a gente, la buena gente de España, de cualquier ideología -y es la inmensa mayoría-, comparte esta evidencia de forma consciente o subconsciente. La razón nos conduce a ello aun por encima de las inclinaciones sentimentales y, sobre todo, al ver la alternativa. Y debemos proclamarlo con insistencia, a destiempo y a tiempo, como ahora, y convencer a los que, por carencias formativas o informativas, no lo han advertido. Lamentablemente, ha quedado archidemostrado que no cabe razonar con los que están movidos por oscuros intereses e ideologías chavistas y racistas. Algunos ya lo sabíamos; el pueblo español en su conjunto lo está comprobando con dolor estos días. Con estos, solo cabe la contención, como con el coronavirus.
Y la evidencia es que solo el Rey, la Institución Real -como precisaba Ramón Pérez-Maura con acierto en «La Familia Real no es gente normal» el viernes pasado-, configurada como titular de la Jefatura del Estado dotada de un poder neutro, es decir, carente de poderes efectivos (como son hacer las leyes, aplicarlas o dictar la sentencias en los procesos judiciales), situado al margen de la lucha política partidista y de los intereses y la necesidad de recabar apoyos para mantenerse en el cargo, y convertido en símbolo de todos nosotros como comunidad, de nuestra unión y continuidad histórica desde generaciones inmemoriales, en una armonía de los contrarios, propia de las sociedades democráticas occidentales, garantiza con su presencia moderadora y neutral que una parte de la sociedad no intente someter a la otra; o que ambas, como consecuencia de la resistencia que la atacada opondría, se enfrenten hasta que una prevalezca sobre la otra; o se aniquilen.
La Historia está -o debería estar- para no repetir los errores del pasado. Es evidente el fracaso de constituir España como una república parlamentaria en la Constitución de 1931, con un jefe del Estado separado del jefe del Gobierno, considerando a aquel por tanto en el mismo horizonte simbólico del Rey en una monarquía parlamentaria; pero que, necesariamente, tenía que ser elegido por las fuerzas políticas. Visto aquello, se da por supuesto que los españoles estamos menos preparados todavía -dicho todo esto en clave democrática, claro es, no en el falso presidencialismo dictatorial del comunismo- para un régimen presidencialista; donde el jefe del Estado es elegido directamente por los ciudadanos. Porque, sea en uno u otro caso, ¿cómo me va a representar alguien que no es de mi partido? Imposible para un español. Está en nuestro gen político nacional, que incluye, por supuesto, a los que no se consideran españoles.
Es también evidente -desgracia de este episodio nacional- que la movilización del sector comunista y separatista español se haya apropiado de los medios de masas en general. La gota que colma un vaso rebosante es el trato dado al discurso de Su Majestad del 18 de marzo; cuando se dirigió a todos los ciudadanos de forma extraordinaria (la segunda de su reinado) por la pandemia que asola a España y al mundo para ofrecer un mensaje de unidad, solidaridad y esperanza sobre el dolor, el desánimo y la ira.
Es inaceptable, amén de inconstitucional e ilegal, que las televisiones y, en particular, las públicas (RTVE y ciertas autonómicas) participen de un «agitprop» en contra del Rey, Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y uno de los pilares en los que se asienta nuestra Constitución, junto con el Estado social y democrático de Derecho y la soberanía nacional: «La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria» (artículo 1.3).
Este «agitprop» se ha desbordado de forma obscena, cuando un vicepresidente del Gobierno, al que se le consiente incomprensiblemente «circular» al margen de la ley, ha apoyado una cacerolada contra el Rey, es decir, contra el Jefe del Estado de cuyo Gobierno él es miembro. La prensa deportiva sigue discutiendo si este balón ha traspasado la línea de meta que defiende -o debería defender- el presidente del Gobierno. De nuevo, el imposible soplar y sorber al mismo tiempo para el resto de los mortales, que solo está al alcance de ciertos españoles, que se creen superiores por ideología o raza.
Ya no nos sorprenden estas prácticas de los dirigentes de extrema izquierda, ni de sus homólogos separatistas, ni de sus divinas elites propagandísticas de casoplones con «jacuzzi», coches de gama y cilindrada de ricos y aviones privados de consumos incompatibles con el cambio climático. Pero no significa, no puede significar que los ciudadanos -de cualquier ideología- que amamos la libertad, la paz y la prosperidad debamos permanecer indiferentes por más tiempo. Si se les deja seguir, arruinarán el país. Sí, España. Que significa arruinar la vida de millones de personas y por varias generaciones. La especialidad de su dogma es predicar para el pueblo sobre el que imperan, al que desprecian en lo profundo de su ser, lo contrario que desean para sus vidas, y hacen. Su dogma de desolación se condensa en «haced lo que yo os diga, pero no lo que yo haga».
La Monarquía Parlamentaria ha traído la concordia a España -la convivencia entre los contrarios- durante cuarenta y cinco años. Tenemos un Rey, Felipe de Borbón, extraordinario, íntegro, coherente con lo que piensa y cree; hecho de una pasta especial y con una inmensa vocación de servicio. Un «líder sólido», en palabras de Carlos Herrera, también en este periódico la semana pasada. Los españoles, por nuestro bien, no podemos permitirnos el error histórico y trágico de prescindir de una Institución como la Corona, encarnada modélicamente desde hace seis años por Don Felipe, una joya única en el decadente universo actual de la Política y la representación del Estado.
Toda la gente de buena voluntad, de derechas y de izquierdas, está con el Rey; porque somos una inmensa mayoría los que queremos una sociedad avanzada y democrática; porque queremos seguir construyendo un futuro para nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos frente a la destrucción y la ruina de consignas sectarias e ideologías trasnochadas. El Rey siempre, Don Felipe VI en esta hora, continúa más que nunca unido a este sentir nacional y profundamente comprometido con España y los españoles.
Daniel Berzosa López es profesor de Derecho Constitucional y abogado.