Al maestro de la Ciencia del Derecho José María Castán in memoriam.
EL año que viene se cumplirá el cuadragésimo aniversario de la Constitución, por lo que preparando el nuevo curso académico repasé durante el verano algunas de las actas de los debates que sobre su redacción se celebraron en el Congreso y en el Senado.
Realmente ha sido una experiencia aleccionadora, incluso entrañable, pues en esos textos no sólo se encuentra la interpretación auténtica de nuestra ley fundamental, sino que también evocan muchos recuerdos de un tiempo que mi generación vivió de forma apasionada.
En el transcurso de estas lecturas hubo dos aspectos que me llamaron la atención. El primero se refiere a las inquietantes enmiendas republicanas que presentó y defendió el PSOE ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, así como su abstención al votarse el artículo 1.3 en el Pleno. Actitud de los socialistas que fue explicada por algunos medios con el argumento de que se trataba de un gesto simbólico, e incluso de una baza negociadora. Sin embargo, aquella conducta contrastaba mucho con el pragmatismo político manifestado entonces por el PCE en torno a la forma de gobierno monárquica.
El otro aspecto que llamó mi atención fue el extraordinario nivel que alcanzaron los debates constitucionales en el Senado, consecuencia de la extraordinaria solvencia intelectual de muchos de sus miembros: algunos designados por el Rey, en un número no superior a la quinta parte, según la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, y los demás elegidos en votaciones nominales por los electores de sus respectivas provincias.
Un ejemplo del interés de aquellos debates fueron las enmiendas e intervenciones del senador por designación real Camilo José Cela Trulock, que aportaron mejoras apreciables a la redacción del texto definitivo. Labor de nuestro Premio Nobel de Literatura que quiero destacar, porque me parece injusto que el recuerdo de su vida parlamentaria suela reducirse a simples anécdotas, como la de comenzar una intervención dirigiéndose a los «senadores y senatrices»; o la más conocida sobre si estaba «dormido» o «durmiendo» en cierta sesión parlamentaria. Anécdota que probablemente sea espuria, pues una muy similar, aunque con lenguaje menos atrevido, se atribuye a Ríos Rosas.
Los senadores comenzaron en agosto de 1978 sus debates sobre el Proyecto de Constitución aprobado por el Congreso. Habían presentado 1.128 enmiendas, de las que don Camilo era autor de 41. Posteriormente modificó algunas y presentó otras in voce.
Fueron redactadas y defendidas con «síntesis y economía léxica», pues como dijo en otra ocasión citando a Cervantes: «No hay razonamiento que, aunque sea bueno, siendo largo lo parezca».
De todas las enmiendas propuestas por el futuro marqués de Iria Flavia voy a destacar tan sólo dos de ellas. La primera es la relativa al artículo que debía regular el orden de sucesión al trono, conforme al que el «varón» precedía en derecho a la «hembra». Terminología establecida por Las Siete Partidas en el siglo XIII, que se había mantenido en todas nuestras Constituciones históricas del siglo XIX, así como en el mismo proyecto de Constitución aprobado por el Congreso.
Intervino entonces el senador Cela para afirmar que no era correcto el uso de semejante lenguaje: «Puesto que “hembra” es el término opuesto a “macho”, y el término opuesto a “varón” es “mujer”». Argumento con el que logró que su enmienda se aprobara por asentimiento, como corrección de estilo, de forma que el término «mujer» es el que figura hoy en el artículo 57.1 de nuestra Constitución.
La segunda enmienda del senador Cela a la que voy referirme fue la relativa a la «lengua oficial del Estado», que según el artículo 3.1 del proyecto aprobado por el Congreso era el «castellano», sin referencia alguna al «español», términos que para el literato eran «rigurosamente sinónimos». Sinonimia que, para el senador Sánchez Agesta no era «un problema emocional, sino racional».
Sobre esta misma cuestión ya había intervenido el senador liberal de UCD Luis Miguel Enciso, con un discurso ejemplar, pleno de erudición y razones, que inició con el soneto de Unamuno que comienza así: «La sangre de mi espíritu es mi lengua/ y mi patria es allí donde resuene/ soberano su verbo, que no amengua/ su voz por mucho que ambos mundos llene […]». Discurso que, además, concluyó con una cita a Dámaso Alonso, para quien resultaba pintoresco que «el español no se llame español».
Por su parte, el senador Cela defendió que la lengua oficial del Estado debía ser «el castellano o español»: «Yo hice examen de conciencia para ver lo que yo mismo decía y llegué a la conclusión de que uso ambas denominaciones. Digo “escribo en castellano”, lo mismo que también digo “hablo español” […] Pienso que el español engloba al castellano y que es algo más de lo que este último fue en su historia. Entiendo también que sería no poco paradójico que en todas las Constituciones de los países hispanoparlantes americanos se hable de que la lengua oficial es el español y aquí nos limitemos a decir que la lengua oficial es el castellano».
El senador Enciso renunció, en nombre del grupo parlamentario de UCD, a la enmienda que había defendido, por considerarla «análoga» a la de Cela, que fue aprobada por mayoría abrumadora en la Comisión Constitucional del Senado: «El castellano o español es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Sin embargo, durante los debates en la Comisión Mixta Congreso-Senado se volvió a la redacción dada por el Congreso, que es la que hoy está constitucionalmente en vigor. Pese a ello, la Real Academia Española aún considera, en su Diccionario panhispánico de dudas, que el uso del término español «resulta más recomendable por carecer de ambigüedad».
Finalmente, al concluir la defensa de su última enmienda ante la Comisión Constitucional de la Cámara Alta, el senador Cela se despidió elegantemente de sus señorías con su proverbial ingenio: «Sólo me queda añadir mi gratitud, puesto que mi sabiduría se ha terminado antes que la paciencia de ustedes. Esta es mi última enmienda. Muchas gracias».
Juan Carlos Domínguez Nafría, numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y rector honorario de la Universidad CEU San Pablo.