El rey sereno

El próximo 19 de junio se cumplirán diez años desde que Felipe VI fue proclamado Rey de España. Con carácter previo, las dos grandes fuerzas políticas sobre las que debe pivotar nuestro sistema constitucional –el recuerdo de Alfredo Pérez Rubalcaba es aquí debido– con una ejemplar muestra de sentido de Estado allanaron el camino para la abdicación de Juan Carlos I comunicada al presidente del Gobierno el 2 de junio y articulada jurídicamente por la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio. Esta ley orgánica, aprobada en desarrollo del artículo 57.5 de la Constitución, es un todo un portento de decir escuetamente lo que tenía que decir y nada más que lo que tenía que decir.

El discurso que el ya Rey pronunció ante las Cortes Generales el día de su proclamación rezuma el convencimiento de que comenzaba «una monarquía renovada para un tiempo nuevo», como textualmente dijo. El nuevo Jefe del Estado no perdió la oportunidad de dejar bien claro desde su primer paso como tal cuál iba a ser uno de sus principales instrumentos para, junto al ejercicio cabal y prudente de sus funciones constitucionales, afrontar los retos que le aguardaban. «Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y la ética inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos», adelantó respirando convencimiento.

Y Felipe VI se puso de inmediato manos a la obra. Muy pocos días después de su acceso al trono, hizo uso del mecanismo que tenía más a su alcance para poner sello personal a los nuevos tiempos que él inauguraba: aprobó los llamados 'Criterios de actuación' para los miembros de la Familia Real y en determinados ámbitos de las actividades de su Casa, desarrollados por acuerdos y convenios posteriores y recogidos años más tarde en el Real Decreto de 26 de abril de 2022, que, entre otras medidas, abrió las puertas al control externo de la Casa del Rey por el Tribunal de Cuentas. Paralelamente fue imponiendo su estilo cimentado en la ejemplaridad personal, en la cordialidad templada, en el trato muy medido con el Gobierno de turno y en adentrarse en los más variados asuntos con la seriedad que exige estudio y reflexión.

La duda radicaba para algunos en si instrumentos a veces tan sutiles y a menudo tan imperceptibles iban a ser suficientes para gestionar la cadena de situaciones dificilísimas que enseguida tuvo que afrontar. Recuerden, y sin ser exhaustivo, las varias elecciones generales seguidas de las pertinentes propuestas de candidatos a la Presidencia del Gobierno, la fragmentación parlamentaria y la emergencia de importantes fuerzas políticas, incluso con asiento en el Consejo de Ministros o apoyando al Gobierno, militantemente antimonárquicas, la inestabilidad política, los coletazos de la crisis de 2008, las consecuencias de toda clase del Covid y de la guerra de Ucrania y el frentismo político exacerbado. Pero, a mi juicio, descollan por encima de todas las demás dificultades los espinosos episodios económicos, personales y judiciales que han afectado a Don Juan Carlos, y los gravísimos acontecimientos que zarandearon a Cataluña y a toda España en octubre de 2017 con motivo del llamado 'procés'.

En cuanto a lo primero, los avatares que han tenido a Don Juan Carlos como protagonista, además de ser desgarradores en lo personal para el monarca, atacaban dañinamente la línea de flotación del estilo que don Felipe quiso imprimir desde el primer aliento de su reinado: la ejemplaridad personal a todo trance.

En lo tocante a lo segundo, Felipe VI comenzó su trascendental intervención televisada del 3 de octubre de 2017 reconociendo que «estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática», con referencia a los acontecimientos que tenían lugar en Cataluña en aquellos días. Era aquella una encrucijada extremadamente delicada que podía poner en entredicho su función de símbolo de la «unidad y permanencia del Estado» que consagra el artículo 56.1 de la Constitución y cumplió con este mandato en medio de una soledad que lo hizo más difícil.

Don Felipe ha afrontado todas estas siempre peliagudas situaciones con las herramientas sutiles y difíciles de apreciar de su estilo personal, de su ejemplaridad a toda costa, de la seriedad estudiosa y, sobre todo, del equilibrado ejercicio de sus funciones constitucionales. Este proceder ha rendido muchos frutos a lo largo de la difícil década de su reinado.

Felipe VI ha contribuido a la estabilidad política en un tiempo de gran inestabilidad. No solo porque ha desarrollado sus tareas constitucionales con regularidad y permanencia, sino porque lo ha hecho con serenidad que ha beneficiado la estabilidad.

Ha arbitrado y moderado el funcionamiento regular de las instituciones, como pide la Constitución, con prudencia y templanza, no solo reflejadas en sus actos estrictamente constitucionales sino en la constante apelación en sus intervenciones públicas a la democracia, al entendimiento y a cuanto nos une a los españoles.

Con la ejemplaridad personal y de la de los que le rodean, cimiento fundamental de la legitimidad de oficio tan esencial en las monarquías actuales, ha pasado resueltamente de la palabra a las normas permanentes impulsando un cuerpo jurídico regulador de esta cualidad. Ha entendido que la Casa del Rey, por muy libremente que la Constitución diga que puede organizarla, se nutre de dinero público y su organización como entidad del ámbito público debe incorporar las técnicas y los procedimientos que son propios del sector público y que garantizan la transparencia y el control. La fiscalización económica-financiera de la Casa del Rey por el Tribunal de Cuentas es una muy significativa muestra de ello.

Se ha esmerado en garantizar el principio de continuidad esencial a lo monárquico y esto se ha reflejado en la formación y preparación en muchas vertientes de la hoy Princesa de Asturias. El reciente acto del juramento de doña Leonor ante las Cortes Generales es una etapa capital en este camino.

Por fin, con muestras de equilibrada mesura en sus relaciones con los Gobiernos correspondientes ha asumido con tino «la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales» que la Constitución le confía.

Es frecuente en la historia atribuir un calificativo al nombre del monarca derivado de la característica principal que le acompaña. Me atrevo a hacerlo con don Felipe. Podríamos acompañar su nombre con el calificativo de prudente, pero la historia ya se lo ha reservado al Austria Felipe II. Podríamos hacerlo con el de paciente, pero parece ser que ya se lo ha apropiado el actual Carlos III de Inglaterra. Quizá podría ser conocido como Felipe VI el Sereno, por la moderación y la templanza de las que hace gala en todo su proceder.

Luis María Cazorla Prieto es académico de número de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España.

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