El separatismo canibaliza el Estado del bienestar

Carles Puigdemont , de Junts, y Andoni Ortuzar, del PNV. Europa Press.
Carles Puigdemont , de Junts, y Andoni Ortuzar, del PNV. Europa Press.

Imaginemos un caso ficticio de esos que ponen a prueba la lealtad.

Imaginemos que Marruecos le ofrece al cabo Bueno de los Regulares de Melilla 1.500 euros a cambio de responder a una serie de preguntas sobre el estado de la moral dentro de la guarnición española. Imaginemos que este informa a su cadena de mando, rechaza un dinero que constituiría más de una mensualidad de su salario y cumple su deber como soldado.

Hay muchos "Bueno" en España. Los políticos que dieron su vida en la lucha contra ETA; los guardias civiles que asumen un férreo régimen disciplinario y una magra recompensa económica a cambio de servir a España; los miembros de las fuerzas especiales que dedican su vida, sacrifican a su familia y su propia salud para servir a su país; los sanitarios que trabajaron un sinnúmero de horas no remuneradas con tal de salvar vidas; los policías nacionales que rechazan los sobornos de los narcos de La Línea aún a costa de su propia seguridad personal y la de los suyos.

En duro contraste, el presidente del Gobierno de España decide que la soberanía nacional es consultable a una fracción del país. Que la caja de la Seguridad Social podría ser fragmentada. Que Cataluña podría obtener un privilegio fiscal equivalente al del País Vasco y Navarra. Y todo ello a cambio de un mísero lustro de Gobierno. Cambiar un país por un plato de lentejas.

Si el sentido de un país es la solidaridad entre sus miembros, y si la recaudación de tributos es el mecanismo para alcanzar esa igualdad y construir un país mejor, ¿qué pasará si los impuestos de Cataluña los gestionan únicamente ellos, los más ricos?. ¿Cómo se pagarán pensiones, infraestructuras y servicios sanitarios en el resto de Comunidades?

Vivimos un atentado contra el Estado de bienestar que tanto nos había costado construir. De ahora en adelante nos acercamos al precipicio de las regiones de bienestar -las más ricas- y las del malestar -las más pobres-, a las que se condena a la limosna de Madrid, guillotinando así la tan necesaria solidaridad.

España es un marco, una idea que establece un suelo sobre el que edificar grandes proyectos como el que -pese a los problemas- constituye nuestro Estado "social, democrático y de Derecho". Y lo cierto es que el Estado social peligra ante el egoísmo de los separatismos surgidos en las regiones más ricas.

Peor aún, las medidas de este Gobierno atentan contra la ética profesional y la moral personal más elementales. Si el país en su conjunto, si el suelo sobre el que construimos todo puede ser vendido para mantener el poder cuatro años más, ¿por qué debería el cabo Bueno priorizar su lealtad a España si su presidente es el primero en comerciar con la misma?

¿De qué sirvió arriesgar la vida en el País Vasco si al final los separatistas obtienen sus objetivos a cambio de cuatro años de mal gobierno?

¿Por qué resistir al narcochantaje en La Línea si el presidente es el primero en mercadear -además legalmente- con España?

¿Por qué pagar tributos y contribuir a un Estado social del bienestar en el que mis compatriotas ni creen ni quieren estar, y en el que dicho bienestar es privilegio de los más ricos?

El ejemplo de catadura moral que da Pedro Sánchez -por perfectamente legales que sean sus acciones- no solo es sumamente dañino y desalentador para los servidores públicos. También constituye un torpedo contra la línea de flotación del Estado de bienestar. Del acceso a unos servicios de Salud decentes en todo el territorio nacional, de la aspiración a la igualdad de oportunidades independientemente de la lengua que se hable, y de una presión fiscal homogénea.

Sólo hay una conclusión posible. Tanto los que creemos más como los que creen menos en el Estado de bienestar, o en la necesidad de favorecer o limitar la intervención del sector público, tanto para los que creemos más o menos en la necesidad de servicios públicos sanitarios, policiales, militres o educativos, tenemos el deber de manifestarnos. Y de resistir a este conjunto de decisiones erróneas y dañinas, adoptadas por un Gobierno que sólo se preocupa por perpetuarse en el poder, aunque ello implique fomentar la desigualdad y convertirse no en un partido de progreso, sino en uno de retroceso de todos los principios que decían defender.

En definitiva, la izquierda y la derecha -y sobre todo la primera- debemos salir a la calle para proteger nuestros derechos y nuestro Estado de bienestar.

Yago Rodríguez es analista militar y geopolítico, y director de The Political Room.

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