El retorno del corporativismo

Del mismo modo que se dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios podríamos definir la política como una especie de guerra incruenta. Por eso los interesados se esmeran en aprender sus reglas. En particular aquella máxima del viejo maestro chino Sun Tzu que consideraba el engaño como el fundamento del arte de la guerra. O las de un compatriota suyo, el anónimo compilador de Las 36 estratagemas, que, ahondando en la misma idea, mostraba las ventajas que podían obtenerse en la batalla fingiendo atacar en un punto para golpear en el opuesto.

¿Por qué traemos estas sabias máximas a colación? Pues porque, preocupados por la ofensiva neoliberal de las últimas décadas, los ciudadanos no hemos prestado suficiente atención al devastador ataque que nos llegaba desde las filas de un neocorporativismo que, al menos en ciertos aspectos, es casi lo opuesto al liberalismo.

Porque si bien es cierto que las sucesivas oleadas privatizadoras se amparan todas en la ideología liberal del Estado-gendarme, únicamente preocupado por el mantenimiento de la ley y el orden, sería injusto reducir a esa fórmula el credo liberal. Uno de los mejores legados del liberalismo clásico es la tajante distinción que estableció, al menos en el plano doctrinal, entre la esfera de los intereses particulares y el interés público. Los primeros son asunto de los individuos o de lo que se denomina la sociedad civil, mientras que la defensa del segundo atañe al Estado.

Fue justamente esa distinción la que se esforzaron en borrar los regímenes corporativos que cambiaron el mapa político europeo a partir de la década de 1920, con el fascismo italiano como iniciador de una trayectoria que no se cerraría hasta el final de las dictaduras portuguesa y española a mediados de los setenta. Los regímenes corporativos auspiciaban una nueva doctrina sobre los fines del Estado, que asumía como propios los intereses de los distintos sectores económicos e integraba a los representantes de estos en el aparato estatal, en funciones consultoras, reguladoras, de arbitraje, etcétera. Es para referirnos a ese modelo político para lo que utilizamos el término corporativismo; no en el más habitual de defensa cerrada de los intereses de un grupo profesional.

El corporativismo nunca desapareció del todo de una cultura política como la española, tan influida por la Iglesia católica, para la que en un cierto momento el ideal corporativo fue algo así como la doctrina política oficial. Pero su retorno al primer plano se ha visto impulsado por los dos cambios institucionales más importantes que ha experimentado nuestro país en el último cuarto de siglo: el ingreso en la Unión Europea y el desarrollo de las Comunidades Autónomas.

La primera ha legitimado una idea que figuró siempre entre las más queridas por los teóricos y los políticos del corporati-vismo: la del gobierno de los técnicos.

Sin que ninguna de las fuerzas políticas europeas con capacidad de decisión lo haya puesto nunca seriamente en tela de juicio, salvo los euroescépticos británicos, la Unión Europea ha supuesto la entronización de un supergobierno, formado por la Comisión y las reuniones de ministros sectoriales, que pretende situarse al margen de la política (normalmente una coartada para esconder opciones conservadoras) y que es prácticamente irresponsable: el sueño de todos los gobernantes autoritarios.

En cuanto a esa seña de identidad del modelo corporativo que es la desaparición de la frontera entre lo privado y lo público, ahí está la legitimación de los grupos de interés en los mecanismos de toma de decisiones en Bruselas, o el ejemplo de la Política Agraria Común, el corazón de la política comunitaria, que es un verdadero jardín en el que florecen los intereses de una categoría particular de ciudadanos, y en especial de los más pudientes entre ellos, elevados a la categoría de interés general.

Por lo que se refiere a nuestras Comunidades Autónomas, su entusiasmo, digamos, identitario, no se ha quedado en puras proclamas románticas, sino que está inspirando políticas en el terreno económico cuyo norte es primar, siempre que se pueda, a las empresas locales, mimetizando así el nacionalismo económico que era otra de las señas de identidad del viejo corporativismo. Con la ventaja de que lo que podía ser mirado con sospecha cuando se hacía en nombre del nacionalismo español, queda santificado si la inspiración es el andalucismo, el catalanismo, etcétera.

Por ejemplo, en el caso que tengo más cerca, la Junta de Extremadura vive un permanente idilio con las empresas extremeñas, sobre todo cuando estas se integran en asociaciones (llamadas clusters en algunos casos, sin duda porque el nombre resulta más moderno dicho en inglés) que pueden ser tuteladas por el Gobierno regional. Naturalmente la contrapartida de todo ello son las subvenciones con fondos públicos, que se han convertido en un instrumento privilegiado de la acción de gobierno.

El último paso en esta dirección, y aparentemente el más ambicioso desde el punto de vista político, es el proyecto de ley de Responsabilidad Social Empresarial presentado por el Gobierno regional al Parlamento extremeño. Según el resumen que ofrecía el suplemento de Negocios de este periódico (EL PAÍS, 10-10-2010), el proyecto de ley tiene por objeto promover la responsabilidad social de las empresas extremeñas. Estas pueden alcanzar la calificación de “empresa socialmente responsable” cumpliendo una serie de requisitos e inscribiéndose en un registro; lo que en su momento les dará derecho a subvenciones, beneficios fiscales y prioridad en la contratación pública. El proyecto también prevé la creación de un Consejo autonómico para el fomento de la responsabilidad empresarial. Ningún teórico del corporativismo hubiera soñado con algo mejor.

¿En qué sentido este renacimiento del corporativismo, en un contexto afortunadamente muy diferente de sus orígenes en la Europa de 1920, constituye una amenaza?

La amenaza más directa procede de sus tendencias antidemocráticas, como ponen de manifiesto los mecanismos de gobierno de la Unión Europea. Es un tema al que nuestros políticos suelen referirse, en tono compungido, con el eufemismo del “déficit democrático” de las instituciones europeas. Aunque pese a esos lamentos, el mentado déficit tiene todos los visos de durar, por lo funcional que resulta para los Gobiernos nacionales, que con frecuencia usan a Europa como coartada para tomar decisiones impopulares. Además, frente al darwinismo económico de los liberales, que apuesta por la supervivencia de los más aptos, o el afán reformista o revolucionario de la izquierda, el corporativismo es una doctrina defensiva de los intereses establecidos. Y una mentalidad defensiva no parece lo más adecuado en tiempos de cambio acelerado.

Pero hay más. El corporativismo supone una visión idealizada del mundo de las relaciones económicas, que pretende que los agentes económicos, gracias a su integración en las instituciones públicas, o a su conversión a la ideología de la responsabilidad social, como veíamos en la ley extremeña, se convertirán automáticamente en impulsores del bien común y no en esos potenciales corruptores de los agentes públicos que los liberales temían, y de ahí su insistencia en la tajante separación de lo público y lo privado.

Los abundantes casos de corrupción de políticos que la actualidad nos sirve día tras día muestran sin embargo que el pesimismo de los liberales tiene más base que el, llamémoslo así, optimismo de los corporativistas. Y que los recelos respecto al papel social de los capitalistas, característicos del periodo obrerista de la izquierda, no estaban del todo desprovistos de fundamento.

Mario Trinidad, ex diputado socialista y escritor.

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