El Sureste español está atravesando por una de las sequías más duras que se recuerdan en la historia reciente. Esta situación de falta de agua ha llevado al Gobierno ha aprobar tres decretos de sequía, dos el pasado 8 de mayo y uno a principios de septiembre, que incluyen medidas extraordinarias en el ámbito territorial de las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura. Su vigencia se prolonga hasta el 30 de septiembre de 2016, es decir, durante todo el año hidrológico que acabamos de comenzar. Constata así la realidad del sureste de España, en el que convivimos valencianos, murcianos y andaluces. Una zona en la que dos millones y medio de personas -casi un millón más en verano- necesitan agua para su consumo.
El trasvase Tajo-Segura es vital para esta zona y antes de hacer frentes antitrasvases y crear polémicas muchas veces demagógicas, habría que tener en cuenta lo que hay detrás de esta importante obra hidráulica. En la zona regada por sus aguas se produce el 70% de las hortalizas y el 25% de las frutas que exportamos en España. Se trata del segundo sector más relevante para nuestra balanza comercial por detrás de la automoción. Además, de él dependen 100.000 empleos directos, y hasta 300.000 indirectos.
Entre todos hemos conseguido desarrollar el mejor y más eficiente regadío de España, y podríamos decir que es puntero a nivel mundial. El 100% de la superficie está modernizada con redes presurizadas, con una significativa evolución a cultivos hidropónicos, invernaderos de última generación, sistemas de recuperación de energía mediante cogeneración y medidas de telecontrol a distancia de la programación del riego, lo que lo convierte en un referente mundial para el sector. Una agricultura, además, que no depende de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) europea, sino que es rentable y competitiva en los mercados.
Para conseguirlo, la aportación del Trasvase Tajo-Segura se ha erigido en un elemento imprescindible. Proyectado en la Segunda República, desarrollado a finales de la década de los 60 y comienzos de los 70 y puesto en marcha en 1979, en plena eclosión de la Democracia, constituye un elemento vital para esta vertebración, y que es avalado por Ley.
Además, los costes de inversión revierten después a las comunidades autónomas de la cuenca cedente (Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura). En total se ha pagado 413 millones de euros para inversiones en la mejora de infraestructuras hidráulicas de las zonas directamente involucradas en el acueducto, principalmente en los municipios ribereños de los pantanos de Entrepeñas y Buendía.
Sin embargo, somos conscientes de la necesidad de analizar todas las alternativas y escenarios posibles, y de buscar fórmulas que permitan una solución estructural, y no coyuntural, al déficit de agua del Levante español. El nuevo Plan Hidrológico del Segura (2016-2021) contempla un déficit de cuenca de 400 hectómetros cúbicos, 80 menos que en el plan hasta ahora vigente, gracias a la incorporación de recursos desalinizados y a la disminución de las necesidades de abastecimiento. Es decir, avanzamos en la búsqueda de sostenibilidad, pero seguimos necesitando la solidaridad de todos.
Convertir las necesidades de agua de unas zonas de España en un elemento de confrontación partidista no ayuda a encarar el problema desde su raíz. Tampoco ayuda realizar acusaciones sin fundamento para crear un frente antitrasvase, ni echar la culpa al Trasvase de la mala calidad de agua que circula por el Tajo a su paso por Toledo o Talavera de la Reina. Es evidente que políticas fallidas o inexistentes en materia de depuración provocan esta situación. Porque nunca por el Tajo ha dejado de circular el caudal ecológico recogido en su Plan de Cuenca. El trasvase no puede ponerse en cuestión siempre que se acerca una confrontación electoral. La peor contaminación del agua es la política.
Solo una política de mirada amplia -que aborde la situación global y diseñe un Plan Hidrológico Nacional vertebrador y que equilibre las demandas y requerimientos de cada uno de los que compartimos un recurso básico- puede generar un escenario en el que el corto plazo no se imponga al interés general. A eso aspiramos y eso pedimos: menos literatura y más hechos.
José Manuel Claver es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).