El papel del Rey en nuestra Monarquía parlamentaria lo define bien la Constitución. Por esa razón, no tiene sentido la extemporánea insistencia de ciertas voces públicas en marcar estos días el territorio político que no debe pisar el nuevo Monarca, como si ese fuera un peligro hoy verosímil, ni tampoco la matraca en la dirección contraria, esa tediosa obstinación de los nacionalistas en pedirle que traspase precisamente los límites que separan la Corona del poder ejecutivo. Lo más improcedente y desatinado de la actuación de Artur Mas en el acto de la proclamación real no fue que racaneara sus aplausos, por pueril y lamentable que fuera dicho gesto, sino que justificara este por su «decepción» ante la falta de alusiones en el discurso del Rey Felipe a «la realidad plurinacional». Aquí ya pasamos del terreno anecdótico al de la legalidad. ¿Cómo va a hablar de «plurinación» un Rey que acaba de jurar la Constitución? Hablar de semejante chuminada habría equivalido a una abdicación exprés. Esta ya no es una cuestión de ideología, sino de sentido común y cultura general básica. Resulta paradójico que sean los nacionalistas –es decir: quienes más prodigan los desaires a la Corona– los que a la vez más sobrevaloren el poder de dicha institución, hasta concederle un papel absolutista y anacrónico. Hoy es Artur Mas, pero durante años ha tenido ERC un portavoz que recurrentemente reclamaba al Rey Juan Carlos que mediara en la cuestión del Estatut, en las relaciones del PP con el nacionalismo catalán o en cualquier otra idea peregrina que le venía al tarro. Y otro tanto pasaba con el PNV. También ha tenido durante años un representante que salía cada seis meses con una pata de banco reprochando al Rey que no se pronunciara sobre cualquier minucia coyuntural de la vida del país sobre la que no era necesario que se pronunciara nadie, ni el portero de Sabin Etxea. Hasta Amaiur ha caído en esa supersticiosa sobrevaloración de las facultades de la figura regia, y le reclamaba a esta no hace mucho que se pronunciara a favor del «proceso de paz» como si, a pesar de su excursión por el marxismo, a la ETA política le terminara saliendo el carlista que siempre ha llevado dentro.
A esa confusión se añade otra clásica, en el caso de Mas: la identificación sinonímica de «pluralismo ideológico en el que caben varios nacionalismos» con «pluralidad administrativa en la que cabrían varias naciones» y la del término «nacionalidad», que aparece en el segundo artículo del texto constitucional, con «nación». Los significados de estas dos últimas palabras se hallan nítidamente definidos por la RAE y los conocen bien los nacionalistas, que en su día vigilaron su redacción celosamente. El intento de dar ese tramposo salto semántico y terminológico es uno de sus pertinaces empeños, al que, por cierto, se ha sumado con fervor Miquel Iceta, ese aspirante a la secretaría general del PSC, que viene con todos los tics nacionalistas, incluida la manía de confundir a los Reyes de España con los Reyes Magos.
El poder omnímodo de la Corona española es hoy solo una vieja e infantil fantasía de los nacionalismos. Pero, aclarados los límites que, en nuestro ordenamiento legal, tiene el papel político del Rey, tampoco conviene subestimarlo. En estos días hemos sido testigos de una dura, inteligente y verdadera «decisión política» como es la de una abdicación que se ha producido en el momento oportuno: en las mismas vísperas de que el PSOE pueda dejar de ser del todo el partido de Estado que progresivamente ha ido dejando de ser en los últimos años. En la abdicación del Rey Juan Carlos, los tiempos han estado, asombrosamente, medidos al milímetro. Esta llegó justamente en el último momento en que todavía era factible que el partido de Rubalcaba votara la postergada ley orgánica que hacía legalmente posible la sucesión. El hecho de que ya el simple y cabal aforamiento del Rey no haya podido contar con el respaldo parlamentario de los socialistas demuestra que Juan Carlos I echó el freno en el coche de su reinado al mismo borde del acantilado del consenso. En solo unos días lo que parecía facilísimo –el aval unánime de los dos grandes partidos al desarrollo normal del cambio sucesorio– habría dejado de ser siquiera posible gracias a un PSOE que insólitamente «siente» que su apoyo en las Cortes a dicho cambio ha supuesto un considerable desgaste ante sus bases. ¿Qué bases son esas que hacen pagar caros los últimos restos de sensatez que aún le quedaban a su agónico cuadro dirigente? ¿Qué puede esperarse del proceso de relevo que tiene por delante ese partido si su militancia percibe como una traición la mera preservación de la estabilidad institucional?
No. El papel político de la Monarquía es muy limitado en nuestra democracia, pero no tanto que le haya impedido, al mejor Rey que hemos tenido los españoles salvaguardar esta de graves impugnaciones y quebrantos cuando era preciso que lo hiciera. El hombre que «decidió políticamente» recortarse a sí mismo los poderes en un país en el que nadie, ni los nacionalistas ni el último aforado de medio pelo, se recorta nada tomó otra «decisión política» en la noche del 23-F de 1981 y lo ha vuelto a hacer en la mañana del pasado 2 de junio mostrando una rapidez de reflejos, una lucidez y un realismo que una vez más contrastan con una clase de políticos en la que lo más parecido a la virtud es la pachorra. No es una cuestión venial que, en treinta y seis largos años hábiles, aquella no haya sido capaz de resolver esos trámites legales para algo tan elemental como es ese relevo en la Jefatura del Estado que ahora ha obligado a ese colectivo a la improvisación, a la carrerilla y a la chapuza. Aquí no están fallando ni la Corona ni la Constitución. Más bien nos están salvando de muchas cosas; de todas las zozobras, dejaciones, miserias y temeridades del presente. Se ha dicho que la generación del Rey Juan Carlos, que es la de Suárez, acometió el reto de «hacer legal lo normal» en España. La generación de Felipe VI tiene una tarea inversa: «hacer normal lo que ya es legal». Es decir, lo contrario a los aventurerismos reformistas de la Constitución; a la impunidad de la corrupción; a los referendos de autodeterminación y de modelo de Estado; a la inmunidad de la clase bancaria; a la pasividad de la judicial; a las desigualdades fiscales; a la draconiana explotación laboral en las empresas que ha traído la crisis, a la ley de la selva… La Constitución afirma en su primer artículo: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho». Esto quiere decir que lo social no es un asunto de la izquierda, ni el respeto a las leyes una obsesión de la derecha, sino que ambos son objetivos fundamentales y fundacionales de la Nación. Con que se cumplieran esas palabras del apartado preliminar de la Carta Magna quedaríamos bien servidos.
La Constitución y la Corona. En una España en la que han fallado tantas cosas, en la que se han tambaleado y caído tantos referentes y personas, cobra más valor que nunca una institución como la monárquica que, además de servirnos de asidero ante el vértigo de la Historia, puede aportar a la vida nacional esa ilusión que no son capaces de transmitir los partidos y que también es un valor político nada desdeñable. Ver al Rey viajando, reforzando el papel internacional de España y apoyando las inversiones extranjeras en nuestro país es algo que transmitirá ánimo, confianza y luz a un pueblo, como el español, dramáticamente necesitado de noticias que no le traigan más desaliento, más inquietud, más miedo.
Iñaki Ezquerra, escritor.