El Rey, una opción arriesgada

El discurso del Rey cayó como un mazazo aquella noche. No sabría decir qué esperábamos los demócratas que dijera, ni siquiera si queríamos que lo dijera él. Pero necesitábamos que alguien con autoridad nos hablara. Pedíamos algo nada fácil: que quien se atreviera lo hiciera con voluntad de frenar y conciliar, que devolviera la autoestima a un Estado desconcertado tanto por el anuncio de una declaración unilateral de independencia como por las impactantes imágenes difundidas por todo el mundo, sagazmente manipuladas, sobre la actuación policial el 1-O. El Rey dio el paso adelante. Podrían o deberían quizás haber sido otros, pero fue el Rey. No es momento de plantear de quién partió la iniciativa ni cómo funcionó, como dirían los constitucionalistas, el refrendo presunto del acto del Monarca. Pero en aquel escenario necesitábamos cuanto antes un revulsivo, unas palabras de esperanza, un liderazgo institucional en el que refugiarnos. En España no estamos acostumbrados a que el Rey asuma papeles de liderazgo con contenido político. Lo consideramos reservado para situaciones excepcionales, lo asociamos a la actuación de Juan Carlos I en el 23-F. Ahora bien, “el rey no gobierna, pero reina”, como advertía un insigne profesor. Así es también en nuestro país. Pero las funciones de arbitraje y moderación que la Constitución acota para el Rey están llamadas a desarrollarse de manera discreta o prudentemente reglada: la prudencia y la discreción son los mejores instrumentos de un monarca en un país poco monárquico; el protagonismo incrementa los riesgos. ¿Por qué asumirlos entonces? ¿Tan extraordinaria era la situación?

El Rey, una opción arriesgadaSí lo era. Lo sucedido el mes anterior, con ser muy grave, no justificaba por sí solo la salida a escena del Rey. La respuesta correspondía al Gobierno español. Pero el devenir de los acontecimientos terminó por elevar la tensión hasta extremos. Se extendió la sensación de que no era ya el Ejecutivo sino el Estado el que había fallado. Estrategia política errática, desconocimiento del tablero, sobreestimación de las propias capacidades, infravaloración de los adversarios… y un operativo incomprensiblemente descontrolado que aplicaría en momentos clave una fuerza inapropiada. La torpeza de quienes intentaron garantizar la legalidad y la habilidad comunicativa de los independentistas consiguieron poner en tela de juicio la capacidad de respuesta coherente del Estado. Se cometió el peor error estratégico posible: hacer lo que el adversario deseaba que se hiciera.

El camino parecía allanado para quienes optaban por vulnerar el marco constitucional y conceder legitimidad constituyente al nada democrático pseudorreferéndum del 1-O, cuya importancia y significación nadie negaba. Desde 2012 el soberanismo catalán estaba convencido de que su proyecto se vería impulsado por los efectos de la crisis económica, el incremento de la desafección ciudadana, la fragmentación del escenario partidista y la debilidad del discurso del Gobierno. Así, se abrió paso la creencia de que el Estado era un constructo frágil e incapaz de resistir ante una estrategia inteligente de movilizaciones y hechos consumados. Todo eso se envolvió en un discurso que intentaba vender al mundo la contraposición entre una república catalana emergente y henchida de virtudes democráticas y una monarquía trasnochada y opresora que nunca se había desprendido de componentes franquistas. Grotesco relato que intentaba adquirir apariencia de verosimilitud gracias a la oportunidad, servida en bandeja, de visionar escenas del 1-O. En aquellos momentos, un clima de tensión profunda conducía a formular comprometidas preguntas: ¿cómo se había podido llegar tan lejos?, ¿qué insensatos lo habían propiciado o consentido sin advertir la gravedad del problema?, ¿cómo salir de aquella situación, haciendo valer los principios democráticos?

Y en tales circunstancias se produjo el discurso del Rey: necesario y difícil. No conozco los entresijos de la elaboración, sólo el resultado. Se manejarían distintas opciones, pero en aquellos seis minutos escasos se dio prioridad a desmontar la principal falacia independentista haciendo ver, ante a la opinión pública española e internacional, que quienes siguieran una inconstitucional vía chocarían contra un Estado nada frágil, orgulloso de ser una democracia exigente en el respeto a la legalidad. Y que frente a ese Estado no cabía jugar a política como si fuera una partida de palé, ni tampoco sacar ventaja yendo de farol.

El discurso se caracterizó por su lacónica contundencia y por focalizar la defensa del orden constitucional. Conciso por necesidad, no hubo lugar para el dibujo de grandes proyectos ni demasiados matices. Buscó ante todo tres objetivos: frenar la percepción de deterioro de las instituciones, dejar las cosas claras a quienes querían a las bravas romper la legalidad y el Estado, y actuar de revulsivo frente a la desmoralización ciudadana. En líneas generales, los tres se alcanzaron. Hubo un antes y un después del discurso: cambiaron actitudes, emociones y estrategias. Todo un éxito, sin duda; pero, aun así, los costes para el Rey no fueron pequeños. ¿Podría no haberse escogido la mejor opción? No se hizo un llamamiento explícito a la negociación. Tampoco ningún reconocimiento de errores cometidos el 1-O. No cabe pensar que fueran simples olvidos, sino una opción calculada. No era ese el momento de hacerlo, o así se entendió: muy probablemente habría sido interpretado por los adversarios del Estado como reconocimiento de debilidad, como estrategia de supervivencia ante la presión insuperable del independentismo, que confiaba en que un discurso blando sirviera de fulcro para ganar todavía más ventaja. Al no ser así, los nacionalistas radicalizaron sus ataques contra el Rey con argumentos falaces, acusándole de falta de equidistancia y, por ello, de “abdicar de sus funciones de arbitraje”: ¿pero alguien puede imaginar que un jefe de Estado democrático -rey o presidente de república- se mantenga en posiciones equidistantes entre quienes atacan y quienes defienden la integridad y el sistema constitucional de ese Estado?

Entre los partidos “semileales” (expresión de Linz) o ya declaradamente desleales, haría fortuna la crítica directa y desmesurada. Tocaría encajar los golpes. Pero el problema más delicado fue otro. La tolerancia y búsqueda de consenso están en el ADN ideológico de amplios sectores de la sociedad. Y algunos de ellos -partidarios de fórmulas avanzadas de organización territorial y mayoritariamente ubicados en la izquierda- quedaron defraudados por la falta de alusiones a un necesario horizonte de negociación. En unos casos, se tradujo en críticas abiertas y sin atenuantes; en otros, en leales silencios o discretas discrepancias. Pero el hecho es que sectores significativos de demócratas no nacionalistas pusieron en duda el acierto del Rey, abriendo o ampliando una brecha emocional que erosionó la percepción de funcionalidad de la monarquía.

A pesar de todo, aquella noche emergió un Rey reforzado por el riesgo asumido y la eficacia incontestable de su intervención; revalorizado como líder simbólico de la voluntad de compartir un proyecto estatal común. Prueba de que el discurso pronunciado fue buena opción. ¿Pudo haber otra mejor?, ¿haber incorporado elementos que evitaran herir legítimas sensibilidades políticas? Puede que sí, aunque corriendo grave riesgo de debilitar la posición del Estado en un tablero endiablado. Prevaleció una visión de inmediatez y pragmatismo estratégico, discutible pero, a la vista de los resultados, eficaz, que era lo importante en esos momentos, aunque comportara costes. De todas formas, el discurso dejó una asignatura pendiente: demostrar que aquello que esa noche no se había creído oportuno explicitar sí estaba realmente en la agenda de la más alta instancia del Estado, esto es, su compromiso con futuras vías de diálogo y de reconducción institucional del conflicto. Habrían de hablar los hechos. Un año después estamos en condiciones de valorar el esfuerzo, de momento con escasos resultados. Queda mucho camino por recorrer. Por lo pronto, sería aconsejable que los actores políticos evitaran la memoria sectaria del discurso del 3-O y sobreactuar con fines partidistas.

Francisco J. Vanaclocha es catedrático de Ciencia Política y director del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid.

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