Por Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna. Universidad Autónoma de Barcelona (ABC, 17/11/03):
Constituye un tópico, de tan repetido, hablando de Cataluña, referirse al seny catalán. El seny sería una de las características definitorias del carácter catalán, sinónimo de sentido común, de prudencia, de pragmatismo. La verdad es que, históricamente, no han faltado testimonios del presunto seny catalán. Ahí está la Cataluña del reinado de Carlos II, con su constatada voluntad de colaboración en la política económica de la monarquía española. Ahí está la Cataluña de la segunda mitad del siglo XVIII con Antoni de Capmany a la cabeza. Ahí está la Cataluña de la Restauración, de Víctor Balaguer -ministro de Ultramar con Sagasta- o Cambó -ministro de Fomento y Finanzas con Maura-. Ahí está la Cataluña de Vicens en los años cincuenta del siglo XX.
Pero la historia real de una Cataluña dialéctica y posibilista, no puede ni debe hacernos olvidar que Cataluña ha hecho gala muchas veces de una variable caracteriológica, que sería como el contrapunto de la anterior: la rauxa. Su traducción literal sería: determinación irreflexiva, no madurada que, en la práctica, se ha venido utilizando con el sentido de pasión, de violencia abrupta, de volcánica fiebre que lo arrasa todo. Siempre he creído que el tantas veces esgrimido seny ha sido más bien el fruto del aprendizaje que las expresiones periódicas de la rauxa han dejado como sedimento histórico metabolizado por las generaciones que han sufrido las consecuencias de tales accesos de desmesura. El seny de Feliu de la Peña no es sino la derivación de la experiencia revolucionaria y secesionista de la Cataluña de 1640, en la que los catalanes, en la famosa jornada del Corpus de Sangre del 7 de junio de 1640, mataron al virrey y se separaron durante once años y medio de la monarquía de Felipe IV, convirtiéndose en provincia francesa. De aquella experiencia nefasta para Cataluña, que descubrió que el centralismo francés era mucho peor que el de Olivares, nació el seny de la Cataluña de fines del siglo XVII.
Pocos años después, volvió el conflicto, aunque con otra naturaleza. En 1704, en el marco de la guerra de Sucesión, los catalanes decidían mayoritariamente apoyar la candidatura como rey de España del archiduque Carlos frente a la del rey legítimo, según el testamento de Carlos II, Felipe V. Su radicalismo sólo fue comparable a su inconsciencia estratégica, que les llevó a quedarse solos frente a Felipe V y los franceses, con su querido pretendiente a rey, Carlos, desplazado a Viena desde 1711 para ejercer como Emperador y, por lo tanto, sin ni siquiera un candidato a rey ni apoyos efectivos entre los aliados tras el tratado de Utrecht. Sin norte, sólo les quedó el heroísmo de la resistencia final de 1714. La Cataluña de Capmany es el fruto de aquella experiencia que acabó conduciendo a los catalanes hacia metas económicas desarrollistas, aparcando sus sueños reivindicativos.
Luego vino el agitado siglo XIX, con las llamadas bullangues insurreccionales en el marco de lo que se ha llamado la revolución liberal con los toboganes políticos de la dialéctica absolutismo-liberalismo; las guerras carlistas; los bombardeos de Barcelona (uno protagonizado en 1842 por el inicialmente tan querido por Cataluña, general Espartero; el otro, un año más tarde, protagonizado por el propio Prim); la septembrina de 1868 y la Primera República federal, con dos catalanes en la presidencia de la República, Estanislao Figueras y Francisco Pi y Margall. Y la reacción con el seny de los catalanes de la Restauración: la Exposición Universal de Barcelona de 1888; la explosión del ensanche barcelonés; la edad de oro de la industrialización catalana; el modernismo... con las primeras expresiones del catalanismo político pero también con no pocos testimonios de sintonía entre la intelectualidad castellana y la catalana.
Después vino 1898, con la crisis de desilusión de la burguesía catalana en la rentabilidad política y económica de los poderes centrales. Y la rauxa se precipitó en torrente arrasador (la Semana Trágica de 1909, la crisis política, social y militar de 1917, el anarcosindicalismo desatado y el pistolerismo en las calles)... Los antídotos violentos, con la Dictadura de Primo de Rivera como presunta solución, fracasaron y el catorce de abril de 1931, Francesc Macià, como presidente de la Mancomunitat catalana, proclamaba el Estat Català bajo el régimen de una República catalana. El gobierno provisional de la República española envió a tres ministros (dos de ellos eran catalanes, Domingo y D´Olwer) el 17 de abril a Cataluña para negociar. De la negociación salió la marcha atrás de Macià con el acuerdo de formar un gobierno provisional en Cataluña con el nombre de Generalitat y el propósito de redactar un estatuto de autonomía para Cataluña, que sería presentado a las Cortes Constituyentes. En diciembre de 1931, se aprobó la Constitución republicana y el Estatuto catalán se aprobaría en septiembre de 1932, tras no pocas discusiones. En definitiva, la República catalana sólo había durado tres días, después de los cuales su proyecto político fue reconducido por los dirigentes de la República española. Sin embargo, en octubre de 1934 volvería a plantearse el conflicto de nuevo, en el contexto de la discusión sobre la Ley de Contratos de Cultivo. Companys, como presidente de la Generalitat, proclamaba «el Estat Català de la República Federal Espanyola». La cosa acabó como el rosario de la aurora, con una fuerte represión militar. Después vendría el Frente Popular en 1936, el 18 de julio y las consecuencias trágicas de la guerra incivil. Y el lento despegue catalán desde los años cincuenta, con Vicens Vives promoviendo la necesidad de un replanteamiento de la dialéctica Cataluña-Estado.
Rauxa y seny. La historia de Cataluña debería enseñarnos mucho a todos acerca de los pecados de irresponsabilidad y desmesura cometidos en nombre de Cataluña. Y en nombre de España. Porque, ciertamente, el sentido práctico, el famoso seny, esencia del pactismo catalán, no tiene por qué ser privativo de los catalanes. Nadie puede negar la necesidad de ese sentido práctico en los tiempos que vivimos y, de hecho, la Constitución de 1978 es un buen testimonio de las capacidades de nuestro pragmatismo nacional. Pero nunca hay que olvidar los límites de la plasticidad o elasticidad nacional. Esos límites los vivió y los sufrió la generación de Ortega y Azaña en los primeros años de la República. Ortega en las Cortes Constituyentes, el 13 de marzo de 1932, decía: «El problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar». Y Azaña, en sus Memorias, se manifiesta desmesuradamente pragmático: «Los catalanes son nacionalistas. Si no son descaradamente separatistas (y muchos lo son) débese a que no pueden separarse por la fuerza o no les conviene. Puestas así las cosas, el problema consiste en decidir si conviene y es posible resistir e imponerse por la fuerza, en caso necesario, o transigir con moderación buscando una postura en la que podamos estar cómodos. La asimilación de Cataluña es ya imposible, ni por la fuerza ni por la expansión del Estado. Tenerles sojuzgados, ¿de qué sirve? La política de Primo de Rivera condujo a envenenar la cuestión. Exterminar a los catalanes no parece hacedero por muy unitario y por españolista que sea; en tales condiciones, lo prudente es promover un acuerdo que pueda ser principio de una reconciliación problemática. ¿Y qué le hemos de hacer, si hay que dar, por conseguirlo, alguna torsión a los principios jurídicos?». La verdad es que pronto tuvo ocasión (en 1934) de tener amarga conciencia el citado Azaña de los riesgos de la plasticidad y de la «torsión jurídica».
Mientras en Cataluña algunos han esperado las elecciones de la Generalitat, como en la obra de Samuel Beckett se espera al mítico Godot que ha de traer la felicidad históricamente sublimada, convendría, entre tanto desparrame del imaginario político, reivindicar los beneficios históricos del seny catalán frente a la rauxa, del pragmatismo frente al fundamentalismo, pero teniendo bien presentes los límites de la razón práctica sin la cobertura de la razón pura, los riesgos del bricolaje de las «torsiones jurídicas», el inmenso vacío que significa cualquier decisión política que no pase por la lealtad constitucional.