El Guadalquivir es el río grande andaluz. Wadi al-Kabir, tal y como lo denominaron los árabes. "El gran rey de Andalucía, de arenas nobles ya que no doradas", en palabras de Góngora. Nadie puede dudar de su naturaleza profundamente andaluza, ya que más del 90% de sus 657 kilómetros discurren por nuestra comunidad y en su valle vive más de la mitad de nuestra población.
Arteria de la región, ha condicionado la fisonomía de nuestra tierra y el carácter de nuestro pueblo. A lo largo de la historia, la riqueza de su cuenca y su condición de río navegable han atraído hacia el sur a las civilizaciones tartésica, fenicia, romana, visigoda, árabe y vikinga. Mareas culturales que han dejado huella en sus riberas y sus gentes, conformando con el correr del agua y del tiempo una identidad propia que el devenir histórico convertiría en puerta abierta al mundo.
Desde su desembocadura, a bordo de galeones y naos, se impulsaron grandes descubrimientos geográficos y se abrieron nuevas rutas comerciales y de conocimiento. El río nos proporcionó una manera de vivir, una cultura milenaria, riega nuestros campos y vertebra nuestra tierra.
Por todo ello, la ambición y el compromiso político del Gobierno andaluz sigue siendo conseguir la mejor gestión posible de un recurso clave para esta comunidad como es la cuenca del Guadalquivir. Propósito que no ha alterado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el artículo 51 de nuestro Estatuto de Autonomía, fallo que respetamos y acatamos.
Artículo que, conviene recordar, establecía la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren por territorio andaluz "y no afectan a otra comunidad, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución Española".
El Gobierno andaluz acata y respeta la sentencia del Tribunal Constitucional, pero tiene la convicción de que el Guadalquivir es andaluz. Más de la mitad de la población andaluza, casi cinco millones de personas, vive en los márgenes de este río. El 90,22% de su cuenca discurre por tierras andaluzas.
El Ejecutivo andaluz y el Gobierno de España estamos de acuerdo en que existe margen legal para que la voz de Andalucía sea importante en el Guadalquivir. La explicación es sencilla. Si defendemos una Administración pública más ágil, cercana y útil, parece lógico que la gestión de un río mayoritariamente andaluz tenga la impronta de Andalucía.
Hemos de ser capaces de establecer la fórmula constitucional y legal más adecuada para abanderar la gestión de nuestro río, para garantizar el protagonismo de Andalucía en la toma de decisiones de una manera clara y determinante, haciéndolo además en el marco que el Tribunal Constitucional ha fijado.
Queda por delante un trabajo arduo, complejo y sin precedentes de arquitectura jurídica, que habrá que hacer en el marco de lo dispuesto por el Alto Tribunal: respetando las competencias del Estado, de las otras comunidades autónomas sobre las que también discurre el Guadalquivir y la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía sobre sus recursos.
Tendremos que buscar una forma de ejecución distinta, consensuada, de entendimiento, que nos permita desarrollar un nuevo modelo competencial y la normativa que lo ponga en marcha con plena seguridad jurídica. Ahora bien, no se trata de partir de cero.
Durante los dos años en los que Andalucía ha liderado la gestión del río hemos mantenido un contacto permanente con las otras regiones de su cuenca. Hemos sido escrupulosamente respetuosos con su opinión y sus derechos, a través del Comité de Autoridades de la Confederación Hidrográfica del río. Ese es el camino.
El nuevo modelo de gestión ha de apoyarse, como no podía ser de otra manera, en nuestro Estatuto de Autonomía, que concitó un apoyo político casi unánime del Congreso de los Diputados y que fue refrendado por el pueblo andaluz. Un texto normativo del que sus artículos 43 y 50 han sido declarados plenamente constitucionales.
En este sentido, se garantizarán principios de unidad de cuenca, así como aquellos otros que ya reservaba el propio artículo 51 al Estado, tales como la planificación general del ciclo hidrológico, las normas básicas sobre la protección del medio ambiente y las obras hidráulicas de interés general. Y, junto a ello, la máxima capacidad de decisión de la Junta de Andalucía en la gestión del río.
Perseguimos una gestión transparente y eficiente del Guadalquivir, que combine el respeto a su ecosistema y el progreso económico que supone para nuestra tierra como autopista fluvial y motor turístico. Un Guadalquivir que es de los que lo contemplan, de los que lo navegan, de quienes riegan con su agua, de los que lo protegen, de los que lo visitan... Un río, que como decía Federico García Lorca, "va entre naranjos y olivos" y que ha de ser, como lo ha sido siempre, punto de encuentro de todos y canal de apertura al mundo.
José Antonio Griñán Martínez, presidente de la Junta de Andalucía.