El sandinismo, ayer y hoy

Hace 40 años triunfó en Nicaragua una revolución que fascinó a la izquierda latinoamericana. El Frente Sandinista tenía claros orígenes en las guerrillas marxistas de los sesenta: la década de máxima influencia del modelo cubano. Pero sus principales líderes (Daniel y Humberto Ortega, Moisés Hassan, Tomás Borge, Jaime Wheelock, Luis Carrión, Dora María Téllez…) remitían sus antecedentes a una lucha anterior a la Guerra Fría y definida más en términos nacionalistas que marxistas: la de Augusto César Sandino contra la ocupación estadounidense.

Al momento del triunfo, el sandinismo se había pluralizado lo suficiente como para que la corriente marxista, o, más específicamente, marxista-leninista de corte cubano, viera limitada su hegemonía frente a otros sectores importantes de la lucha contra la dictadura somocista: el Grupo de los Doce, al que pertenecían escritores como Sergio Ramírez o abogados como Carlos Tünnermann, la Iglesia católica (monseñor Miguel Obando y Bravo, Miguel d’Escoto, los hermanos Fernando y Ernesto Cardenal) y figuras de la sociedad civil y la opinión pública como doña Violeta Barrios, viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por Somoza en 1978.

La Junta de Gobierno y Reconstrucción Nacional que asumió el poder en Nicaragua en 1979 y la propia Constitución de 1987 reflejaron nítidamente el pluralismo del proyecto sandinista. A diferencia del sistema consolidado en Cuba en los años setenta, con el respaldo de la URSS, la economía nicaragüense sería mixta, el régimen pluripartidista y las libertades de asociación, expresión, reunión y manifestación estarían garantizadas. No sólo el empresariado y la Iglesia eran actores decisivos del cambio: también lo eran las mujeres y las comunidades indígenas. La autonomía de la sociedad civil y la filosofía de los derechos humanos eran parte del repertorio ideológico de aquella revolución.

Otra diferencia notable entre el proceso nicaragüense y el cubano fue el papel de la comunidad internacional. El sandinismo fue apoyado por casi toda América Latina, Europa y, en buena medida, Estados Unidos durante la Administración de Jimmy Carter, entre 1976 y 1980. La posición favorable de la OEA y de la ONU, del México de José López Portillo y Miguel de la Madrid, de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, del Grupo de Contadora y los Tratados de Esquipulas o de los Gobiernos socialistas de Felipe González y François Mitterrand, aisló la agresividad belicista de Ronald Reagan —cuyo saldo costosísimo no tiene sentido negar—, pero también contrarrestó la influencia cubana y soviética.

Aquella experiencia, que abarca toda la década de los ochenta, sintetiza muy bien los dilemas de la izquierda latinoamericana a fines del siglo XX. En Nicaragua supieron conjugarse los ideales de la revolución social y de la transición democrática, que sólo desde las posiciones más dogmáticas de la izquierda comunista de la Guerra Fría se asumían como excluyentes. La Nicaragua sandinista puede considerarse la última de las grandes revoluciones del siglo XX latinoamericano y, a la vez, una más de las transiciones democráticas de los ochenta.

Aquella valiosa herencia está siendo negada, día a día, por Daniel Ortega, desde que en 2014, siguiendo el ejemplo de Hugo Chávez en Venezuela, entronizó la reelección indefinida en Nicaragua. Ya para entonces Ortega iba por su segundo mandato consecutivo, por lo que su presidencia suponía una violación del artículo 147 de la Constitución de 1987, que dice: “No podrá ser candidato el que ejerciere en propiedad la Presidencia de la República en el periodo que se efectúa la elección, ni el que la hubiera ejercido por dos periodos presidenciales”. Con la reforma de 2014 el reeleccionismo de Ortega dejó de ser inconstitucional.

Aquella reforma también facultaba al mandatario para aplicar indiscriminadamente estados de excepción y gobernar por decreto. La mayoría del FSLN en la Asamblea Nacional daba pie, como en Venezuela, a la construcción de una hegemonía aplastante, decidida a reducir al mínimo la presencia de la oposición en el Parlamento. La represión despiadada de las protestas populares en el último año y el boicoteo permanente de una salida negociada a la crisis son la consecuencia directa de la mutación del sandinismo: una fuerza política que supo ser democrática frente a una dictadura y que hoy es dictatorial dentro de una democracia.

El despotismo del régimen sandinista se expone lo mismo en aquel ejercicio sistemático de la represión como en la actual liberación de 56 presos políticos. Una decisión que, con toda razón, el movimiento opositor y la comunidad internacional celebran, pero que el Gobierno usa como carta de negociación en un intento de perpetuación del régimen y de pacto de impunidad en torno a los cientos de muertos que dejó la resistencia popular.

Rafael Rojas es historiador.

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