El Rey y los políticos

La primera petición de pacto entre  todas las fuerzas políticas, como única forma de salir de la actual crisis económica española, la leí hace un par de años en un artículo de Alfredo Pastor. Y, desde entonces, son innumerables y variopintos los pronunciamientos en igual sentido y por parecidas razones: que la crisis española es distinta en las causas – crisis del modelo de crecimiento-y anterior en el tiempo – comienzos del 2007-a la crisis financiera internacional, aunque agudizada por esta; que, al carecer de la palanca que constituye la política monetaria – no poder devaluar para exportar más-,España precisa aumentar su productividad para ser más competitiva; y que este aumento de productividad exige la adopción de unas reformas de calado en varios ámbitos, que son impensables sin un pacto nacional, semejante a los pactos de la Moncloa, que hicieron luego factible el pacto constitucional.

Y no porque con el pacto se haga una luz nueva, de efectos taumatúrgicos, que ilumine las entendederas de quienes lo otorgan, sino porque con el pacto de todos se neutralizan los perniciosos efectos electorales que se irrogarían al partido que intentase acometer dichas reformas por sí solo.

Más de dos años después de los primeros síntomas de la crisis, este pacto no ha sido posible por la deriva cainita de la política española, que en ocasiones bordea lo soez y tabernario. En esta situación, se ha escuchado la voz del Rey invocando la unidad de los partidos mayoritarios en un acto público, al tiempo que realizaba una serie de contactos ratificándose en tal sentido. Frente a esta iniciativa, la reacción de una parte de la clase política y de los medios de comunicación ha sido de desconfiada reserva cuando no de explícito rechazo, sazonado en ocasiones con la agresividad, el despecho, el sarcasmo y el desprecio que la derecha más montaraz reserva para la monarquía.

Razón alegada: que el monarca se ha extralimitado en sus funciones. ¿Es así? El artículo 56 de la Constitución dispone que “el Rey arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones”, lo que significa – en palabras del Manual de Derecho Constitucional coordinado por los profesores Miguel-ÁngelAparicio y Mercè Barceló-que “el rey no puede imponer su decisión a otros órganos, pero sí que puede influir en su adopción, limitándose a formular propuestas o iniciativas que pueden ser ratificadas o asumidas por los órganos a los cuales vayan dirigidas”, utilizando para ello, como instrumentos, “el consejo, la advertencia y la información”.

Si esto es así – que lo es-,¿cuál es la razón de fondo de la cerrada oposición al pacto de los dos grandes partidos españoles? El PSOE del presidente Zapatero no lo quiere porque este ha basado su política, desde su llegada al poder, en el intento de exclusión de la derecha mediante su marginación y el enfrentamiento cerrado. Tan es así que – cuando se vea con perspectiva su mandato-este será su mayor debe. Pero no le va a la zaga la oposición popular, enrocada en la descalificación sistemática del Gobierno, esperando que este se cueza en el fuego lento de la crisis, hasta que el poder caiga en sus manos como fruta madura.

Se trata de sendas manifestaciones de una misma concepción de la política, que se circunscribe a la pura lucha por la conquista y la preservación del poder, sin parar mientes de los daños que con este proceder se irrogan a los intereses generales. Lo que supone que, en la España de hoy, a la grave crisis económica que padece se le sobrepone una crisis política de enorme calado, que se manifiesta en una creciente desafección ciudadana.

Nadie duda que gran parte de los políticos ejercen su función con discreción y aseo. Pero también es evidente que las cúpulas de los partidos – integradas en gran parte por políticos de hoja perenne-se han convertido en unos mandarinatos atentos sólo a sus intereses electorales, ya que, al haberse profesionalizado la política – lo que hoy resulta inevitable a estos niveles-convierten la lucha por el poder en una refriega por su instalación personal, que tendrían difícil a la intemperie. El profesor Josep-Maria Colomer – presidente de la comisión de expertos para la Llei Electoral de Catalunya-ha denunciado este colapso, al atribuir el fracaso del proyecto  a “la sustitución de las listas cerradas y bloqueadas por alguna forma de voto que permitiese a los electores escoger no sólo un partido sino también algunos candidatos individuales”, añadiendo que “los partidos políticos están cerrados en ellos mismos, y a los que controlan la organización les da pánico que los ciudadanos puedan intervenir en la selección de sus representantes”.

Por ello, pese a ser inmune a la mística de la institución monárquica, añado a los dos argumentos con los que vengo defendiendo su vigencia en España (su aportación decisiva al éxito de la transición y su función vertebradora del Estado) una tercera razón: el quedar excluida, por su carácter hereditario, de la manipulación partidista. ¡Qué descanso!

Juan-José López Burniol, notario.