El riesgo de poner a parir

Por José Manuel Bajo Arenas, presidente de Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología y Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (EL MUNDO, 20/08/06):

La Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología está contemplando cómo, desde foros judiciales, se atribuye a una mala asistencia al parto todo tipo de parálisis cerebral, cuya etiología es desconocida, y que ante la falta de causa explicable se coloca bajo el paraguas de asfixia intraparto. Es una solución simplista para un problema complejo, pero se ha encontrado desde el punto de vista compensatorio, una víctima propiciatoria, el obstetra-ginecólogo a quien inculpar, con unos argumentos tan tenazmente repetidos como pobremente cimentados. Los jueces, faltos de una información científica adecuada, y siguiendo el principio pro damnato condenan al obstetra, cuando menos, a cuantiosas sumas de indemnización (las estremecedoras últimas sentencias son de un millón de euros), cuando más, a la cárcel e inhabilitación del médico.

Investigaciones recientes han establecido, acorde a los conocimientos actuales, que la asociación entre asfixia intraparto y parálisis cerebral pocas veces se da. La incidencia de encefalopatías neonatales se estima en cuatro por mil con un rango que oscila entre el uno y siete por mil, y de ellas sólo el 1,6 por 10.000 pueden atribuirse realmente al parto. Las agresiones que provocan el daño fetal (infecciones, fármacos, déficit de oxígeno, insuficiencia placentaria) actúan durante la gestación, probablemente en periodos tempranos cuando aún se está formando el cerebro y de ahí la gravedad de las lesiones. Desgraciadamente, por el momento son difícilmente diagnosticables e ilusoriamente evitables. Parece por lo tanto que sus señorías no están en lo acertado cuando en las sentencias condenan al obstetra por «no haber realizado cesárea que hubiese evitado el daño», porque el niño ya viene con el deterioro mental e hiciese lo que fuere el médico en el momento del parto, la suerte ya estaría echada.

Las consecuencias de estos hechos son ya constatables, y paso a enumerarlas:

1.- La tasa de cesáreas sigue aumentando y, en mi modesta opinión, lo van a seguir haciendo impelidas por las noticias que llegan desde los tribunales.

2.- Pese a que lo diga un juez, el problema sigue sin solucionarse, como lo demuestra de forma palmaria que en los últimos años las parálisis cerebrales no han disminuido pese a haberse multiplicado por 10 las cesáreas, por mor de las estelas que dejan las demandas judiciales.

3.- Es evidente, y nadie lo discute, que estos desgraciados niños y sus no menos afligidos padres precisan de ayudas y subsidios para intentar paliar su lamentable infortunio, pero hemos añadido una cuarta víctima en la persona del obstetra que, aún habiendo realizado una actuación profesional impecable, puede verse inmerso en un sumario que le lastre durante años, condicionando su vida, la de su familia y su futura actuación profesional.

4.- Consecuencia de lo anterior es la evidencia de que una gran parte de nuestros especialistas abandonan la asistencia a los partos y comenzamos a sufrir una escasez de obstetras.

5.- Hemos recomendado desde nuestra Sociedad que en la asistencia al parto se sigan estrictamente los protocolos de actuación que tenemos, con todas las medidas de seguridad, que han conducido a España a presentar unas cifras de morbimortalidad envidiables, entre las mejores del mundo, sin que estos resultados sean tenidos en cuenta.

Poner a parir tiene en nuestro idioma dos acepciones. La segunda, es insultar, vilipendiar, escarnecer a alguien .El desideratum sería la desaparición de la segunda pero me temo que al ritmo que vamos vaya a desaparecer la primera. La Sociedad Española actual espera, lógicamente, que una gestante de salud impecable dé a luz un hijo sano. Si no ocurre así, la culpa es del obstetra. Evitar las denuncias, o el que éstas disminuyan, es algo que, aunque factible, se me antoja muy difícil, habida cuenta de los intereses económicos que bucean bajo ellas y de los antecedentes que obran en nuestro poder procedentes de otros países.

Insistimos en que las familias afectadas necesitan de fondos para el cuidado de los minusválidos cuyos derechos no deben ser conculcados, y habrá que recurrir a un pacto social para concedérselos. Pero de ahí a que sistemáticamente caiga sobre nuestras espaldas el coste de una desventura que no dispone de pruebas irrefragables de nuestra culpabilidad, media un abismo, y conviene imponer cordura cuanto antes en todo el proceso, y no ahondar en una fractura que empieza a ser profunda.