades adheridas están órdenes religiosas como jesuitas, claretianos, escolapios o carmelitas e instituciones directamente vinculadas al episcopado catalán como Justicia y Paz, la Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos, algunas delegaciones de Cáritas, las escuelas parroquiales de Barcelona, y hasta la Unión de Religiosos de Cataluña. No consta que ninguna de estas entidades y organizaciones haya consultado a sus miembros si era oportuno adherirse al derecho a decidir. Entre todos los obispos catalanes, sólo el de Solsona se ha manifestado públicamente por del derecho a decidir.
El 31 de octubre de 2013 la presidenta del Parlamento de Cataluña recibía a representantes de estas entidades en un acto con amplia cobertura mediática. En dicho acto intervino el señor Carles Armengol, en representación de estas entidades, para recordar que la doctrina social de la Iglesia ampara el derecho a decidir. Otro de los intervinientes, el sacerdote José María Fisa, dijo textualmente que no les mueve «ninguna motivación partidista de ningún signo sino el compromiso con la gente para dar respuesta a las necesidades y carencias de cada momento histórico». En pocas palabras, según este clérigo, la opción de las entidades católicas por el derecho a decidir es una obligación moral derivada de un compromiso cristiano.
El 7 de julio se celebró un mitin en Barcelona convocado por las entidades cristianas por el derecho a decidir. Entre los oradores estaban Xavier Morlans, sacerdote y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña y la religiosa Victoria Molins. Entre los asistentes estuvieron presentes: el obispo Joan Godayol, Màxim Muñoz, presidente de la Unión de Religiosos de Cataluña, Joan Galtés, vicario episcopal de Barcelona y muchos otros clérigos.
¿Realmente la doctrina social de la Iglesia ampara el derecho a decidir tal como se entiende hoy en Cataluña por parte de quienes lo promueven? Para contestar con cierto rigor a esta pregunta habría que delimitar el propio concepto de derecho a decidir. Este desiderátum, en términos generales, es un principio moral irrebatible: el derecho a decidir entendido como la capacidad de cada persona para participar en la vida política es un derecho innegable que se concreta en las constituciones democráticas.
Nadie podrá negar que los ciudadanos catalanes poseen este derecho: participan en al ámbito local, autonómico y estatal, en los términos establecidos en la Constitución, la cual marca también las reglas por las cuales se puede modificar. Otra cosa diferente es entender el derecho a decidir como derecho a la secesión. Entendido así, es perfectamente defendible y legítimo, pero no es una opción moral que se desprenda de la doctrina social de la Iglesia en el caso concreto de Cataluña y, por lo tanto, sea objeto de tener una connotación «cristiana» y, además, que sea un imperativo moral para los católicos catalanes.
Si fuera parte de la moral católica, el derecho a decidir supondría que aquellos católicos que no lo defienden -tan legítimamente como quienes lo hacen- pueden aparecer como malos católicos, como les sucedía a los católicos liberales durante los siglos XIX y XX.
Las «entidades cristianas por el derecho a decidir» se acogen a una frase de Juan Pablo II ante las Naciones Unidas (5-V-1995): «Nadie -ni un Estado, ni otra nación ni ninguna organización internacional- nunca está legitimado a afirmar que una determinada nación no es digna de existir». Tal afirmación es un principio coherente con la doctrina de la Iglesia y cualquiera la puede aceptar. Pero los que utilizan esta frase entienden «existencia» de una nación como «independencia»; y como Cataluña no es independiente ni se le deja serlo, España está impidiendo su «existencia» lo cual es «anticristiano». Los clérigos del derecho a decidir sacan la frase de contexto y olvidan otras del mismo Papa. Por ejemplo: «Este derecho fundamental a la existencia no exige necesariamente una soberanía estatal, ya que son posibles diversas formas de agregación jurídica entre diferentes naciones, tal como en los estados federales, en las confederaciones o en los estados caracterizados por amplias autonomías regionales».
Si el derecho a decidir fuera una consecuencia de la doctrina de la Iglesia, el propio Papa Francisco lo hubiera reconocido. En una entrevista, preguntado por la cuestión catalana, sus palabras son una reflexión en un marco conceptual histórico político, que concluyen así: «Pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso». Y, además, analizarlo no corresponde a los clérigos y menos con apelaciones a la doctrina social católica.
Felipe-José de Vicente Algueró, es historiador, autor de El catolicismo liberal en España (Editorial Encuentro) y catedrático de Instituto, especialidad de Geografía e Historia.