E l proyecto de ley que exigirá solo mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para elegir al presidente de Radiotelevisión Española (RTVE) es una vuelta atrás en el camino de la libertad y de la transparencia informativa. Es repetir el tal como éramos, o mejor dicho, tal como era nuestra televisión pública, que por lo general miraba de reojo al Gobierno de turno para halagarle o conseguir su aprobación. A veces, sin ruborizarse lo más mínimo, los presentadores se convertían en ventrílocuos de los intereses de la Moncloa.
Alfredo Urdaci fue un arquetipo de ese modelo. Para hilvanar estas reflexiones he visionado alguno de sus telediarios y eran como para hacer ruborizar a un elefante. En el retablo televisivo hubo de todo, y, en mayor o menor grado, los gobiernos que tuvieron ocasión de poner sus sucias manos sobre los informativos las pusieron. Conviene decir que en este aspecto el poder es insaciable: nunca considera suficiente el halago, siempre cree que merece más.
Ni un botafumeiro como el de la catedral de Santiago de Compostela puede suministrar a los que mandan el incienso suficiente al que se consideran acreedores. Piensan que lo merecen. Sobre todo al final de la etapa de Aznar arreciaron las críticas y aparecieron las propuestas para que se dotase a RTVE de una normativa por la que dejase de ser el cuarto trasero de la Moncloa y el servicio de prensa de los gobernantes de turno.
En el 2006, con Zapatero de presidente, se aprobó la ley que exige el acuerdo de dos tercios de los votos del Congreso para elegir al presidente de la corporación. Con esta ley, la televisión y la radio públicas dejaban de ser un satélite del Gobierno para pasar a ser gestionadas por profesionales. En estos días en que tanto se habla de la herencia de Zapatero, y no precisamente para alabarla, se puede decir que en lo referente a la normativa que hasta ahora ha regido el ente público es positiva.
Por lo general, y viendo los logros, distinciones y la credibilidad logrados, creo que existe un sentir mayoritario que valora positivamente el buen hacer de los profesionales de esos medios públicos en el paisaje informativo. Pero como no llueve a gusto de todos, en los últimos meses hemos visto severos ataques a la manera de informar y a los contenidos de la información. Los furiosos ataques provienen de importantes dirigentes del PP y de altos exponentes del entorno gubernamental, que han llegado a afirmar que TVE es la última trinchera socialista en la Administración central por su presunta tendenciosidad contra el Gobierno y su apoyo a la oposición. Siempre hay gafas que reflejan el color con que se mira. En consecuencia, el Ejecutivo ha decidido cambiar la ley: suprimirá la necesidad del respaldo a la elección del director por los dos tercios del Congreso y bastará la mayoría absoluta. De esta forma, el PP tendrá barra libre para elegir al candidato que le dé la gana.
Para llegar a este punto, aparte de acusar a los profesionales de tendenciosos, sostienen los populares que la oposición del PSOE bloquea los nombramientos no solo para RTVE sino también para el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. No me voy a meter en esa confusa guerra, porque desconozco las cartas marcadas con que juegan unos y otros, y me limitaré a la televisión. Una de las exigencias de la veracidad es la transparencia, y si unos y otros se acusan de bloqueo en unas negociaciones cargadas de secretismo, lo mejor será que estas negociaciones se lleven a cabo con luz y taquígrafos, que se pongan los nombres con los que se juega boca arriba y que todos podamos seguir la partida. Y podremos valorar quién hace trampas.
Recuperar LA normativa anterior al 2006 es retroceder, es volver a contaminar con intereses políticos la información. No es lo mismo ser elegido por consenso de una mayoría cualificado a ser designado por un Gobierno, incluso si se trata de la misma persona. En el caso de ser elegido por consenso no tiene deudas con nadie porque las tiene con todos; en el caso de ser designado depende de quién le designa y en cierta manera se debe al dedo que lo señaló.
La autonomía a la hora de informar es condición indispensable para realizar una información objetiva, y cuando un medio se parece más a una plataforma gubernamental que a una redacción independiente se pierde la imparcialidad. La libertad de información es una de las medidas de la calidad de la democracia.
Es evidente que la nueva normativa siembra dudas y sospechas sobre la independencia de los gestores de los informativos de RTVE, y eso puede rebajar la triple A que se exige a nuestra calidad democrática. Ahora está de moda la expresión relato informativo. Pues lo que se pide es que el proceso de ese relato refleje sustantivamente la realidad de los hechos, que en la pantalla se cuente lo que está sucediendo en la calle y en los despachos. Pienso que los actuales servicios informativos de RTVE cumplen ese objetivo.
Alfonso S. Palomares, periodista.