Otro frente se ha abierto en el ascenso global del autoritarismo populista. Con sus esfuerzos por debilitar el poder judicial independiente de Israel, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y su corrupta coalición de fascistas mesiánicos y aliados ultraortodoxos están decididos a traducir su retórica antidemocrática en políticas autoritarias.
No nos equivoquemos: hace mucho que la democracia ha estado en peligro en Israel. La brutal ocupación de los territorios palestinos es fundamentalmente incompatible con los valores democráticos. Y el sistema israelí de pesos y contrapesos es débil: el país no se rige por una constitución formal ni un parlamento bicameral y, en ausencia de un veto presidencial, el Knesset (parlamento) está completamente controlado por el poder ejecutivo.
Pero las medidas que el nuevo gobierno de Netanyahu ha impulsado desde diciembre eliminarían el último contrapeso a su poder. En particular, la reforma judicial que ha propuesto aumentaría la influencia del gobierno en el nombramiento de los jueces y permitiría que una mayoría parlamentaria absoluta revirtiera las decisiones de la Corte Suprema que invaliden una ley.
La reorganización al sistema legal que el gobierno pretende aprobar permitiría a los aliados de Netanyahu en el Knesset detener el juicio penal que se le está haciendo por soborno y abuso de confianza, y eliminar los frenos dispuestos por los tribunales a la expansión de asentamientos judíos en los territorios palestinos.
La orwelliana justificación de la coalición israelí es que el poder judicial ha caído en un activismo extremo en los últimos años, socavando la confianza pública y la “gobernabilidad”. Lo que esto realmente significa es que los jueces obstaculizan las intenciones del gobierno de pisotear el estado de derecho.
Hubo un tiempo en que Netanyahu defendía al poder judicial. En 2012, prometió detener cualquier proyecto de ley que apuntara a debilitar la Corte Suprema, declarando que “no se puede proteger los derechos sin cortes fuertes e independientes”. Pero esto era por pura conveniencia: defender el poder judicial convenía a su interés en perpetuarse en el poder, la meta que tenido a lo largo de toda su carrera política.
La situación ha cambiado. Sus ambiciones políticas dependen hoy de una camarilla de infractores de la ley y cínicos aprovechadores. El ministro del interior ha sido declarado culpable de soborno, fraude y delitos tributarios, y el ministro de seguridad -discípulo del fallecido rabino judeo-fascista Meir Kahane- tiene ocho condenas por incitación al racismo. El ministro de vivienda amasó una fortuna con los subsidios estatales a instituciones ultraortodoxas.
Netanyahu debe encontrar maneras de satisfacer a sus aliados. Eso explica sus promesas de salvaguardar presupuestos extravagantes para escuelas ultraortodoxas -con planes de estudio que excluyen materias como matemáticas, inglés y ciencias- y la formalización de la exención del servicio militar para seminaristas.
Aquí se pueden hallar también las razones por las que la mitad de quienes forman parte del bloque de 64 escaños aliados a Netanyahu del Knesset de 120 miembros son ministros y viceministros. Para ello se han debido crear ministerios de la nada, dividir otros y asignar tareas superpuestas con responsabilidades en conflicto. Por ejemplo, Bezalel Smotrich es tanto ministro de finanzas como “segundo ministro de defensa”, responsable de la Administración Civil de Israel en Cisjordania.
Para asegurar la completa anexión a Israel de las tierras palestinas ocupadas, Smotrich -que es también el presidente del Partido Sionista Religioso, copatrocinó en 2021 un proyecto de ley que habría abolido la Administración Civil. Darle autoridad sobre la ocupación equivaldría a reconocer la anexión. Con ello, se habría destruido cualquier ilusión de que la ocupación es temporal y que Israel no es un estado en que se practica el apartheid.
Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores estará encabezado por dos miembros en rotación del Likud, el partido de Netanyahu, en un sistema que no hará nada por resucitar una institución crucial pero muy dañada. Y el recién reconstituido Ministerio de Asuntos Estratégicos será dirigido por Ron Dermer, hombre de confianza de Netanyahu y exembajador en los Estados Unidos que conspiró con congresistas republicanos para eludir a la administración de Barack Obama y frustrar las conversaciones nucleares de EE.UU. con Irán.
Los aliados conservadores de Netanyahu en Estados Unidos siguen respaldando sus esfuerzos por socavar la democracia israelí. El Kohelet Policy Forum -un misterioso think tank fuertemente financiado por dos multimillonarios judeo-estadounidenses- ha desempeñado un papel central en el diseño de la reorganización del poder judicial. Kohelet también fue el arquitecto de la polémica ley de 2018 que define a Israel como la nación-estado del pueblo judío.
Kohelet propugna un ideario político libertario según el cual la gente debería esperar poco apoyo o protección del estado. Pero, para Netanyahu es más decoroso quebrantar la promesa de un gobierno pequeño que cumplirla: sus electores -colonos judíos en tierras palestinas ocupadas y votantes ultraortodoxos- disfrutan de cuantiosos subsidios financiados por el sector de la alta tecnología y otros motores del crecimiento económico impulsados abrumadoramente por sus oponentes liberales.
La reforma judicial ha generado una ola de resistencia popular. Decenas de miles de israelíes han organizado protestas periódicas fuera del Knesset y en el resto del país, llevando a un punto de ebullición la guerra cultural y política que se ha llevado gestando por largo tiempo.
Mientras tanto, el gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, ha advertido que las reformas judiciales podrían afectar la calificación crediticia del país, impresión compartida por dos de sus predecesores. Y 300 economistas israelíes y más de 50 economistas extranjeros han publicado cartas que advierten que debilitar el poder judicial “perjudicaría no solo a la democracia, sino a la prosperidad y el crecimiento”. Temiendo las consecuencias económicas, algunas empresas emergentes y fondos de capital de riesgo han comenzado a sacar sus fondos del país. De manera similar, siete ganadores del Premio Nobel han planteado que las reformas afectarán la reputación global de Israel en los ámbitos académicos y científicos.
Los aliados de Israel han resaltado más todavía lo que está en juego. El Presidente estadounidense Joe Biden observó enfáticamente que un poder judicial independiente es uno de los pilares de la democracia, tanto en Estados Unidos como en Israel, por lo que se puede inferir que es una piedra angular de la relación entre ambos países. El Presidente francés Emmanuel Macron fue más explícito: supuestamente le dijo a Netanyahu que, si la reforma se adopta en su propuesta actual, Francia tendrá que concluir que Israel ha abandonado la manera en que ambas naciones entienden lo que es la democracia. De hecho, la verdadera pregunta es si Netanyahu alguna vez la entendió así.
Shlomo Ben Ami, a former Israeli foreign minister, is Vice President of the Toledo International Center for Peace and the author of Prophets without Honor: The 2000 Camp David Summit and the End of the Two-State Solution (Oxford University Press, 2022). Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.