Quien lanza un órdago debe saber que puede perder. Tan elemental es esta norma que sobre ella descansa el equilibrio del juego: carecería de sentido un juego en el que un jugador pudiera lanzar su órdago desde la seguridad de que, en caso de perderlo, su situación final fuese o bien mejor, o en el peor de los casos igual, que antes de lanzarlo.
Si el juego es de tronos, el miedo a perder, a empeorar la posición de partida, muestra a las claras sus bondades equilibradoras. No es preciso suscribir literalmente las palabras de la bella Cersei Lannister —a saber: "En el juego de tronos, o ganas o mueres"—, mas sí reconocer que es justo, y saludable para la paz social, que quienes sientan la tentación de romperla para lograr sus propósitos sepan que el tiro puede salirles justo por la culata. Sin esa amenaza, si quien lanzara la primera piedra lo hiciera sabiendo que iba a ganar en cualquier circunstancia, viviríamos bajo un cielo constantemente cubierto por un nube de proyectiles. Estaríamos en un sistema morboso cuyas propias reglas de juego fomentarían la agresión incontrolada y sin límite, pues el agresor siempre obtendría un premio.
Algo así sucede en Cataluña. Sorprende la comodidad en la que están instalados quienes lideran el procés. Quien no los conociese podría llegar a pensar que estos líderes son gente embargada de espíritu heroico, podría conjeturar que nos hallamos ante protagonistas de una epopeya dispuestos a arriesgarlo todo, y a perderlo, por cumplir su misión. Sin embargo, la verdad poco tiene que ver con esto: la comodidad y despreocupación en que están instalados quienes arrojan contra el resto de españoles su órdago independentista no procede de su coraje ni de la estoica aceptación de la posibilidad de una derrota con graves consecuencias para sus intereses. Por el contrario, procede del convencimiento de que, una vez resuelto el órdago, en el peor de los casos algo habrán avanzado en su camino hacia la soberanía nacional.
La historia, desde luego, no los anima a cambiar de estrategia; más bien los carga de razones para perseverar en ella: llevan treinta años caminando, pasito a pasito, hacia la plena soberanía, y el Estado español lleva ese mismo tiempo viéndolas venir. En politología, a esa estrategia catalana tengo entendido que se le da el nombre de incrementalismo estratégico; para la española podríamos improvisar el nombre de negligencia continuada.
Si a uno no le enseñan que de sus actos pueden derivarse consecuencias indeseadas, lo que uno aprende es a ser un irresponsable. En Cataluña quienes han aprendido esta lección son legión: la mejor evidencia de que este sistema viciado incita al comportamiento irresponsable es que una parte más que notable de quienes apoyan la secesión de Cataluña del resto de España no persiguen en realidad ese objetivo, sino que se suman al órdago dando por descontado que de él se seguirá una negociación que resultará ineludiblemente beneficiosa para sus intereses. Mejor dicho: más que ante una parte importante, estaríamos ante una parte mayoritaria, y hegemónica, del grueso del independentismo.
A grandes rasgos podríamos aventurar que del casi cincuenta por ciento que ha llegado a apoyar teóricamente la independencia, sólo desearía escogerla en la práctica el menos del 20 por ciento que en las encuestas de la Generalitat declara sentirse "sólo catalán". El 30 por ciento restante entiende el órdago independentista principalmente como una herramienta para presionar al Estado de tal modo que se vea forzado a entablar un diálogo que para evitar la secesión concluya mejorando el encaje de Cataluña en España.
Ese nuevo encaje lo definía con precisión notarial López Burniol en La Vanguardia del pasado 28 de enero: "1) Reconocimiento de la identidad nacional de Catalunya. 2) Competencias identitarias exclusivas. 3) Tope a la aportación al fondo de solidaridad (principio de ordinalidad) y Agencia Tributaria compartida. 4) Participación en la toma de decisión sobre cuestiones de carácter general a través del Senado. 5) Consulta a los catalanes sobre si aceptan estas reformas".
Y esto, que el articulista denomina "la quíntuple demanda catalana" es ciertamente la posición en la que se encuentran el grueso de las "fuerzas vivas" de Cataluña: los restos del ejército de Pujol reconvertidos en milicias de propaganda y agitación del separatismo con el principal objetivo de blindar la hacienda catalana, la justicia catalana, la educación catalana y las políticas culturales catalanas a cualquier tipo de participación, arbitraje o control de la administración española, y todo ello, por cierto, sin dejar de "participar en la toma de decisión sobre cuestiones de carácter general".
Pues bien: si el separatismo mantiene su sonrisa, su comodidad en la amenaza, es porque puede avanzar hacia la independencia sin correr ningún riesgo de retroceso. Su empuje puede, a lo sumo, detenerse, pero ni se contempla la posibilidad de dar marcha atrás. Su impulso centrífugo puede cambiar de intensidad, de tempo, pero no de sentido: no existe impulso centrípeto que lo contrarreste. Los partidos que han gobernado el país desde la Transición y que deberían canalizar esa respuesta tienen serias dificultades para presentar un proyecto en ese sentido, que invierta las tendencias disgregadoras y haga frente a los procesos de independencia. El hecho de que el PSOE no sea un partido de ámbito nacional, sino confederado con el PSC soberano en Cataluña, lo inhabilita, esencialmente, para dar una solución a este problema desde la izquierda; y en todo el espectro de la derecha se arrastra un complejo histórico que le impide dar respuesta al órdago independentista con la objetividad, eficiencia y contundencia precisas.
Así, con las reglas de juego que ellos han escrito, y que el Estado ha sancionado con su falta de respuesta endémica, el establishment catalán que mueve los hilos del independentismo sólo puede ganar: o gana la independencia, para ellos el bien menor, o gana el más deseado encaje a la carta tan bien sintetizado por López Burniol como "la quíntuple demanda catalana".
Quienes tienen la responsabilidad de gobernar España deberían saber que conceder esa quíntuple demanda supondría, del blindaje de fronteras para afuera, alterar el equilibrio territorial español inoculando un principio confederal absolutamente deletéreo para el futuro del conjunto del país, y, del blindaje de fronteras para adentro, condenar a la totalidad de la ciudadanía catalana a vivir encerrada en la cárcel del catalanismo. Sólo cambiando las reglas del juego podría conjurarse este peligro. Sobre el tapete sólo vemos hoy tres juegos: el órdago de los independentistas, las propuestas de concesión y apaciguamiento de la izquierda -a las que parece haberse sumado el PSOE-PSC- y el inmovilismo cada vez más matizado del PP. Pero ni rastro de ninguna propuesta que recoja un sentir ampliamente extendido en la ciudadanía de toda España, incluyendo Cataluña, y ponga sobre la mesa un proyecto de modelo territorial diseñado desde un espíritu contrario a la fragmentación de la soberanía, con un discurso de recuperación de competencias en materias tan sensibles como la educación, la cultura y los medios de comunicación o la seguridad ciudadana.
Las líneas rojas deben borrarse para todos. Los independentistas, en especial ese elevado e influyente porcentaje de independentistas estratégicos, tienen que saber que quien lanza un órdago no sólo puede no ganar, sino también perder lo que ya tenía.
Pedro Gómez Carrizo es presidente de la plataforma Pro Federación Socialista Catalana.