El riesgo de España

España vive una situación insospechada: desde el 20-D, tratando de formar un gobierno para la nación; y desde hace años, con una región cuyo gobierno insta a la secesión. El coste de esta inestabilidad política para España en su conjunto se estima, como mínimo, en un -0,5% del PIB de 2016. Para el caso de Cataluña, el coste se evalúa en un -3,5% del PIB de 2016.

A este escenario de inseguridad se añaden las expectativas sobre el resultado final, es decir, cuándo habrá gobierno y, sobre todo, qué orientación tendrá éste. Más allá de la aritmética parlamentaria y del eje derecha-izquierda, el dilema español se dirime en el eje unión-separación o, mejor, entre constitucionalistas-no constitucionalistas, y más precisamente aún entre partidarios o no del Estado de derecho y de la unidad de España.

La unidad de España representa la garantía de la democracia, de la igualdad y de los derechos cívicos, sociales e individuales de todos los españoles. Los que defendemos la unión lo hacemos para defender el Estado de derecho.

España, sus instituciones y líderes se hallan, pues, ante una disyuntiva clarísima, aunque ellos prefieran no verla: (a) formar un gobierno de gran coalición capaz de realizar reformas institucionales, incluido el sistema de gobierno de las regiones, o bien, (b) ir a nuevas elecciones generales que (b1) confirmen esta misma alternativa o que, al contrario, (b2) abran el camino a la degradación, deconstrucción y desaparición de España. De hecho, esta última vía ha avanzado ya en Cataluña, dónde los radicales, populistas y separatistas locales están esperando que los radicales, populistas y separatistas del resto de España les brinden la oportunidad de culminar su obra.

Ante tamaños desatinos posibles se entiende perfectamente que el impacto mínimo de todo ello sea del 0,5% del PIB. Se entiende perfectamente que tras dos meses de devaneos caigan los Índices de Confianza del Consumidor y de Confianza Empresarial y la Bolsa y que crezca el Índice SCC de Riesgo Catalán, la prima de riesgo y las salidas de capital del país. El puente aéreo Barcelona-Madrid y el puente electrónico España-mundo están al rojo vivo.

Vale decir que las perspectivas económicas de España, considerando los fundamentales de la economía, eran relativamente buenas, justamente habida cuenta del ajuste conseguido en los últimos tres años. Tampoco era malo el contexto económico internacional, con devaluación del euro, del petróleo y de los intereses, aunque en esta vertiente exterior hay elementos de inestabilidad no menores: deflación, Brexit, confusión en la Unión Europea, presión de Rusia y en Oriente Medio, entre otros.

Por tanto, la cuestión clave es la incertidumbre política. Por ello sorprende la inmadurez de la élite española. Tras el 20-D se abrió la necesidad de una gran coalición para formar un gobierno y con ello se abrió la posibilidad de regenerar las instituciones nacionales y territoriales del país. En lugar de esto, y debido a consideraciones personales o psicológicas, los líderes de los tres mayores partidos llevan dos meses enzarzados en refriegas cada vez más agrias. Cabría recordar que no estamos hablando de un grupo de excursionistas tratando de decidir la ruta a escoger.

La calidad de la democracia española debe desarrollarse. Quizá no tanto en relación a la vigencia de los derechos civiles, salvo en el caso flagrante de Cataluña –que es una bonísima parte de España–, donde el ninguneo al disidente está alentado por el gobierno regional, al estilo de los totalitarismos clásicos. Pero sí en su más que limitada capacidad de resolver los problemas y para afirmar la vigencia del Estado de derecho y el imperio de la ley en todo el territorio nacional.

Si la actual etapa de incertidumbre política se acentúa, y si los actuales vientos de cola de la economía española (fundamentales de las empresas y exterior) girasen a vientos de frente (en forma de inestabilidad política española irresoluble o de alguna inestabilidad financiera o internacional), las frágiles cuadernas institucionales de España derivarían en graves turbulencias tanto en la economía, como en la sociedad y en la política españolas.

Si se dan todas estas variables, si no se afronta la conformación de un gobierno fuerte y estable, si no se confronta un programa de reformas que fortalezcan nuestras instituciones, si no se toman decisiones audaces y valientes ante el desafío separatista, si no continúan las políticas económicas adecuadas, entonces, España podría resultar una democracia fallida, un Estado fallido, explosionando en un buen número de Estados gamberros, abriendo un nuevo foco de desestabilización en la Unión Europea.

Está en las manos de la sociedad civil y política españolas evitar que esto ocurra y con ello afianzar la calidad de la democracia española, al servicio de los derechos y el progreso y el bienestar de todos los españoles.

Josep Ramon Bosch, José Rosiñol y Ferrán Brunet, miembros de Sociedad Civil Catalana.

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