El sentido del honor y el Tribunal de Estrasburgo

El honor de las personas es algo que está muy dentro de ellas y, al mismo tiempo, también muy fuera. Es lo que más íntimamente pertenece a la identidad de cada uno y, en sentido negativo, el deshonor es lo que los otros nos niegan. Aunque es tan fuerte su sentido positivo que el honor no se pierde nunca porque nos lo nieguen, incluso tampoco cuando somos nosotros los que lo ignoramos. Porque es algo que se nos da con la propia vida, un don y, por tanto, un dato para nosotros mismos y para los demás.

Se podría traducir hoy a uno de los personajes de Calderón de la Barca, el alcalde de Zalamea, cuando dijo: «Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios», y entonces, salvando todas las distancias, podríamos entender un poco mejor el sentido del honor. El patrimonio y la vida, nuestros impuestos y nuestro trabajo. Y el rey, por su parte, lo que los antiguos llamaban el «cuerpo social», la colectividad. Porque siempre ha existido una cierta transposición «inevitable» entre el representante y el representado.

En la actualidad, en un Estado como el nuestro, con forma de monarquía constitucional, la figura del Rey encarna la unidad nacional y soberana, y esa es su legitimidad constitucional. Por eso, ofender a los Reyes es –o debería ser– ofender a la nación misma, a la sociedad entera, a la que representan en su unidad. Pero, sobre todo, es ofender personalmente a los titulares de la Corona española, porque tampoco ellos están obligados a entregar el honor de su propia identidad, pues su honra personal debe estar por encima de todo, como la de cualquier persona, pero con mayor motivo, si cabe, dada su función pública.

El Tribunal de Estrasburgo ha declarado que quemar una foto de los Reyes, en una concentración callejera –públicamente, por tanto– es libertad de expresión, condenando al Reino de España por aplicar su Código Penal y castigar a los autores de esa injuria. Con ello, ese Tribunal pierde su propia legitimidad, por tergiversar el sentido del honor, en este caso de quienes tienen atribuida la dignidad más alta, social y políticamente hablando, que es representar a todos los españoles.

Aceptar acríticamente que eso es libertad de expresión es «comulgar con ruedas de molino». Es ignorar que la libertad de expresión no es absoluta y está supeditada a otras libertades y derechos, como cualquier libertad pública o derecho fundamental, que terminan donde empiezan los de los demás. Pero, curiosamente, esos límites sólo están explicitados constitucionalmente con respecto a la libertad de expresión, cuyo ejercicio se encuentra limitado, especialmente, por «el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia». Frente a quienes tan audaz e impunemente se han conducido con las llamas, bien se podría decir –ahora sí de verdad en el ejercicio de la libertad de expresión y sin ánimo de incitar al odio–, parafraseando a la Reina de Corazones del cuento de «Alicia en el país de las maravillas», «que les corten la cabeza» (obviamente, en sentido figurado, claro). Mal vamos políticamente si esa sentencia no se recurre ante la Gran Sala y, en el caso de que no quepa recurso, peor si no se adoptan las correspondientes medidas de política exterior.

Todos deberíamos entender de veras eso que últimamente, ante las desgracias ajenas, repetimos casi mecánicamente. Y es que todos somos los Reyes. En este caso también, pues a todos nos representan. Además, los titulares de la Corona española merecen el mismo respeto, como mínimo, que cualquier persona.

Isabel María de los Mozos y Touya, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid.

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