El sentido común

El paralelismo entre los procesos políticos que viven Escocia y Catalunya me ha hecho recordar la profunda influencia que ejerció en su día la escuela filosófica escocesa del sentido común en la escuela filosófica catalana de Martí d’Eixalà y Llorens i Barba. En el proceso escocés ha primado el sentido común; en el catalán, está por ver. En realidad, el origen de ambos es semejante y se halla en el órdago independentista planteado tanto por Escocia como por Catalunya para superar el inmovilismo de los establishments que ejercen su hegemonía sobre sus respectivos gobiernos centrales. Pero ahí terminan las semejanzas, porque mientras el primer ministro Cameron aceptó el envite, no sin cierta arrogancia, reduciendo la propuesta triple de Salmond (que incluía una tercera vía consistente en el traspaso de competencias) y la pregunta del referéndum al sí o no a la independencia, el presidente Rajoy se negó desde el primer momento a entrar en el tema, enrocándose en una interpretación literal de la Constitución sublimada a la categoría de dogma, es decir, utilizando la ley como burladero. De hecho, la posición del Gobierno español ha sido doblemente negativa (la Constitución no permite un referéndum como el escocés y, además, una Catalunya independiente quedaría fuera del Europa), lo que la coloca en una franca posición de inferioridad respecto al programa soberanista que, con toda la imprecisión y exceso que se quiera, proclama y defiende una triple propuesta positiva: reivindicación nacional, defensa del Estado de bienestar y regeneración política. Ante esta situación, las preguntas surgen inevitables: ¿tiene sentido común la impávida cerrazón del presidente Rajoy? ¿Contribuye a enfriar el problema o, antes al contrario, lo agudiza?

Estas preguntas cobran sentido a la vista del resultado del referéndum escocés, desarrollado con el impecable rigor democrático propio del Reino Unido, porque se ha logrado un doble objetivo: preservar la unión y aumentar sensiblemente las competencias del Parlamento escocés, lo que era con toda certeza el objetivo del presidente Salmond, quien, pese a haberlo conseguido, ha dimitido de su cargo. Por otra parte, el alivio de la Unión Europea al conocer el resultado pone de relieve un hecho evidente: la dificultad enorme que comporta la construcción europea con veintiocho estados miembros se convertiría en un obstáculo insalvable si se iniciase un proceso de desintegración de aquellos. La razón yerra cuando prescinde de la historia.

Por el contrario, el establishment español se niega con desdén a admitir que el llamado problema catalán -que es de hecho el problema español de la estructura territorial del Estado, es decir, del reparto de poder- sólo tiene dos salidas: o un Estado federal en el que Catalunya vea reconocida su identidad nacional en forma de autogobierno (autocontrol de los propios intereses y autogestión de los propios recursos) o una Catalunya independiente; lo que inevitablemente tendrán que decidir algún día los ciudadanos catalanes mediante la oportuna consulta. Así lo sostengo desde el año 2005 sin ocultar nunca mis cartas: soy partidario de preservar la unión pero, precisamente por ello, entiendo que no hay otro modo de matenerla que otorgar a los catalanes el derecho a decidir tras haberles ofrecido con claridad una alternativa de autogobierno seria y suficiente. Es más, creo que el retraso en plantear esta disyuntiva erosiona gravemente la opción unionista.

Así las cosas, la secuencia de los acontecimientos próximos es sabida. Tras la aprobación de la ley de Consultas por el Parlament, la convocatoria de la consulta por el presidente Mas, la impugnación de ambas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España y su suspensión automática, se ha abierto un periodo de impotencia y barullo (palabras de Azaña), frecuente en la historia de España, en el que se oirán en Catalunya fuertes voces propugnando la desobediencia civil o la ruptura de la legalidad, con el fin de celebrar la consulta al amparo de una pretendida legalidad catalana enfrentada a la española, con olvido de que esta contraposición no cabe dentro de un único ordenamiento jurídico. Y es en esta tesitura cuando se le ofrece al president Mas una de aquellas raras ocasiones en las que a los humanos nos es concedida la oportunidad de cometer graves errores o de acertar de un modo pleno. Los hechos y previsiones que -a mi juicio- integran los presupuestos sobre los que el president habrá de decidir son estos: 1. Ha cumplido su compromiso de convocar la consulta. 2. La consulta no puede celebrarse con garantías objetivas que permitan su homologación internacional. 3. La ruptura de la legalidad española abriría un periodo de confrontación de imprevisibles consecuencias, tanto a nivel doméstico como internacional. 4. Queda la opción de devolver el poder de decisión al pueblo catalán mediante la convocatoria de nuevas elecciones. 5. El peor pacto es siempre preferible al mejor pleito.

¡Ojalá se imponga en todos el sentido común!

Juan-José López Burniol

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