Cuando Pilar Ruiz, la madre de Joseba y Maite Pagazurtundua, advirtió a los socialistas de que harían cosas que «nos helarán la sangre», pocos llegaron a calibrar hasta qué punto esta madre frágil, valiente y lúcida tenía razón. El contenido de las actas de ETA es sencillamente estremecedor. El chivatazo a la trama de extorsión de ETA, traición directa a los policías que se juegan cada día la vida, era sólo la punta del iceberg de la infamia: apenas un capítulo más de la saga de mentiras e ilegalidades cometidas durante el proceso encabezado por Zapatero, alias Gorburu, y gestionado por Rubalcaba.
Las actas de la negociación con ETA vienen a confirmar una lamentable realidad: la existencia en España de dos enfoques radicalmente diferentes frente al terrorismo. Por un lado está la política de firmeza democrática, construida sobre la idea sencilla y sin embargo poderosísima de que el camino de la libertad lo marca la Ley: que la única manera no sólo moral, sino también eficaz de acabar con el terrorismo es desde el Estado de Derecho. Esa política, propia de una democracia militante, quedó resumida en una frase que se convirtió en el lema de la estrategia antiterrorista de los Gobiernos de Aznar: «Sólo con la Ley, pero con toda la Ley». Es la política del acoso judicial y policial de ETA, la política de la Ley de Partidos, y la política que por primera vez reconoció la condición política de las víctimas del terrorismo.
En el otro extremo se encuentra una política muy diferente: la política del atajo, la que elude la Ley, la que desborda sus límites para adentrarse, hacia un lado o hacia el otro, en el terreno oscuro, sinuoso y peligroso del todo vale, sobre todo si es secreto. Ésta ha sido siempre la política socialista. Lo fue en épocas de Felipe González, con los GAL. Lo ha sido con Zapatero, con el proceso de negociación política con ETA. Y el puente entre ambos es Rubalcaba.
Para quienes formamos parte del Partido Popular, es difícil no sentir en estos momentos el sentimiento agridulce de quien se ve reivindicado en una posición que no fue fácil, pero sí muy necesaria. Reivindicados en nuestra oposición frontal al proceso de negociación con ETA, que fue lo que, según las propias actas, impidió la consecución de un acuerdo político incompatible con unos mínimos criterios éticos y legales. Y reivindicados en nuestra defensa inquebrantable de la dignidad de la democracia y la memoria de las víctimas. Mariano Rajoy fue fustigado por acusar a Zapatero de «traicionar a los muertos» durante un Debate sobre el estado de la Nación. Se quedó corto.
Los tratos secretos del Gobierno con ETA fueron una traición a las muertos y también a los vivos. Y si alguien se escandaliza con esta afirmación, que repase lo que los representantes de Zapatero dijeron a los de ETA en su reunión de mayo de 2007, cinco meses después del bombazo de la T-4 que mató a dos ciudadanos ecuatorianos: «Hay voluntad de reiniciar el proceso, debe mantenerse la tregua, las reuniones deben ser secretas».
Y ahora, ¿dónde estamos? En un momento decisivo, en una encrucijada crítica. En las próximas semanas, nos jugamos la derrota efectiva de ETA. Sabemos que ETA hará lo que haga falta para presentarse a las elecciones municipales del 22 de mayo. Incluso está dispuesta a que su brazo político diga que rechaza la violencia, en una burda treta que el auto del Tribunal Supremo se ha encargado de desmontar en base a pruebas concluyentes proporcionadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El problema es que la decisión del Supremo, razonable y muy bien razonada, no cierra definitivamente la puerta a la presentación de Sortu a las elecciones.
Y eso lo saben tanto los propios terroristas como quienes se empeñan en presionar a los tribunales para que sean condescendientes con la nueva Batasuna. Entre estos últimos, cabe destacar al lehendakari López, cuya primera reacción tras el fallo del Supremo no fue otra que recordar a Sortu que todavía le queda la «oportunidad» de demostrar que ha roto con ETA ante el Tribunal Constitucional. Como si no supiera que Sortu no puede romper con ETA porque Sortu es un instrumento de ETA.
Al riesgo de que Sortu pueda acabar colándose en las elecciones de mayo hay que sumar el peligro cierto, casi tangible, de que acaben prosperando las otras dos vías que lleva preparando ETA con total impunidad: el Plan B de las agrupaciones electorales y el poderoso Plan C de una fusión fría con Eusko Alkartasuna que daría lugar a un nuevo híbrido político-terrorista.
Frente a las advertencias de unos y las suspicacias de casi todos, el Gobierno se defiende con apelaciones irritadas a la confianza. Pero sus invocaciones suenan huecas. Es francamente difícil creer a este Gobierno. Y no sólo porque, a estas alturas, hasta los más crédulos y partidarios están escarmentados, sino por el tenor de algunas de las confesiones que sus emisarios se apresuraron a hacer en la clandestinidad de sus conversaciones con ETA. De todo lo que, según las actas, dijeron los representantes de Zapatero durante sus reuniones con los terroristas, hay dos afirmaciones que justifican y aconsejan la mayor de las desconfianzas.
La primera es de 22 de junio de 2006 y revela mucho acerca de los usos y costumbres de este Gobierno. Dicen los enviados de Zapatero: «Hay que entender el ropaje con el que se visten algunas declaraciones; que no se puede salir de la mañana a la noche con el discurso real de lo que va a ser el final del proceso. El discurso hay que ir modulándolo según avancen las cosas; hay que entender el discurso formal como dirigido a la clase política, a los que aúllan contra el proceso y, en todo caso, esto no supone que vaya a ser alterada la hoja de ruta». Pocas veces ha sido expresada con mayor claridad la manía que ha demostrado Zapatero de decir una cosa en público y otra en privado. Ese es el ropaje de Gorburu: el recurso sistemático a la mentira, en este caso para alcanzar una paz pactada.
La segunda afirmación está recogida en las actas de la reunión que tuvo lugar el 18 de mayo de 2007, cinco meses después de la T-4. Dicen los emisarios del Gobierno: «El objetivo final no es la rendición de ETA, sino que pueda defender su proyecto en igualdad de condiciones y que ETA desaparezca porque existen esas vías políticas». Aquí está la clave, lo que nos distingue a unos de otros: nosotros no estamos dispuestos a aceptar el canje tramposo de paz por proyecto.
No lo aceptamos porque sería justificar los más de 850 asesinatos de ETA, que no fueron cometidos porque sí, porque a los etarras les gusta matar, sino precisamente en nombre de ese proyecto de ruptura de España. Y tampoco aceptamos el proyecto político de ETA porque es total y absolutamente incompatible con un régimen de derechos y libertades, como bien explicó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la importantísima sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna. Aceptar que ETA «pueda defender su proyecto», como se comprometieron a hacer los emisarios de Zapatero, es aceptar la victoria de ETA frente a la democracia. Es ahorrarle a ETA su derrota y hurtar a todos los españoles, y en especial a las víctimas, su legítimo derecho a proclamarse vencedores de una larga y ardua batalla contra el fanatismo y el terror.
En este contexto, con el final de ETA en la balanza, oscilando entre una derrota efectiva y una paz pactada, se hace más justificada y necesaria que nunca la manifestación convocada de manera unitaria por todos los colectivos de víctimas del terrorismo para el próximo 9 de abril en Madrid. Las víctimas no son sólo el gran referente moral de la España constitucional. Han sido, y siguen siendo, el mayor baluarte contra el terrorismo, el más poderoso dique de contención frente a la cobardía, la indiferencia y la traición. Con ellas hay que estar siempre. Para que no prevalezca la impunidad. Y para que España siga siendo una gran democracia liberal.
Por Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular.