Bajo el título «Qué error, qué inmenso error», publicaba una Tercera de ABC, a comienzos de julio de 1976, Ricardo de la Cierva, criticando duramente la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno por parte del Rey Don Juan Carlos I. El tiempo demostró el inmenso acierto del Rey -tal y como afirmé ante ambos, en mi laudatio cuando la UPM nombró a Suárez doctor honoris causa- que, al tiempo, con ese nombramiento se jugaba la Corona.
A partir de ese momento se producen una serie de hechos que serán definidos después como la «Transición española» donde el protagonismo del Rey, auxiliado por Suárez, es indiscutible. Un Rey que, como había afirmado desde su inicio, quiere ser Rey de todos los españoles, todos. Se aprueba la ley para la reforma política, redactada por Torcuato Fernández Miranda, y votada por las cortes franquistas en su harakiri final y que dan origen a las elecciones de junio de 1977. Meses antes se legaliza el Partido Comunista con el claro apoyo del Rey. Pasadas las elecciones se abre un periodo constituyente que conduce a la aprobación de la Constitución de diciembre de 1978 donde se consagra la monarquía y donde el Rey renuncia a los poderes absolutos recibidos del franquismo. Se celebran elecciones en 1979 y se forma el primer gobierno constitucional. En 1981 Suárez dimite. Se produce el golpe del 23-F que aborta el propio Rey Juan Carlos y España vuelve a la normalidad democrática y constitucional. Sin Él, aquella noche hubiera sido el final de la Transición y del cambio democrático.
El Rey fue así «de la ley a la ley» y desde entonces España es una monarquía democrática y constitucional, respetada en el mundo entero y encarnada por Don Juan Carlos I. Una España que pidió, tras las elecciones del 15-J, el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) y que alcanzó la condición de Estado miembro al inicio de 1986, bajo mayoría del PSOE, con Felipe González ya de presidente de gobierno. Felipe González, quien afirmaba hace poco que el Rey había tenido un comportamiento constitucional antes de que hubiera Constitución y pidiendo respeto hacia el Rey Emérito.
Durante aquellos años, que yo viví como ministro de La Corona, pude apreciar hasta qué punto el Rey ayudaba a resolver los grandes problemas de Estado y avalaba con su prestigio la presencia de las empresas españolas, grandes, medianas o pequeñas, en el exterior. Viví, por ejemplo, con José Pedro Pérez Llorca una noche de angustia en su ministerio negociando un acuerdo pesquero con dos ministros de Marruecos que no llevara aparejado el tránsito de cítricos marroquíes por España y que resolvió una llamada directa del Rey, a altas horas de la noche, al Rey Hassan de Marruecos.
Los presidentes del gobierno y sus ministros, en los distintos gobiernos que desde entonces se han sucedido, son testigos de excepción del importante papel que el Rey Don Juan Carlos ha tenido como embajador de la nación en el mundo entero, en un mundo globalizado, a lo largo de sus casi 40 años de reinado. Su prestigio ha sido el de la marca España. Y su legado histórico indiscutible.
Aquellas ideas que presidieron la Transición, con el olvido de las dos Españas, el perdón mutuo, la mirada puesta en el futuro y no en el pasado, la amnistía instrumentada entonces, y en definitiva la construcción de una nueva España en paz y concordia permanecieron durante muchos años.
Pero desgraciadamente en 2004 reapareció el guerracivilismo y con ello una determinada y sesgada memoria histórica, que volvía a romper en dos aquella España unida y sin rencores que tanto había costado construir. Construcción que, a veces se olvida, contó con el apoyo de partidos políticos tan importantes y diferentes en sus ideologías como UCD, PSOE, Alianza Popular y el Partido Comunista de España, encabezados respectivamente por Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga y Santiago Carrillo.
Desafortunadamente, en los últimos años, tras la abdicación del Rey Juan Carlos en favor de su hijo Felipe VI, algunos se han enfrentado abiertamente a aquel periodo, calificando aquella obra tendenciosamente como «el régimen del 78». Desde entonces hasta hoy se ha ido rebuscando en todo lo que pudiera dañar el sistema que se construyó entonces y la Constitución que había sido refrendada por la inmensa mayoría del pueblo español. Hemos visto así, en los últimos años, cómo la acción política se volvía contra aquella Constitución y dentro de ella contra la unidad de España y contra su clave del arco, la Corona, pretendiendo llevar a España hacia una nueva República y una España dividida. Y hete aquí que, en esas circunstancias, aparecen, precisamente ahora, unas grabaciones con unas declaraciones donde todo cuanto se afirma, todo, va en demérito y en contra el Rey Juan Carlos I. Ha dejado así, entre otras cosas, en el imaginario colectivo que un determinado regalo del rey de Arabia Saudí a Don Juan Carlos parezca una comisión, como si fuera normal que el adjudicador y no el adjudicatario sea quien pague a un presunto comisionista su comisión o que esta se pague mucho antes de la adjudicación.
Pero el daño ya está hecho. Y en razón de ese daño se presiona durante semanas para que el Rey Emérito abandone Zarzuela. Esas declaraciones, extrañamente repetidas día a día, en numerosos medios de comunicación y aceptadas como si fuera cierto el relato, han conducido a una cierta reprobación pública y a que el Rey Emérito tuviera que firmar una extraña carta el pasado 3 de agosto y abandonara España por tiempo y lugar indeterminado.
No estamos, pues, ante una «huida» o un «exilio» como, también, tendenciosamente se afirma. El Rey es inviolable hasta su abdicación en 2014 y goza de la presunción de inocencia siempre. Es más tiene derecho, como cualquier español, a que se le garantice. Todos debemos presumir su inocencia y no su culpabilidad en base a unas grabaciones. Por eso, el Tribunal Supremo, en respuesta a una disparatada denuncia, afirma que el Rey actualmente no está investigado y que por consiguiente no ha lugar a ninguna acción preventiva. Pues bien, si hoy no está investigado ni aquí ni en Suiza, ni tampoco citado como testigo, si debemos presumir su inocencia, ¿por qué razón se le empuja ahora a dejar Zarzuela y territorio español por tiempo indefinido y por razones inexplicadas e inexplicables?
Confío en que estemos ante una circunstancia de absoluta temporalidad, ante un breve periodo del Rey Emérito fuera de su lugar habitual y espero y deseo que a la vuelta de verano retorne al palacio de la Zarzuela, de donde nunca debió salir, y a su vida normal en España, con honor y con honra. Es lo que hoy merece si ésta sigue siendo, como espero, la España de la concordia. De no ser así estaríamos ante un error, ante un inmenso error, que dañaría por siempre al Rey Emérito, a la Corona y por tanto a su hijo Felipe VI, un Rey ejemplar, y por ende comenzaría a afectar severamente los cimientos constitucionales.
Jaime Lamo de Espinosa es catedrático de la UPM y exministro de la Corona.